“Detrás de los despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar, hay un vaciamiento de políticas hacia el sector”

En la emisión de Enredando las mañanas del martes 1ero de marzo dialogamos con Lucía Castro, delegada de ATE en la sede Jujuy de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) de la Nación, quien se refirió al amparo colectivo presentado ante la justicia federal al cumplirse un mes de los 16 despidos de trabajadores de ese organismo.

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“Esta semana cumplimos un mes desde que los 16 trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación recibimos por distintas vías, bastante informales e ilegales, nuestros despidos. En este marco presentamos una acción de amparo colectivo por discriminación, demostrando con amplia prueba documental que como trabajadores hemos recibido un trato desigual frente a otros compañeros de la Secretaría. De una planta de 53 trabajadores hemos sido despedidos 16, sin ningún tipo de fundamento, evaluación de desempeño, ni auditoría; de hecho, el Estado ni se vio en la necesidad de argumentar nuestros despidos. En el amparo que presentamos frente a la justicia federal, damos prueba de lo que consideramos que ha sido el motivo subliminal de nuestros despidos que es una persecución ideológica y sindical, ya que todos los despedidos formamos parte de la asamblea activa de ATE en la Secretaría, y desde hace más de 10 años venimos luchando por nuestras condiciones laborales. Con la lucha, hemos logrado pasar a una planta transitoria lo que nos daba un cierto grado de estabilidad y estábamos en la pelea por la planta permanente y el cumplimiento de principios constitucionales como igual remuneración por igual tarea. Creemos que todas esas luchas han justificado, por supuesto que de manera totalmente ilegal, nuestros despidos”, expresó Lucía Castro al comienzo de la charla con Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Respecto a la situación laboral previa de los trabajadores de la Secretaría, la delegada de ATE explicó: “hay compañeros con 11 y más años de antigüedad que estaban en una situación de monotributistas, es decir que ni siquiera eran reconocidos como planta del Estado. Con nuestra organización y por medio de muchas movilizaciones, idas y venidas con funcionarios, hemos logrado el pase a planta transitoria que en realidad es algo también absolutamente irregular, porque es una planta transitoria para los trabajadores que cumplimos funciones de permanentes. En estas condiciones está el 100% de la planta de los trabajadores de la Secretaría, o sea que todos estamos precarizados y esa precariedad es la que permitió que hoy sin ningún tipo de miramientos a los derechos de los trabajadores nos hayan despedido. De todas maneras, tenemos muchas formas de demostrar que cumplíamos funciones permanentes; desde ya la antigüedad es una de ellas, no se puede tener en carácter de transitorio trabajadores de 11 años de antigüedad. Todo lo que hemos logrado ha sido por medio de la movilización y de la lucha y la organización, no es que nos han llegado de arriba esos contratos de planta transitoria, sino que ha sido una consecuencia de estar movilizados, y creemos que es por eso que se nos ataca hoy, porque quieren imponer mayores políticas de ajuste, peores condiciones de trabajo y nosotros éramos los que estábamos activos para impedir ese tipo de prácticas”.Autoridades y responsables
Una delegación de trabajadores de la sede jujeña de la Secretaría se movilizó hace algunas semanas a la Ciudad de Buenos Aires, donde se realizó un acto en la puerta del Ministerio de Agroindustria. Así se consiguió una audiencia con un funcionario de tercera línea de este ministerio. Sin embargo, la respuesta obtenida no fue satisfactoria: “simplemente nos dijo que avalaban nuestros despidos y que iban a continuar despidiendo gente, que esto recién empezaba. Como se está diciendo por los medios, que todos los organismos están sobredimensionados, pero en realidad claramente lo que se viene por detrás es una política de ajuste y de despidos, eso está a la vista. Entonces, creo que nosotros fuimos los primeros como un modo de acallar a todos los compañeros, pero por el contrario hemos salido inmediatamente a responder, y junto al acompañamiento de otras provincias, a ponerle un freno a esto”, describió Castro, quien adelantó que la presentación ante la justicia federal fue la primera medida judicial que realizaron los trabajadores pero que no será la única: “nosotros estamos profundizando nuestro plan de lucha y también uniéndonos con compañeros de otras reparticiones que en la provincia también han recibido despidos, como los trabajadores del INADI, los de Desarrollo Social que están en alerta y movilización porque hay permanentes amenazas de despidos. Parece que quieren naturalizar esta sensación de que si vos te movés, reclamás o hacés algo te despiden, pero nosotros tenemos que ponerle un freno a eso”.
