Judicialización de la protesta en Cipolletti: “esto es una forma de decirle a las organizaciones que si salen pueden terminar en la cárcel”

Seis militantes del Frente Popular Darío Santillán Alto Valle que viven y luchan en asentamientos de Cipolletti –Río Negro- fueron llamadas y llamados a indagatoria, acusados de “amenazas” y “coacción agravada” en el marco de protestas en reclamo de comida para los comedores barriales que sostienen. A días de la primera audiencia, que será este viernes 29, se sumó una judicialización más.

“En los barrios se vino dando una campaña de control y disciplinamiento”, contó Sabino López, militante del FPDS Alto Valle y vecino el asentamiento Auka Liwen, hoy judicializado. Anibal Tortoriello -el nuevo intendente de Cipolletti, perteneciente al PRO- ganó votos anunciando que iba a regularizar asentamientos, donde vive el 30% de la población de la localidad. “El control empezaron a hacerlo a través de Acción Social, con las trabajadoras sociales, que usaron la información que les dábamos por nuestras necesidades para judicializarnos después”, relató: “todos los datos se sacaron de los relevamientos sociales”.

“La idea de que nos metan una causa es atemorizar a la gente para que no salga a luchar”, remarcó López y aseguró que “si no fuera por nuestra organización y las organizaciones hermanas no hubiéramos tenido acceso ni a un abogado”. El militante dijo que “esto es una forma de decirle a las organizaciones que si salen pueden terminar en la cárcel” y que “la justicia está actuando con un protocolo”.

“Las denuncias e imputaciones que siguen llegando con el pasar de los días marcan un precedente muy grave en términos de disciplinamiento a lxs luchadorxs”, remarca el comunicado que emite una multisectorial que se formó con organizaciones de la región que se posicionaron en contra de la criminalización de la protesta, que también anuncia que esto “se dan en el marco del brutal ajuste que lleva adelante el municipio PRO de la ciudad, a través de sus políticas focalizadas; de esta manera, están depositando en cada uno/a de los trabajadorxs la responsabilidad de que si no hay para comer es culpa de lxs propios trabajadorxs sin hacerse cargo de generar políticas que fomenten la creación de puestos de trabajo y proveer de alimentos a quienes nos organizamos y trabajamos para sostener los comedores comunitarios a los que cada vez son más las familias que se acercan arrojados por la falta de trabajo, la inflación y los tarifazos”.

En el comunicado también se expresa que “estas políticas llevadas a cabo por el gobierno municipal del PRO, no serían posibles si en el orden nacional no existiera la ley antiterrorista votada y aprobada en la gestión k, y el protocolo antipiquetes que la ministra de seguridad Patricia Bullrich intenta disciplinar mediante la judicialización con el armado de causas a lxs luchadorxs”.

Cuatro de las y los judicializados están siendo investigados por “amenazas” y las y los otros tres por “coacción agravada”.

Compartimos el video que realizamos desde la regional de Neuquén de la RNMA: