La condena a Barreiro y el fin de una impunidad que no puede repetirse

Abril de 1987 – Semana Santa

– Mayor Barreiro, ¿por qué esto?

– Mire, en mi opinión estamos atravesando por una etapa crítica para la vida del ejército. Yo veo que estamos siendo conducidos inexorablemente a una profunda transformación en la vida de la institución. Se han desencadenado a través de estos años una serie de actos que nos conducen prácticamente hacia la desintegración. (…) Cómo puedo estar yo tranquilo si la semana pasada un suboficial mío ha quedado en prisión preventiva cuando yo le puedo decir que es unos de los hombres que he conocido en mi vida de mayor calidad humana y además de un coraje excepcional. La gente no sabe cuál ha sido su actuación en la guerra; sí sabe que está preso por excesos. (…) Nosotros creemos que acá hubo una guerra que no solo deber ser entendida sino reivindicada.

Quien pregunta es un periodista del diario La Nueva Provincia. El que responde es el por entonces Mayor Ernesto “Nabo” Barreiro, que está vestido con su uniforme. Ese día debía presentarse a declarar por los mismos delitos por los que fue condenado el jueves pasado a cadena perpetua, 29 años después. Como nadie en su sano juicio puede hacer (al menos públicamente) una defensa política de las metodologías utilizadas por el Terrorismo de Estado, Barreiro ensaya la teoría de la guerra, la de los excesos, la de los dos demonios; nada nuevo, ¿no Mauricio?

Quizá no sea un hecho recordado y para muchos que no vivieron aquellos años de la postdictadura, hasta pudiera ser desconocido, pero el alzamiento de los carapintadas que lideró Aldo Rico comenzó el día en que Barreiro escapó de la justicia y se fue al cuartel. Y no fue un intento de golpe de Estado, al menos no era ese el objetivo principal. Lo que querían era impunidad. Y la consiguieron, porque Raúl Alfonsín, con los líderes de la “renovación” del peronismo (Cafiero, Manzano, Menem, entre otros), acordaron entregarles vía Congreso la segunda ley de impunidad, la de Obediencia Debida, que liberaba a los rangos medios y bajos de toda responsabilidad en las atrocidades cometidas con el pretexto del cumplimiento de las órdenes. Barreiro y sus secuaces lograron sus objetivos a medias, porque si bien la impunidad los amparó durante años, la reivindicación política nunca llegó y hoy parece imposible.

El jueves 25 de agosto, con la sentencia de la Megacausa La Perla/Campo de la Ribera, se cerró un pedacito de aquella historia. Barreiro, que durante el juicio que duró casi 4 años no abandonó su estilo confrontativo y provocador, recibió una de las 28 condenas a cadena perpetua. Su historia particular sirve para darles a estos juicios la entidad que se merecen. Todas las críticas son válidas: que llegan tarde, que son pocos los genocidas enjuiciados, que la impunidad biológica es ineludible, que muchos cumplen su sanción en prisiones domiciliarias vergonzosas; todo eso es cierto. Pero no puede redundar en un análisis desvalorizador de lo que hemos conseguido con tanto esfuerzo. Vale preguntarle a los armenios si no quisieran tener juicios que al menos arrojen verdad sobre el genocidio de su pueblo 100 años después. O quizá convenga analizar la salida española tras los crímenes del franquismo y cómo lo que los hijos de las víctimas aceptaron tapar con el Pacto de la Moncloa, ahora los nietos necesitan desenterrar para conocer esa parte de su propia historia que les ha sido arrancada y silenciada con la mordaza de la reconciliación y la alternancia bipartidista.

El 24 de marzo diluído

Si bien la lectura del veredicto duró casi una hora y media, uno de los hechos más significativos conceptualmente ocurrió en el punto 1 de la resolución judicial, apenas a dos minutos del comienzo. “El tribunal, por unanimidad, dispone: no hacer lugar a la prescripción de la acción penal incluso con aquellos hechos acaecidos con anterioridad al golpe de Estado 24 de marzo de 1976”. Esa fecha la tenemos marcada a fuego. Está bien que así sea, es un símbolo que contribuye a entender lo sucedido durante el Terrorismo de Estado en Argentina. Pero desde hace años, en varias causas, se viene reflejando una continuidad temporal que desdibuja aquella fecha. Ayer, el tribunal condenó igual por hechos cometidos en 1975, que en 1977. Les dio el mismo estándar. Consideró que son delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles. En democracia y en dictadura. No es poco. Sobre todo cuando hace algunos meses un fallo de Casación revirtió las condenas a tres genocidas autores de la Masacre de Capilla del Rosario, Catamarca, en la que fueron fusilados ilegalmente 16 militantes. El argumento central de ese fallo, un verdadero retroceso en la construcción de Memoria, Verdad y Justicia, fue que los hechos habían ocurrido en agosto de 1974, por lo tanto en democracia, como si un Estado democrático pudiera asesinar legalmente a través de sus fuerzas de seguridad… ¿conocen algún Estado democrático que haga eso? Desde nuestros medios comunitarios, alternativos y populares reflejamos todos los días casos de gatillo fácil y asesinatos sumarios. No es atrevido pensar que cambió el sujeto social atacado, ya no solo los militantes sino también los chicos y chicas de los barrios pobres de todo el país, pero la maquinaria parece ser la misma, aun con cambios metodológicos. Reflejar los hechos ocurridos durante el genocidio con la misma intensidad con la que visibilizamos la realidad de los asesinatos y desapariciones cometidas hoy por las fuerzas de seguridad, es una tarea ineludible. No hay contradicción. Memoria dinámica que no se congele en el Estado de aquellos años, y un aprendizaje que debería convertirse en exigencia: que no tengan que pasar otros 30 o 40 años.

Volver a nota central.