En cuanto a los responsables políticos de los despidos, los trabajadores de la Secretaría apuntan directamente a Rubén Daza: “en el amparo hemos presentado la prueba de que el ingeniero Rubén Daza, que fue funcionario menemista, también del kirchnerismo y ahora está con el gobierno de Gerardo Morales en la provincia, fue nuestro jefe hasta hace prácticamente un año, él nos conoce perfectamente y hemos mantenido conflictos directos. Una de las cosas de las que le hemos pedido explicaciones, y que a él no le gustó, era sobre la injerencia de su fundación Nueva Gestión y otras fundaciones con las que él tenía convenios, que en el momento en que empezó a ser nuestro jefe empezaron a aparecer en la institución, a imponer modalidades de trabajo desconociendo modalidades previas; de hecho es lo mismo que está haciendo al día de hoy. Actualmente, él es el virtual jefe de la Secretaría de Agricultura Familiar de la provincia, y hemos mostrado mediante notas las agresiones que hemos recibido de su parte, y creemos que claramente él está detrás de las listas negras de despidos”, afirmó Castro.
En este sentido, Castro ejemplificó con el despido de todo el equipo que trabajaba en el departamento de Palpala: “es el área de influencia directa de él, donde fue intendente y donde también se presentó como candidato en las últimas elecciones. Nunca hemos permitido que él usara el trabajo de la Secretaría como herramienta de campaña, siempre nos opusimos a eso y creemos que esta es la represalia que está tomando para con nosotros este funcionario del gobierno provincial que actualmente es director de Economías Populares y maneja todos los fondos que están destinados a la agricultura familiar”.
“Una de las cosas que nos remitió bastante a los ’90 –continuó la delegada– y que él quiso implementar en la Secretaría en su paso fue formar una cooperadora para prestar servicios y de ese modo financiar el funcionamiento de la institución, cuando lo que nosotros pedíamos era presupuesto propio desde el Estado y no tener que cobrarle a los agricultores familiares por nuestro trabajo. Fueron todas cosas que desde el gremio le fuimos poniendo un freno y por supuesto que él ahora está tomando la revancha despidiendo a los trabajadores, inclusive a los delegados sindicales algo que es absolutamente ilegal, esto también lo denunciamos en este amparo”.
 
Vaciamiento
“Sabemos que en distintas delegaciones provinciales de la Secretaría ha llegado el mensaje de que las camionetas tienen que permanecer quietas, que no hay fondos para que se muevan. También se le ha dicho a todos los compañeros que hasta el 31 de marzo están sus contratos vigentes que después se les renovaría pero por 3 meses, que no hay presupuesto para pagarle a los compañeros monotributistas. Entonces, además de los despidos que empezaron por Jujuy, lo que se ve claramente es una intención de vaciar y de desarticular esta institución a pesar de que el discurso sigue siendo que los agricultores familiares van a recibir recursos, fondos. Una de las cosas que denunciamos es que se sacan fotos ofrendando a la Pachamama, participando de rituales de comunidades originarias mientras están despidiendo a los técnicos que en muchos casos éramos los únicos agentes estatales que llegábamos a las comunidades y que brindábamos asistencia desde lo productivo, desde lo organizativo, desde lo social, lo que hace al derecho a la tierra. Hay una clara contradicción entre el discurso y la práctica y hay un vaciamiento de esta institución”, denunció Castro en diálogo con Enredando las mañanas.
