Daniel Yorio, la cara de la UNC al servicio de los intereses de lxs de arriba

En las causas contra Porta Hnos. y CORMECOR la Universidad Nacional de Córdoba aportó su “saber técnico” en complicidad con los intereses de quienes contaminan, enferman y matan. El próximo martes 26 de septiembre habrá un Santanazo en la Ciudad Universitaria en repudió por el aval al Informe de Impacto Ambiental que Yorio firmó en nombre de la UNC.  

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 El ingeniero químico Daniel Yorio, en representación de la Universidad Nacional de Córdoba, ocupó la voz que la Justicia pidió a dicha institución para que opinara sobre las objeciones al Estudio de Impacto Ambiental para la instalación del megabasural CORMECOR, junto al Ing. Macaño de la UTN. Yorio también fue el perito oficial en la pericia ambiental con el objeto de determinar posibles contaminantes, en el marco de la denuncia realizada por vecinxs de barrio San Antonio por contaminación contra la Empresa Porta Hnos. En ambos casos, los intereses particulares, lxs tecnicismos y sellos universitarios desplazaron a la ética profesional y la imparcialidad. En el Enredando las mañanas conversamos con lxs protagonistas para entender la gramática desde la que lxs poderosxs recurren a la legitimidad de la Universidad para “limpiarse”.

Yorio y la UNC en el Caso Porta Hnos.

Hace un tiempo atrás, lxs vecinos de barrio san Antonio presentaron una denuncia por contaminación ambiental contra la empresa Porta Hnos en la Justicia Provincial, por la producción de etanol. Dicha denuncia recayó en manos del fiscal provincial José Mana, quien encomendó al Centro de Vinculación de Tecnología Química Industrial (CeTeQuI), de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la UNC, una pericia ambiental con el objeto de determinar posibles contaminantes en efluentes líquidos y gaseosos en el entorno del barrio. La realización de dicha pericia estuvo a cargo del ingeniero químico Daniel Yorio.

El informe de Yorio desvinculando a la empresa de los contaminantes encontrados en el barrio valió para el archivo de la causa, y echó por tierra la esperanza de que la Justicia Provincial tomara medidas para velar por la garantía del Derecho a la Salud y un Ambiente Sano. Casi tres años más les tomó a lxs vecinxs ser escuchadxs a través de un recurso de amparo ambiental, esta vez en la Justicia Federal. Hoy, a más de un mes de su presentación, siguen a la espera del cese de la producción de etanol que ha desatado la emergencia sanitaria y ambiental que atraviesa la cotidianidad de la zona sur de la ciudad de Córdoba.

Para recordar la actuación de Yorio conversamos para el Enredando las mañanas con el Ing. Químico Marcos Tomasoni, quien fue el perito de parte por lxs vecinxs de barrio San Antonio. Tomasoni nos explica que en el año 2014 hubieron dos instancias de peritaje: una en junio y otra en octubre. En la primera, estuvieron lxs peritos de la empresa, lxs oficiales coordinados por el Ingeniero Yorio y miembros de la UNC, y él. Recuerda Marcos que: “hicimos un muestreo del aire-ambiente en cuatro puntos. Un muestreo que el día que se realizó, era un día muy calmo, el muestreo empezó a eso de las 9 o 10  de la mañana y terminó a las 4 de la tarde. Fue un muestreo con condiciones de aire-ambiente muy calmas, un día despejado, prácticamente no había viento, y se podía respirar un aire bastante limpio. Bastante tranquilo para lo que lxs vecinxs venían viviendo o vienen viviendo todavía. Por esas razones nosotrxs rechazamos esa primer pericia”, expresa el entrevistado.

Explica el ingeniero que “no estaban dadas las condiciones para muestrear en el caso más desfavorable”, y que eso era una de las condiciones que le habían pedido al fiscal para la pericia. La otra condición era que fuera en reversión térmica: “que es una condición atmosférica por la cual todo lo que sea arrojado al aire en ese momento no pueda subir ni bajar, que es un fenómeno que se da siempre antes que salga el sol, entre las 6 y las 9 de mañana, en los días, sobre todo, fríos, y entre las 9 y 12 de la noche”. No obstante -aclara- las muestras se tomaron y fueron analizadas.

