VOCES POR SANTIAGO

Durante la movilización de este 1º de agosto, a dos años de la desaparición  forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, la RNMA realizó una cobertura en Plaza de Mayo donde se dieron cita diferentes organizaciones sociales y de Derechos Humanos. Compartimos una síntesis de los testimonios recogidos durante la marcha.

 

 

 

Verónica Heredia abogada de familia Maldonado: “Los medios hegemónicos ayudan a instalar esta versión que Santiago se ahogó y alimentan la falta de reflexión de un sector de la población”

 

 

El primero de agosto del 2017 aparece Santiago, pero no sabemos cuándo falleció. Sabemos que su cuerpo fue encontrado el 17 de octubre, pero no sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde falleció. Tampoco que pasó desde el 1 de agosto hasta el 17 de octubre con él. 

Nosotros apelamos al cierre de la causa que forzadamente el juez Lleral dispuso el año pasado y aún la cámara de Comodoro no resolvió. Con lo cual su decisión no está legalmente amparada, porque no hay ninguna norma del código procesal penal que los habilite a tener seis meses sin resolución o una decisión, pero además no será legítima porque será dispuesta en el marco de las elecciones y una vez más la causa de Santiago tendrá una proyección electoral no pedida ni querida por nosotros, sino por los jueces.

El juez afirma que Santiago ingresó voluntariamente a las aguas del rio Chubut y allí cayó en un pozo donde la muerte lo esperaba. Pero en un párrafo anterior, reconoce que Santiago venía corriendo escapando de la Gendarmería y había más de 130 gendarmes. Entonces es un absurdo decir que ingresa voluntariamente a las aguas heladas del río Chubut cuando reconoce que venía huyendo de la gendarmería.

Estas y otras cuestiones, como por ejemplo la autopsia afirman que el estado en el que se encontraba el cuerpo de Santiago era producto de una crioconservación artificial y natural. Esta crioconservación es imposible que se realice porque para que se produzcan estas condiciones debe haber temperaturas de  – 80°, temperatura que el río Chubut nunca tiene.

Asimismo fueron borradas las filmaciones, porque se borraron. Otranto dió la orden de despejar la ruta, y estaba establecido que debía ser filmado todo el procedimiento, desde el primer minuto. Esta sería la única prueba que tienen las fuerzas de seguridad que su accionar fue legítimo, es decir cuando está todo filmado. Ellos mismos borraron 8 minutos, que es el momento en el que están al lado del río, el cual sería el momento cuando Santiago ingresa al rio voluntariamente y nadie lo ve, como dice el juez.

El proceso judicial sirvió para encubrir y tapar y concluir tal como lo hizo el juez Lleral. No pasó nada. Porque si desde el primer momento a quien debe investigar se lo llama por teléfono para decirle: acomodá las cosas que te vamos a investigar. Cualquiera con sentido común, si la persona tiene algo que ocultar,  tiene todo el tiempo para hacerlo. Esto fue lo que hizo el juez Otranto. Llamó el 3 de agosto a Nocetti el Jefe de Gabinete para decirle que iban a ir a peritar las camionetas y avisarle que acomoden todos los automóviles que se utilizaron el 1 de agosto. Con lo cual, cuando se llegó  cualquier resultado de esas camionetas ya no es creíble, es sospechoso.

Hay gente, un sector de la población que quiere creer en los medios hegemónicos. No hay nada que uno pueda hacer para modificar eso. Lo vemos todos los días. Gente que dice: si estoy peor que antes, no como, no tengo luz. Esa gente a quienes la propia realidad los está atravesando, no genera un momento de reflexión para modificar lo que ya está creyendo y quiere seguir creyendo, ¡es imposible! Los medios hegemónicos ayudan a instalar esta versión que Santiago se ahogó y alimentan la falta de reflexión de un sector de la población. Contra eso, seguiremos denunciando y demostrando con hecho y con pruebas que es mentira.

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Mauricio Rojas de la APDH: “ Planteamos la hipótesis como probabilidad, que hubo una organización de un plan de escarmiento a los mapuche que tuvo como consecuencia la muerte de dos personas”

 

 

 

Hace poco el organismo denunció a la ministra de seguridad Patricia Bullrich por la presunción de que existió un plan orquestado desde las altas esferas cuyo resultado fue la muerte de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel.