Al ser consultada sobre la realidad de la vida rural en Jujuy, la trabajadora relató: “la mayor demanda que tenemos de las comunidades tanto originarias de Quebrada y Puna, como también de comunidades campesinas es el acceso al agua para la producción y el consumo. Se trata de un derecho humano fundamental sin el cual es muy difícil reproducir tanto la vida como la producción agrícola y ganadera. Es uno de los ejes fundamentales que nunca recibió la debida atención y un financiamiento acorde. El otro eje fundamental es el tema de la tierra, nosotros sabemos que en Jujuy existen unas pocas familias de terratenientes que tienen título de propiedad de la mayor parte de las tierras, así como también el Estado es uno de los terratenientes principales y es muy poco lo que se ha entregado a las comunidades originarias. El mismo día en que se emiten las notificaciones de despidos también se emiten intimaciones de pago a los arrendatarios productores de la Finca El Pongo, que en realidad son poseedores tradicionales de muchos años de esta finca que es estatal. Las dos compañeras que trabajan el tema de tierras allí fueron despedidas y sabemos que hay un claro proyecto de avanzar en esas tierras fundamentalmente con la caña de azúcar y echando productores que producen alimentos. Esto debe preocuparnos a la mayoría de los jujeños porque los que producen las hortalizas que consumimos van a ser desplazados por caña de azúcar, y todos sabemos que para comer no alcanza con tener caña de azúcar en todas las tierras. La vida de las comunidades rurales no ha recibido la atención que merece y no se trata solamente de crear una Secretaría de Pueblos Originarios, que bienvenido sea porque hacía falta, pero no que esa Secretaría se dedique a repartir bolsones. Nosotros creemos que tienen que resolver el problema de la tierra, del agua”.
Otra de las problemáticas que afectan a los habitantes rurales de la zona es la producción de litio, que se ha desarrollado en la provincia y para la que se utiliza grandes cantidades de agua, justamente en un contexto donde este recurso escasea. Al respecto, Castro afirmó: “una de las organizaciones que surgió a través del problema del litio que es la Mesa de Salinas, ha denunciado esto a la justicia en un intento de amparar sus tierras y sus recursos. En primer lugar explicaron que no fueron consultados para nada, y esto es una violación a un derecho que continúa al día de hoy, porque siguen sin ser consultados a pesar de lo que dice la Constitución y los tratados internacionales para avanzar sobre sus tierras. La otra cuestión es la minería, y no solamente no se han entregado títulos ni consultado a las comunidades sino que además ahora se les ha quitado parte del impuesto que deben pagar las empresas mineras en Argentina, o sea que el proyecto de profundización de ese esquema está claro. Además, ante la falta de respuesta a las comunidades lo que hace la provincia de Jujuy es establecer un instituto de investigación del litio donde millones de pesos se están destinando a su constitución. Creemos que ese tipo de políticas y esa cantidad de fondos que se destinan a esa producción no se condicen con crear una Secretaría de Pueblos Indígenas, además de lo que implica el vaciamiento de una secretaría como la de Agricultura Familiar diciendo que son muchos los recursos que se gastan en el trabajo de los técnicos, pero por otro lado regalándole los recursos a las grandes mineras multinacionales. Ojalá que las comunidades puedan hacer esta lectura para reaccionar a la altura de lo que está sucediendo”.
Hacia el final de la entrevista con Enredando las mañanas, Lucía Castro reiteró que la presentación del amparo por los despidos no es la única acción que tomarán los trabajadores. Adelantó que se encuentran articulando una movilización a nivel nacional para las próximas semanas con compañeros del INTA y del SENASA. En cuanto a la postura de los productores rurales ante esta situación, Castro explicó: “nos acompañaron y nos siguen acompañando, conocen nuestro trabajo y ven con mucha preocupación lo que está pasando, porque además hay proyectos en ejecución que quedan sin asistencia técnica, entonces nosotros estamos tratando de visibilizar que el despido no es algo separado del vaciamiento de políticas hacia ellos, claramente detrás de esto lo que se viene es la falta de políticas destinadas hacia este sector. En las comunidades, algunos estaban muy entusiasmados con el cambio (de gobierno) a nivel provincial, porque se hicieron muchas promesas de campaña pero no ha pasado mucho tiempo y ya están viendo los verdaderos intereses que se van a privilegiar. Hemos participado de asambleas departamentales con los compañeros de las comunidades tratando de mostrarles esto y pidiéndoles que se sumen a nuestra situación concreta, advirtiendo que detrás de eso está la situación en sus propias comunidades y el vaciamiento de políticas destinadas a ellos”.