CGT-UIA: El pacto «viral»

La CGT le dice a los acreedores financieros que se banquen el ajuste de la renegociación de la deuda. Sin embargo acuerda con los empresarios de Argentina que los trabajadores soporten, con recorte salarial, el parate de la actividad. Las ganancias son para los empresarios, las pérdidas hay que  repartirlas con los trabajadores. Esta sería una síntesis de lo que el acuerdo significa.

sindiEl 25 de abril el Consejo Directivo Nacional de la CGT emitió un comunicado de respaldo a la oferta del Gobierno a los acreedores financieros de la Argentina. Afirmó entonces que «la deuda externa no se debe negociar sobre la pobreza de nuestros trabajadores».  Y que «los pobres enfrentan en lucha desigual su pobreza, los ricos deberán ajustar sus ganancias y aceptar las ofertas realizadas».

Peculiar mirada la de principal central obrera (¿obrera?), cuando se la contrasta con la firma del acuerdo que hizo dos días después con la Unión Industrial Argentina – con la venia del ministerio de Trabajo -, en el que aconsejan que los trabajadores suspendidos en el marco del covid-19 puedan ver reducido en un 25% el salario de bolsillo que cobrarían en condiciones laborales normales.

En el texto del documento se establece que «el monto que los empleadores deberán abonar como prestación no remunerativa o las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral en este marco no podrá ser inferior al 75% del salario neto que le hubiere correspondido al trabajador en caso de haber laborado».  Y que sobre ese monto «deberán realizarse la totalidad de los aportes y contribuciones por la ley 23660 (obras sociales) y 23661 (seguro nacional de salud) y el pago de la cuota sindical».

Nótese que habilita a pagar cifras no remunerativas o compensaciones sobre las cuales no se le hacen las retenciones para aportar a la seguridad social (ANSeS) pero también las empresas se libran de pagar sus contribuciones patronales con ese destino.

Así, los acuerdos firmados entre empleados y empleadores que establezcan la suspensión con pago de no menos del 75% pueden homologarse en forma automática. «Solamente en esas condiciones o cuando se establezca un porcentual mayor, la autoridad de aplicación homologará en forma automática los acuerdos que se presenten», detalla el documento.

El acuerdo fue presentado al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y al titular de la cartera de Trabajo, Claudio Moroni. Lleva las firmas de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña; del titular de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló y el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez. Por el lado de la UIA, rubricó el acuerdo su presidente, Miguel Acevedo, y el vice, Daniel Funes de Rioja.

El convenio fue aceptado por la CGT a cambio del compromiso por parte de las empresas de no despedir. Abarca a las compañías forzadas a paralizar sus  actividades debido a las restricciones decretadas por el gobierno durante la cuarentena. Las cláusulas del convenio tendrán validez por 60 días contados desde el 1 de abril.

«Esto lo que hace es generar un piso de ingresos y garantía del empleo», manifestó este martes el secretario general de la CGT, Héctor Daer. El además líder de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentinas (ATSA) aseguró: «Estos acuerdos van a permitir al país la salida (de la crisis). De esto, la economía, la sociedad y el país en general salen con un gran acuerdo político, con todos los actores sociales. Es un buen puntapié, porque genera certidumbre. Y agregó: «La salida de la pandemia va a ser también con muchísimo esfuerzo».

«La otra opción es que las empresas salgan a despedir gente», dijo por su lado Andrés Rodríguez, secretario Adjunto de la central sindical para defender el acuerdo firmado.

A partir de la firma, varios gremios enrolados en la CGT comenzaron a acordar recortes salariales.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), dirigida por Antonio Caló, pactó con 3 de las 5 cámaras del sector empresarial el pago del 70% del salario bruto, que representa el 86% del neto, para los empleados que estén suspendidos. El entendimiento mejora el piso fijado por la CGT y se extenderá por el lapso de cuatro meses.