El Fiscal Mana autorizó una segunda instancia de toma de muestras de aire un día que lxs vecinxs pidieran. Se realizó una noche de octubre, relata Tomasoni que, según quienes viven en San Antonio, eran “las condiciones que ellxs siempre venían denunciando”.

Los resultados y las interpretaciones: la gran Yorio

Tomasoni expresa que una vez realizadas las dos pericias, “el ingeniero Yorio convocó a lxs peritos de parte para dar por cerrado el peritaje”. En ese momento, recuerda que “nos hace firmar el documento que habían elaborado ellos como final del peritaje”. Y agrega que ahí le expresó a Yorio que “no había leído el informe y que no había tenido acceso a los resultados del laboratorio”. A lo cual el perito oficial le indica que deben firmar el final del peritaje, pero que luego él podría acceder a los resultados de laboratorio y hacer su dictamen.

Pero esa firma no resultó una mera formalidad sino que -expresa Tomasoni-: “el fiscal Mana toma mi firma como una afirmación, como un acuerdo con ese documento. Por la cual, Yorio y todo su equipo despegaba a la empresa  de la relación causa- efecto de los contaminantes que habíamos encontrado. Yo de esto me enteré mucho después”.

Pero lo escandaloso de la actuación de Yorio no queda ahí. Cuando el ingeniero Tomasoni accede a los datos y los analiza encuentra: “en el primer muestreo había salido formaldehído en concentraciones 1200 veces por encima de lo que dice la Ley de Residuos Peligrosos, en el decreto 831, había tolueno y xileno”. Como en ese primer muestreo midieron aire o calidad de gases de uno de los siete fermentadores de la empresa y en uno de los silos de almacenamiento de la materia prima, recuerda Tomasoni que: “en esos dos puntos, tanto en el silo, como en los gases del fermentador, encontramos que apareció hexano en concentraciones altísimas, apareció tolueno y xileno”.

De acuerdo al diseño de esta primer muestra, explica Tomasoni, los resultados fundamentan que “si lo que muestreamos afuera y lo que muestreamos adentro es lo mismo, como mínimo, hay una relación de la empresa con esas sustancias”. No obstante, el análisis de los datos por parte del perito oficial, Ingeniero Yorio, tomó otro rumbo: “como adentro de los fermentadores había tolueno, xileno y hexano, es impensado que esto sea de la empresa, sino que la empresa está contaminada también, por algo de afuera”, recuerda el entrevistado. A lo cual, afirma es “cuanto menos una burla o una falta de respeto al diseño del muestreo”. Ya que si el diseño del muestreo “constó de medir dentro de los equipos y el aire- ambiente para encontrar una relación causal, si en esos dos puntos la sustancia existe, cuanto menos el diseño nos sugiere la relación. Si las sustancias se encontraron en los dos puntos, y eso me da pie a creer que la empresa no tiene nada que ver con esas contaminantes, debería hacer otro diseño de muestreo y no el que hicimos. Entonces, cuanto menos, o el diseño fue mal hecho, o lo que se encontró adentro y afuera denuncia la relación causal de la empresa con estas sustancias”, explica Tomasoni.

En el segundo muestreo del aire- ambiente se encontró metanol, y otros hidrocarburos que también son peligros y están caratulados por la Ley de Residuos Peligrosos. Pero en esta instancia el problema no radicó en qué permiten interpretar los datos sino cuáles son los datos. Tomasoni explica que “lo que nosotrxs denunciamos, fue que el laboratorio pública las muestras, es decir que anuncia los valores de concentración, con una medida ‘mg’. Por lo cual nosotros consideramos que eran miligramos, porque la ‘m’, en el sistema métrico legal, es miligramo. Y después los peritos oficiales nos dijeron que esa unidad era ‘microgramo’, con lo cual el valor se diluye mil veces”. Con dicha disolución, los valores que se encontraron no evaluarían como concentraciones peligrosas. Lo curioso es que un laboratorio de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, en una pericia oficial para la Justicia de Córdoba, no utilice el Sistema Métrico Legal que define al microgramo como “ug”. A pesar de que se le pidió al Fiscal Mana que interviniera los equipos o que entrevistara al personal que procesó los datos para aclarar la situación, nada sucedió.

