Hacinamiento, estigmatización y coronavirus en cárceles argentinas

La aparición de la pandemia no ha hecho más que dejar al descubierto, una vez más, el hacinamiento y las malas condiciones en las que se encuentran las personas privadas de su libertad. Además de las falencias del Poder Judicial para lograr el avance de las causas y la estigmatización generalizada de quienes se encuentran detenidos y en particular de quienes solicitan la prisión domiciliaria por el cononavirus.

“En los lugares de encierro se vive una situación extrema, donde todos los riesgos son exponenciales debido al hacinamiento que provoca la sobrepoblación crítica, en plazas que no alcanzan ni para la mitad de la población penitenciaria de la provincia de Buenos Aires. No se puede cumplir ni con el distanciamiento social ni con la higiene personal o ambiental básica”, afirman desde la Comisión Provincial por la Memoria respecto a la situación en las cárceles ante el avance del Covid 19.

En este sentido, aclaran que se trata de un problema mundial: “Todos los organismos internacionales con pertinencia en la materia (…) han recomendado como medida paliativa y urgente bajar la población en las cárceles con medidas alternativas a la prisión para el cumplimiento de la pena, libertades o cese de la prisión preventiva, en particular a las personas que son de riesgo por edad o patologías preexistentes. Es decir, aquellas que si se contagian tienen certeza de morir (…). En la Argentina, y en particular, en la provincia de Buenos Aires, el Poder Judicial, mediante distintas acordadas, fallos y resoluciones, ha seguido las recomendaciones de los organismos internacionales, ajustándose a derecho y a valores humanitarios esenciales. Esto ha implicado no solo detener el crecimiento sostenido y acelerado de la población carcelaria, sino ir disminuyendo (aunque lentamente) su número”.

Sin embargo, esta disminución hoy no supera un 5% del total, mientras la sobrepoblación en algunas unidades asciende al 200%, es decir el triple del cupo.

El temor al contagio y la conciencia de que las medidas sanitarias para contener la pandemia son de imposible cumplimiento llevaron a las personas detenidas a iniciar protestas y huelgas de hambre. En los pabellones colectivos que realizaron protestas en los últimos días, como la Unidad 23 de Florencio Varela hay capacidad para 35 personas pero alojan a 140. Esto significa que las medidas básicas para la prevención de la pandemia son impracticables: menos de medio metro cuadrado ocupado por persona, con cuatro canillas de agua para todos, sin jabones ni alcohol en gel o barbijos.

Desde la CPM aclaran que en la mayoría de los casos las protestas han sido pacíficas, y que gran parte de las peticiones se están tramitando en mesas de diálogo en cada una de las unidades penitenciarias: “Cuando las protestas se tornaron violentas, la responsabilidad debe buscarse en un Servicio Penitenciario que eligió reprimir y no dialogar. En la Unidad 23 se expresó de manera trágica: la violencia penitenciaria provocó el fusilamiento con balas de plomo de Federico Rey”, agregaron.

Sistema de encierro colapsado
Las deficiencias en las condiciones de detención es una problemática que se viene debatiendo y denunciando desde antes de la actual emergencia sanitaria, y tienen varias causas y responsables: “Desde la CPM, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, siempre hemos sostenido que el aumento del índice de prisionización no es una buena política de seguridad, pero lamentablemente fue la estrategia que, desde hace 20 años, han seguido los distintos gobiernos. Esto llevó al colapso del sistema de encierro. El Poder Judicial es parte del problema, demorando juicios, sentencias y resoluciones. En la provincia de Buenos Aires, la mitad de las personas detenidas están con prisión preventiva, es decir aún no condenadas por el delito que le imputan, y muchos permanecen así por años. Varias de estas causas son ‘armadas’ por policías que no investigan o que regulan el delito con estas prácticas. En la cárcel la atención de la salud es inexistente o desastrosa, se muere de TBC, VIH o neumonías. Desde hace años que la CPM reclama el pase de la Dirección de Salud Penitenciaria, hoy dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a la órbita del Ministerio de Salud”.

En igual sentido se ha pronunciado la Liga Argentina por los Derechos Humanos: “Venimos de años de políticas de mano dura y populismo punitivo que no resolvieron la llamada inseguridad pero llenaron de pobres las cárceles hasta el límite. Súper población, miseria, condiciones inhumanas por doquier. Ahora las cárceles no solo destruyen la humanidad de los presos sino amenazan a toda la población. Si allí estalla la peste, será un enorme foco infeccioso. Solo los ciegos pueden subestimar el peligro”.