No lo rubricaron aún las Pymes del sector.  Hasta el momento sólo acordaron con la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) y Federación de Cámaras Industriales De Artefactos Para El Hogar (FEDEHOGAR).

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), dirigida por Armando Cavalieri  y las tres cámaras empresarias del sector – Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca)- acordaron  una baja salarial del 25 % en el marco de restricciones por el aislamiento social.  Los empresarios se comprometieron a continuar ingresando los aportes y contribuciones para la obra social del gremio (Osecac) y la cuota sindical. Así uno de los gremios más numerosos se garantiza seguir recibiendo estos fondos.

«La reducción salarial es, en este momento, necesaria para evitar despidos masivos», dijo por su parte el secretario general de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio)

Pedro Milla se jactó de haber podido lograr que en lugar de una reducción salarial del 70%, como proponían las empresas, solo le quiten un 40% a unos 25.000 trabajadores suspendidos. “Es para evitar despidos masivos», aseguró.

Otra de las centrales sindicales, CTA Autónoma, manifestó su “absoluto rechazo» y dijo que ese pacto «tiende a colocar al trabajador en estado de indefensión» poniéndolos en situación desventajosa frente a futuras negociaciones colectivas.

La Central sostuvo que con el acuerdo «se pretende universalizar una quita del 25% del salario de los trabajadores, sumado a un sistema de subvenciones, donde sectores de empresas concentradas transfieren el pago de salarios al erario público».

«De esta forma, solo se hacen cargo de una pequeña parte con un costo insignificante en función de sus ingresos y ganancias habituales. El acuerdo pone en el mismo plano a las pequeñas y medianas empresas que verdaderamente requieren el apoyo del Estado», agregó.

Como la CGT no los representa, aseguraron que están «en libertad de acción para reclamar lo que los trabajadores resuelvan», advirtiendo al gobierno nacional que la emergencia sanitaria por el coronavirus «no es motivo suficiente como para anular la consulta y la participación de otras entidades de trabajadores».

También  el Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (SECASFPI), que conduce Carlos Ortega, rechazó el acuerdo suscripto entre la CGT y la UIA.   “Nuestra Organización sindical que está regida por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), rechaza totalmente cualquier rebaja o descuento salarial, en la modalidad que se quiera imponer. Desde nuestra organización gremial exigimos el pago completo de salarios comprendido por la Ley de Contrato de Trabajo”, remarcó.

«Amigos y compañeros esto no es lo ideal pero es lo posible»,  cierra el comunicado que firma  el Consejo Directivo Nacional de la Asociación Obrera Textil de la República Argentina (AOT).  «Ni los trabajadores ni los empresarios tienen la culpa de lo que está pasando y tenemos que repartir las pérdidas», afirmó Hugo Benitez,  su titular, luego del acuerdo logrado con la Federación de Industrias Textiles (FITA) de pagar sumas no remunerativas para los trabajadores eximidos de realizar sus tareas.

Las ganancias son para los empresarios, las pérdidas hay que  repartirlas con los trabajadores. Esta sería una síntesis de lo que el acuerdo significa.

Encima las empresas recibirán como subsidio del Estado el 50 % de los salarios de bolsillo de sus trabajadores, la postergación para el pago de las contribuciones patronales a la seguridad social o su posible reducción en un 95 %.

Volviendo a lo que la CGT manifestó ante la propuesta del gobierno para renegociar parte de la deuda – «los pobres enfrentan en lucha desigual su pobreza, los ricos deberán ajustar sus ganancias y aceptar las ofertas realizadas»- nos queda claro que “la oferta” para la más numerosa de las centrales sindicales de Argentina  no se escribe hacia el capitalismo de “adentro” como hacia el capitalismo de “afuera”.

Mientras el impuesto por única vez a las grandes fortunas camina lento, la rebaja salarial ya está en marcha.

A dos días del 1 de mayo, en el que se reivindica la lucha de los trabajadores y trabajadoras por sus derechos, la burocracia sindical homenajea al capital, acordando recortes a esos derechos.