Megacausa La Perla, el Terrorismo de Estado antes y después del golpe

En el marco de la última etapa de la megacausa que se tramita en Córdoba, invitamos al piso del Enredando las Mañanas al periodista Alexis Oliva, quien ha seguido atentamente su desarrollo. Olivia dio una idea detallada del alcance y dimensión de este juicio histórico. Si todo sigue el curso esperado, la sentencia se conocerá el próximo 25 de agosto.

El periodista Alexis Oliva aseguró que se trata de “un juicio realmente histórico. Si uno lo piensa desde la justicia penal, una forma muy limitada de mirarlo, es el más extenso de la justicia penal de Córdoba: empezó el 4 de diciembre de 2012, es decir que lleva  tres años y medio largos, que eso es único en la historia”, indicó. “Por otro lado, desde el punto de vista político, es un juicio inédito porque realmente ilustra por fin en un juicio, con un criterio de causas acumuladas, con un criterio de economía procesal y todo lo demás, pero además con un caudal de información que realmente pueda llegar no solo a la justicia, sino a la verdad. Ilustrar realmente lo que fue el Terrorismo de Estado, no solamente en su circuito concentracionario, porque abarca lo que pasó, en orden cronológico digamos, en Campo de La Ribera (el segundo campo de concentración del país después de la Escuelita de Famaillá en Tucumán) hasta el 24 de marzo, en lo que fue el Terrorismo de Estado previo al golpe con el comando Libertadores de América donde había policías y miembros del ejército, no era como la Triple A que eran en su mayoría civiles o policías, acá ya estaba implicado el ejército con el capitán Héctor Bergés a la cabeza, junto con un policía que es Pedro Raúl Telleldín. Desde el 24 de marzo, Campo de la Ribera deja de ser de concentración y exterminio y ahí empieza a haber sobrevivientes; de los anteriores no sobrevivió nadie, y eso que era La Ribera hasta el 24 de marzo, pasa a serlo La Perla, que inauguran para ser prácticamente un campo de concentración, el más grande del interior del país. Para que nos demos una idea de las dimensiones de esto, también otros campos y sitios, centros clandestinos «satélites» como La Perla Chica de Malagueño, el propio D2, la División de Informaciones de la Policía de Córdoba, que era por donde se entraba a ese circuito del terror, el puesto caminero de la policía de Pilar, el chalet de Casa Hidráulica, o sea, toda la dimensión territorial de lo que fue la represión en su plan sistemático”, explicó en detalles. La Perla cuenta con un triste privilegio: junto a la ESMA y Campo de Mayo, son los tres centros de detención, tortura y exterminio, por los que pasaron más víctimas.

La pata civil

Oliva asegura que en el juicio ha podido verse la complicidad civil: “Esto fue una cosa un tanto sorprendente para uno que pensaba que todo iba a estar cerrado en la dimensión de la violencia material del aspecto meramente militar represivo de lo que fue la dictadura. El componente civil de la dictadura en Córdoba fue muy fuerte. En ese sentido, han ido apareciendo las complicidades de la Iglesia, que ya se había visto en otros juicios importantes, otra megacausa que fue el juicio a Videla por los fusilamientos de la UP1, pero ahí era más lógico porque eran presos a disposición de la justicia federal y que la Iglesia sabía que estaban allí, algunos que habían militado en la Iglesia. Además, en este caso también ya a esta altura del partido está claro que Raúl Francisco Primatesta, que era la principal autoridad de la Iglesia en Córdoba y en la Argentina por ser el presidente del Episcopado durante todos esos años, sabía perfectamente que La Perla existía y sabía los nombres de muchos de los que estaban ahí, entre ellos un cura y algunos seminaristas del caso Lasalle”.

La pata empresarial

Para Oliva hay datos contundentes de la participación de los empresarios del polo automotor: “Apareció con revelaciones tremendas lo que fue la participación activa de las grandes empresas trasnacionales automotrices de Córdoba como la Fiat, que aportó hasta su álbum de fotos de los empleados para que fueran tachando y sacando las fotos de los que iban desapareciendo de sus comisiones gremiales internas. Álbum que fue visto por un sobreviviente en el campo de La Perla, más precisamente en la sala de tortura. Y la Renault, cediendo listas que por lo menos tuvieron la prolijidad burocrática de llamar a un escribano, entonces hay copia en el Colegio de Escribanos de Córdoba de estas listas que se dieron a pedido de Menéndez (Luciano Benjamín, comandante del III Cuerpo de Ejército) pero sin mucha resistencia de su parte”, detalló.

La pata judicial

 Pero las pruebas de la estructuración no solo militar del Terrorismo de Estado no quedan reducidas a civiles y empresarios, también se ha podido ver la complicidad judicial, pero no en la época en la que podría suponerse, sino ya durante la democracia: “Durante la dictadura hubieran tenido el pretexto del miedo al poder militar, a Menéndez, a Juan Bautista Sasiaín, que era su sanguinario Nº2. No, después de recuperada la democracia, cuando empiezan, a partir de la CONADEP [Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas] y a partir de las propias investigaciones judiciales, a animarse a declarar esos sobrevivientes que habían estado más tiempo en La Perla sobre todo, a activarles el poder judicial aquellas causas que tenían que ver con la persecución como militantes políticos previas, imputarlos, entonces eso los disuadía. Les decían «cuidado con lo que vas a decir como testigo de, sobreviviente del Terrorismo de Estado porque te puede complicar esto donde todavía estás implicado». Y en otros casos, cosas peores, como directamente mantener informado al ex staff de La Perla, Bergés y compañía, de qué es lo que decía a la mañana el testigo tal, entonces a la noche ese testigo recibía una llamada anónima donde le decían «hoy dijiste esto y esto, tené cuidado porque nosotros nos enteramos, sabemos exactamente lo que estás diciendo». Todo eso es, realmente, en ese sentido un abanico que se despliega y el fiscal que llevó adelante bastante comprometida la causa (Facundo Trotta, que arrancó como asistente de Carlos Gonella para luego remplazarlo), ha pronunciado muchas veces que se corra vista a la fiscalía para que se investigue, esto es lo que va a venir después de la sentencia”, anunció Oliva.

-Enredando Las Mañanas: Nos comentabas que tenías toda una estadística en torno a la causa.

-Alexis Oliva: Para que tengamos una idea de las cifras, han sido 348 audiencias en estos tres años y medio. Arrancó con 16 causas, hoy son 22 causas que se fueron acumulando. Cubre una etapa que en Córdoba abarca todo el período histórico del terrorismo de estado que arranca en febrero del 74 con el Navarrazo -el golpe de estado derrocó a Ricardo Obregón Cano y que prácticamente allí la intervención federal y el terror, primer las Tres A, después el Comando Libertadores de América y después el propio Ejército-, hasta el fin de a dictadura prácticamente, si es que aceptamos que los crímenes de lesa humanidad no se están cometiendo todavía. Hay suicidios de hijos de desaparecidos, hay huesos que no aparecen, hay nombres que no sabemos… Hay 52 acusados, esto también es absolutamente récord, y hubo 10 fallecidos en estos tres años y medio,entre ellos uno con quien tenía ganas de hablar que es Guillermo Bruno Laborda, aquel que hizo el reclamo administrativo: «¿por qué no me ascienden si yo tuve esta participación detallada en la lucha contra la subversión?».  Esto busca establecer justicia por 716 víctimas, entre ellas 266 desaparecidos y, entre ellos, por fin, a esos 17, el grupo de los sobrevivientes que más tiempo estuvieron que son los llamados testigos troncales, gente que ha venido declarando incluso en estas condiciones de apremio en aquellos primeros años de la democracia, muchas veces, algunos en el exterior, otros acá mismo y que son parte también de los 581 testigos.

–ELM: El pasado martes se retomó la actividad en los Tribunales Federales luego de la feria judicial, ¿en qué etapa se encuentra la causa?

 -AO: Se habla de que la sentencia será la tercera o cuarta semana de agosto, o sea, ya estaríamos a un mes de la sentencia. Hoy sería la audiencia 350. Ya pasaron las testimoniales y los alegatos, sería como la contrarréplica de los alegatos (reciben el nombre de réplicas y dúplicas), si la defensa rechazó tal acusación, entonces ahora la parte acusadora, querella, fiscalía tiene la posibilidad de responder. Pero falta algo muy interesante todavía, que es la palabra de los acusados. Va a haber un momento donde se les va a dar la posibilidad de que ellos digan su último alegato personal, y la van a usar, la vienen usando ampliamente, sobre todo los dos grandes voceros que tienen ellos, que son Luciano Benjamin Menéndez y Guillermo Barreiro. Ahora pueden decir otras cosas, porque ahora cambió el contexto político de lo que él llamaba este gobierno de estos que habían fracasado en su intento de los años ‘70 de tomar el poder por las armas, lo habían tomado en los últimos años, en los años del kirchnerismo, según su versión de la historia, por la vía gramsciana, o sea, por la vía de engañar a la gente con la política. Ahora probablemente la visión Menéndez de la historia argentina actual va a ser un poco más optimista.

El otro personaje interesante es Guillermo Barreiro, que no tiene ninguna condena. Menéndez tiene doce perpetuas. Barreiro no tiene ninguna y es un poco el ideólogo, el que era jefe de inteligencia, y el que ha venido dando supuestas grandes cátedras de geopolítica, donde él explica el terrorismo de estado en la Argentina, en Córdoba y en La Perla en función de la guerra fría y todas estas teorías de que esta fue una batalla más de la Guerra Fría, más o menos lo que dice Menéndez pero con un tono más académico, menos «cuartelero».

Cabe destacar que el “Nabo” Barreiro fue el disparador del levantamiento de “Semana Santa”, ya que se produjo justamente el día en que debía presentarse a declarar ante la justicia por estos delitos. Aquella asonada militar al mando del Coronel Aldo Rico –que recientemente desfilo como “héroe” de Malvinas- consiguió su objetivo: detener los juicios vía leyes de impunidad sancionadas por el Congreso. A 30 años de aquellos hechos, nada indica que puedan detener esta instancia de justicia, conseguida por la persistencia de los organismos de derechos humanos, los familiares y, esencialmente, por el aporte invalorable de los sobrevivientes.

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