«Pedimos a la Justicia que se investigue y esa causa está en trámite. El fiscal Piccardi que lleva adelante la instrucción está investigando todos los elementos que nosotros consideramos que hay que analizar. Planteamos varias situaciones que aisladamente no dan esa lectura, pero cuando las analizamos en conjunto claramente uno puede entender que existió un plan de amedrentamiento y de castigar a la comunidad mapuche sin mirar que las consecuencias podía ser la muerte de personas. De hecho, uno de los argumentos que nosotros planteamos  es que lo primero que hizo Bullrich en el ministerio fue modificar el protocolo de la protesta social donde modificó dos herramientas: introduce la flagrancia que no estaba en el protocolo anterior y elimina del protocolo de actuación la prohibición del uso de armas de fuego. Como consecuencia de esas modificaciones tenemos la muerte de Santiago Maldonado por el supuesto uso de flagrancia y la de Rafael Nahuel por la prohibición de uso de armas de fuego», detalló a la RNMA.

Consultado sobre la legalidad de la represión en el del Lof Cushamen  afirmó: “Para nosotros no hay legalidad. Uno de los puntos que la APDH siempre planteó es que hay que investigar la represión de ese operativo. Ellos ingresan sin orden del juez. Argumentan la supuesta flagrancia que es la intervención ante un delito inmediato y con la necesidad urgente de intervenir ante ese delito. Pero no había ninguno de los dos elementos. Estaban bajo la orden de un juez y debieron preguntar al juez cómo intervenir. Además en el expediente encontramos que el día anterior hubo un grado de planificación del operativo y la flagrancia es algo imprevisto”.

Luego detalló cómo fue la participación del Ministerio de Seguridad y la presencia de Nocetti el 31 de julio de ese año en Bariloche en una reunión del Comando Patagónico Sur para coordinar la represión a escala patagónica contra las comunidades mapuche. Respecto a la coordinación sobre los carabineros de Chile comentó que es una investigación que está abierta en ese país.

Con relación al papel de los medios, dijo: “Desde el minuto uno, hubo una campaña de desinformación .Las hipótesis fueron claramente direccionadas. Había  una campaña para mostrar que Santiago no estaba en Argentina y sobre eso se montó una gran campaña con medios funcionales a esa estrategia”.

«La responsabilidad política es de la Ministra de Seguridad, es indudable, pero desde la APDH se le pide a la Justicia que avance más. Planteamos la hipótesis como probabilidad, que hubo una organización de un plan de escarmiento a los mapuche que tuvo como consecuencia la muerte de dos personas y ello implicaría una imputación penal muy grave.  Lo enmarcamos como homicidio agravado.»

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Carlos «sueco» Lordkipanidse de EMVyJ: “Las desapariciones forzadas en los gobiernos post dictatoriales son una metodología, una herramienta del sistema”.

 

 

 

Este pueblo a pesar de la dictadura supo salir a la calle durante 40 años para conseguir justicia. Así fue en el caso de Santiago, Julio López, Luciano Arruga, somos un pueblo acostumbrado a salir a la calle a reclamar por sus compañeros. Si la pretensión del gobierno es seguir sometiendo esto a la mentira, la respuesta es la movilización. Que se vayan enterando que aquí seguiremos reclamando por Santiago y todos los nuestros.

Las mentiras de los medios que Santiago se ahogó es una provocación. Yo recuerdo por televisión a los buzos tácticos investigando el lugar donde ya habían pasado cuatro veces antes, iban arrodillados en el río, porque eso no tiene profundidad. Buzos tácticos ¡una ridiculez absoluta!

Todos tenemos una familia y seguramente algún familiar fallecido. Todos sabemos lo que significa un velorio. Un velorio no dura más de 48 horas porque el cuerpo se descompone y estos pretenden hacernos creer que el cuerpo de Santiago estuvo 54 días en el agua y lo sacaron como si recién hubiera entrado. ¡Asi que se dejen de decir pavadas!

Las desapariciones forzadas en los gobiernos post dictatoriales son una metodología, una herramienta del sistema. Son formas de amedrentar a la población, la herramienta más efectiva. Ya que si sos activista y luchás por una causa justa lo que te espera es la desaparición, y en el mejor de los casos que tu cuerpo aparezca después. Recordemos que durante la dictadura todos los cuerpos desaparecieron, con el claro mensaje de asustar a la población.