Explica Tomasoni que en este marco, el informe de lxs peritos oficiales, encabezados por el Ingeniero Yorio, desvinculan a la empresa al afirmar que: “no es una característica de esa empresa producir esos solventes que se encontraron, producir tolueno, xilenos”. Y para el caso del formaldehído, lxs peritos oficiales afirmaron que: “como las concentraciones en el aire eran tan altas de formaldehído, no podía ser parte de la empresa porque estaría demostrando que la empresa está fuera de punto. (…) como la concentración en el aire fue tan alta, ellos desvinculan a la empresa de  esa sustancia, que claramente es de ellos”.

Frente a esta situación, recuerda Tomasoni que denunció en su dictamen que “todo lo que se encontró en la pericia, por fuera de la Ley de Residuos Peligrosos, los peritos oficiales lo desrelacionan de la empresa con fundamentos de partes, que no tienen nada que ver con una pericia. La pericia se diseñó midiendo el aire, y midiendo dentro de la empresa. Se encontró afuera, en el aire, y adentro de la empresa lo mismo, y aún así, no sirvió como peso para que el Fiscal Mana determinara la peligrosidad o relacionara de forma causal a esos contaminantes con la producción de la planta. Es algo de lo más raro, deberíamos haber hecho otra pericia, tal como se diseño, era para evaluar lo que se evaluó”.

Tras dicha pericia, el fiscal Mana archivó la causa, y se cerró la esperanza de resolución y justicia en los fueros de Córdoba para lxs vecinxs afectadxs por la contaminación de Porta Hnos.

Yorio y la UNC en el Caso CORMECOR

En el marco de la causa que tramita a los tres amparos contra el megabasural de Cormecor en cercanías de Villa Parque Santa Ana, por presión de los intendentes socios de Cormecor S.A., el nuevo tribunal desestimó realizar peritajes como exigen lxs vecinxs y solicitó a la UNC que opiné sobre las objeciones a la instalación. La causa toma los recursos de amparo ambiental presentados por 450 vecinxs de Villa Parque Santa Ana, el de la Municipalidad de Villa Parque Santa Ana, y el que fue presentado por vecinxs colindantes al predio de la zona rural Altos del Durazno.

Recordemos, se trata del tercer basural más grande de Sudamérica, impulsado por el municipio de Córdoba, nueve intendencias de su área metropolitana y el Surrbac (sindicato de recolectores de basura) asociados en la corporación Cormecor S.A.. Allí se depositaría la basura de Córdoba y toda su zona metropolitana -alrededor de 40 localidades- durante al menos 30 años. Lxs vecinxs del departamento Santa María vienen planteando que el predio no es apto por ser inundable y estar rodeado de población, y que existen alternativas al tratamiento de la basura más sustentables. Además, sostienen un bloqueo en donde se instalaría el basural, próximo a cumplir un año.  

A principios de agosto el vicerrector de la UNC, Pedro Yanzi Ferreira, había reenviado el pedido de la justicia a la UTN y al Departamento de Química Industrial de la Facultad de Ciencias Exactas, para que sean dichas dependencias las que realizaran el informe de posicionamiento. Así, Yanzi, desestimaba la diversidad de facultades, institutos y grupos de investigación que podrían analizar ese pedido. Y enviaron el pedido para que lo respondieran personas afines a Cormecor S.A., y en particular, al Secretario de Ambiente de la provincia, Javier Britch; quien ha sido cuestionado en este proceso por haber otorgado de manera indebida Licencia Ambiental a Cormecor S.A.

Finalmente, a mediados de septiembre se conoció el informe presentado a la justicia firmado por Ing. Héctor Macaño (Departamento de Ingeniería Química de la UTN) y el Ing. Daniel Yorio (Departamento de Química Industrial de la FCEFN-UNC). El Ing. Macaño es el Coordinador General del CIQA, jefe de un equipo técnico que integra el Ing. Javier Britch, Secretario de Ambiente de la Provincia cuestionado en este proceso judicial. El CIQA fue el instituto responsable de realizar los análisis del agua contaminada por Taym (la planta de tratamiento de residuos peligrosos) tras su inundación, desborde y desagüe en el canal Los Molinos que aprovisiona de agua a la ciudad de Córdoba, y concluyó que la misma estaba en “perfectas condiciones”.