La ignorancia mediatizada que estigmatiza
Respecto a la instalación de la situación carcelaria en los medios de comunicación, la CPM expresó: “Se ha montado una operación espuria que promueve la violencia, desprecia la vida, falsea la realidad y nuevamente trata de promover el desprestigio de quienes defendemos los derechos humanos, inventando una suerte de conspiración maliciosa cuyo objetivo es liberar a ‘delincuentes peligrosos’ que pondrían en riesgo la seguridad de la sociedad toda. Esto es falso. En medio de la pandemia alimentan otros miedos, estigmatizan y deshumanizan.

Sobre este punto también se refirió la abogada Claudia Cesaroni, fundadora del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, quien en su cuenta de twitter afirmó: “Busqué específicamente las estadísticas del sistema federal. La cárcel de Devoto es federal. Lo último que hay es de 2018, bastante reciente (…) Hice un simple relevamiento: ¿Cuántos acusados por homicidios y violaciones hay en un total de, a 2018, 13.358 personas alojadas en cárceles federales? Y digo ‘acusados’, porque de ese total, el 57% todavía no está condenado, así que puede ser inocente. Pues bien: Homicidios dolosos: 781. Delitos contra la integridad sexual: 742 (desde graves a leves, graves, 629). Robos, tentativas de robo, hurtos y tentativas: 5093. Infracción a la ley de drogas: 5358. Conclusión: Dejen de pensar que la cárcel está llena de monstruos asesinos, femicidas y violadores. La cárcel está llena de gente que comete delitos contra la propiedad o que se droga, o que vende cantidades mínimas de estupefacientes como modo de ganarse la vida. ¿Eso me parece bien? No. ¿Me gusta que roben un celular, una casa, un auto? No. ¿Me gusta que vendan droga? No. En la inmensa mayoría de los casos, mandarlos a la cárcel no sirve para nada. Lo que necesitarían es trabajar, o tener un proyecto de vida, o atención médica. Pero esa es otra discusión. Ahora estamos viendo cómo podemos hacer que disminuya el hacinamiento carcelario, que muchas de esas personas se vayan a su casa, porque están en situación de riesgo, o porque ya cumplieron el tiempo de condena necesario para obtener libertad condicional. No somos tarados ni locos quienes trabajamos en estos temas. No nos gusta la violencia, ni el dolor. No queremos que el resto de la sociedad se sienta temerosa o insegura. Solo, conocemos a esas personas que muchos de ustedes ven como monstruos. Y sabemos que no lo son. O, al menos, no lo son la inmensa mayoría de ellos. Algunos, sí, por supuesto, como una parte de la gente que vive en mi barrio es horrible. Hoy, en un intercambio por twitter, un tipo deseó que a mi nieto, que tiene 9 años, ‘lo mate un chorrito’. Yo sé que ninguna de las personas que conocí a lo largo de mi vida en la cárcel, ni las que represento ahora, jamás podrían desearle eso a un ser humano. Dense ustedes la oportunidad de dudarlo, al menos. Y, agrego: que nadie entienda que quienes están condenados por delitos graves carecen de derechos. En mi mundo ideal, que es el mundo de un Estado democrático, TODOS y TODAS tienen derechos, aunque hayan cometido delitos graves. Solo intento explicar que son lxs menos”.

Respuestas concretas
Sobre las medidas a tomar, Cesaroni señaló: “Liberar a gente con condena por el covid, no. Sí enviar a arresto domiciliario a quienes corren riesgo de vida; acelerar los procesos para quienes tienen penas cortas, menores a 3 años, por hechos no violentos. Otorgar libertades condicionales que están a término, es un derecho”.

Desde la Comisión Provincial por la Memoria remarcaron que reducir los riesgos de contagio y difusión del virus dentro de las cárceles es una cuestión de salud pública que involucra a toda la sociedad: “Aun los que desprecian la vida de las personas privadas de su libertad, por ‘delincuentes indeseables’ y declaman su muerte, deberían comprender que si el virus ingresa en estos ámbitos colapsarán todos los servicios de salud y no tendrán capacidad para atender a ellos ni a nadie. Es por ello que sostenemos que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo deben tomar decisiones urgentes para preservar la vida de las personas privadas de libertad, entre ellas, disminuir la población encarcelada”.

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