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María del Carmen Verdú de CORREPI: «Caracterizamos la desaparición forzada de Santiago hace dos años como el punto de inicio de lo que iba a ser un franco estado de excepción, instalado en la Argentina en materia de garantías, derechos individuales y libertades democráticas

 

 

Si Santiago se ahogó o no, no modifica absolutamente nada, porque acá de lo que estamos hablando es de una persona que en el marco de un operativo represivo de una fuerza de seguridad, primero desaparece y luego de 78 días aparece su cuerpo con señales de asfixia por inmersión, es decir, ahogado. Ese es un dato de la realidad pero que no modifica todo lo anterior, el hecho de haber sido encontrado en un lugar que había sido tres veces rastrillado y contrariando todas las leyes de la física aguas arriba, no aguas abajo. Entonces eso es lo que nosotros queremos que se investigue y saber efectivamente que pasó. El ahogamiento, la muerte por inmersión es el mecanismo final de la muerte. Un torturado con submarino mojado, también muere por ahogamiento. Es el mismo mecanismo que con variantes, adaptaciones, siempre vemos cuando denunciamos la responsabilidad estatal. Yo también pasé 20 años de mi vida evitando discutir sobre el eje de la causa de Walter Bulacio, por dar otro ejemplo, de si él tenía o no tenía un aneurisma. Lo cierto fue que murió cagado a palos en una comisaría.

El caso de Santiago es probablemente el episodio, de todos los muchos casos represivos a lo largo de estos años, que mejor ilustra cómo se ha manejado el gobierno nacional y todos sus socios provinciales. Desde el primer momento, del minuto cero lo primero que hizo el gobierno fue decir que Santiago no estaba en el lugar. Hubo que demostrarlo, encontrar las fotos, los testimonios. Después nos vinieron con una catarata de información falsa de testimonios que luego se incorporaron fraudulentamente a la causa. Testimonio guionados, por ejemplo el matrimonio que lo había llevado al sur. Los que lo habían visto en Entre Ríos, la peluquería de San Luis, el pueblo donde todos se parecían a Santiago, una cantidad de información falsa, cuyo único objetivo era meter “carne podrida” y de esa manera impedir el avance de la investigación, que de hecho lo lograron.

Llegar a una situación apelando a todas las mentiras con una instrucción, donde la gendarmería tuvo más facultades de intervención en la causa que la propia familia de Santiago y el resto de las querellas, que el juez Lleral consagrara la impunidad con el cierre de la investigación, ratificado luego por la cámara, situación contra la que la familia de Santiago y el resto de las querellas siguen batallando y que por eso hoy es una de las consignas centrales de esta movilización.

Nosotros y nosotras caracterizamos la desaparición forzada de Santiago hace dos años como el punto de inicio de lo que iba a ser un franco estado de excepción, instalado en la Argentina en materia de garantías, derechos individuales y libertades democráticas que se fue ratificando y ampliando en el transcurso de los meses siguientes, con el fusilamiento de Rafael Nahuel, con la doctrina Chocobar; con la Resolución 958 del año pasado habilitando el uso de armas de fuego para las fuerzas federales contra personas desarmadas o el Programa Restituir que fue un intento de cooptar a nuestro pibes de los barrios en el Servicio Cívico Voluntario en Valores, ¡ni más ni menos con Gendarmería!

Una de las diferencias fundamentales en la forma de administrar la política represiva estatal del gobierno de Cambiemos es la forma que lo presentan hacia afuera. El gatillo fácil, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias, la tortura sistemática en lugares de detención son políticas de estado desde que el mundo es mundo. Ahora, ningún gobierno hasta hoy en la República Argentina lo había dicho por boca de una ministra de seguridad, un presidente, una vicepresidenta, un jefe de gabinete, como lo ha hecho sistemáticamente el gobierno de Cambiemos, en particular en estos dos últimos años, por eso el estado de excepción, no sólo reconociéndolo sino también propagandizándolo como política de gobierno. A partir de fines del año pasado, todavía no se había lanzado oficialmente la campaña electoral, pero ya era evidente el inicio del tiempo vinculado a las elecciones, el gobierno provincial y sus aliados provinciales impedidos de demostrar una carta ganadora en cualquier otro ámbito de su gestión optaron por usar el punitivismo extremo, el “manodurismo” demagógico como propaganda electoral. Por eso hoy vemos, por ejemplo una campaña donde el Servicio Cívico militar en Gendarmería forma parte de este voto bala en una mano y voto cárcel en la otra.

Como candidata del Frente de Izquierda Unidad, que integro desde la Corriente de izquierda Poder Popular rechazo cualquier instancia en la que vinculemos a cualquier fuerza de seguridad, y especialmente a la gendarmería. A nuestro pibes y pibas les decimos “no cambies la visera por la gorra, no te conviertas en perro guardián de tu propia clase, de tus compañeros de la cuadra”. Frente al aparato estatal, queremos que a nuestros chicos y chicas los eduquen las trabajadoras docentes.

 

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Cobertura fotográfica RNMA