Para conversar sobre la actuación del Ing. Yorio y su par de la UTN, Ing. Macaño, desde el Enredando las mañanas nos contactamos con Eliana de Vecinxs Autoconvocadxs Santa María Sin Basura que nos comenta que cuando en mayo el Tribunal Superior de Justicia dejó en firme la medida cautelar que impide a CORMECOR iniciar obras en el predio, también ordenó celeridad en la resolución del caso. Allí se unificaron las causas y se nombró a un nuevo tribunal. Recuerda Eliana que antes de la unificación en una sola causa de los tres amparos “habíamos solicitado una serie de pericias que habían sido aprobadas por  el tribunal del momento”. Pero a partir de la unificación de las causas, y  la conformación de un nuevo tribunal: “ellos deciden, arbitrariamente, que no van a hacer las pericias, sino que van a pedir a la Universidad que se expida sobre todos los puntos presentados por los demandantes, este pedido va al Rector Juri”, expresa la entrevistada.

Eliana explica que cuando pudieron acceder al informe se encontraron “con el sello de la universidad, pero sin que haya pasado por el Consejo Superior, estos dos Ingenieros firman diciendo que ninguno de los reclamos de lxs vecinxs puede ser tenido en cuenta”.

Eliana caracteriza que es una “operación infame, donde se involucra el prestigio de la universidad, para darle de alguna manera autoridad a estos dos sujetos. Para que se expidan en nombre de semejante institución”. Pero además de la falta de ética profesional, la vecina de Santa Ana recalca la pobreza del informe que elaboraron: “absolutamente vago, donde van refutando todos los puntos de la demanda que nosotrxs realizamos, pero de una manera totalmente infundada. Además ellos son ingenieros y se arrogan supuesta capacidad para opinar sobre cuestiones legales, sobre cuestiones médicas, sobre cuestiones que tiene que ver con la participación ciudadana. Y con la nefasta metodología con la que ocultaron la información, de hecho, a la población”.

Eliana detalla que incluso dentro de la Facultad de Ciencias Exactas podrían haber consultado a biólogos, o las cátedras especialistas en Ambiente, pero no. Expresa: “acá esta respondiendo una sola persona que tiene un antecedente sumamente dudoso,  y tampoco tiene fundamento técnico”. La entrevistada pone como ejemplo que el informe en el primer punto plantea la cercanía de la localidad de Villa Parque Santa Ana, que está a menos de un kilómetro del predio y eso es violatorio a las normativas nacionales e internacionales. Eliana explica que los ingenieros evaden la respuesta, y apelan a que el predio se encuentra dentro de la zona baja que el ISEA (Instituto Superior de Estudios Ambientales de la UNC) habría definido como apta en un informe “súper” preliminar e inconcluso.

Explica Eliana que de este modo “evaden la respuesta y no ofrecen los análisis técnicos debidos” y que están en condiciones de “rebatir punto por punto” el informe de los ingenieros. Para ello, plantea otro ejemplo: en relación la inundabilidad del predio en el informe expresan los ingenieros que “el predio reaccionó como estaba previsto, y que eso se demostró el 28 de marzo. Miren la barbaridad que dicen. O sea, que ellos habían previsto que Taym se iba inundar, que el predio que eligieron se iba inundar de tal manera que se iban a romper los taludes como se rompieron, y que el agua iba a rebasar las alcantarillas, e iba a cortar la ruta 36. Dicen cosas absurdas”.

Eliana concluye que “la operación es tan evidente que no podemos creer que nos quieran hacer pasar como legítimo este proceso totalmente viciado, corrupto.

En este marco, el próximo martes 26 de Septiembre a las 16 hs en la Universidad Nacional de Córdoba concentraran lxs vecinxs de zona sur frente al Rectorado (Baterías D) para exigir a las autoridades de la Universidad que expliciten su no aval al informe presentado por los ingenieros Yorio (UNC) y Macaño (UTN)