Las venas abiertas del Perú (Entrevista de Enredando las Mañanas)

Familiares y abogados de presos políticos en Perú iniciaron la semana pasada una caravana en Argentina con el objetivo de difundir la situación de más de 300 prisioneros políticos en ese país. En la emisión del martes 3 de noviembre de Enredando las mañanas, recibimos la visita de Miguel Sánchez Calderón, letrado de la Comisión de Abogados y Familiares de Presos Políticos de Perú, quien realizó un recorrido sobre algunos hechos históricos y el marco legal que el Estado peruano fue adaptando a la medida de su voluntad por retener en prisión a estos detenidos.

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La Comisión de Abogados y Familiares de Presos Políticos de Perú está recorriendo diversos países de Latinoamérica con el objetivo de hacer una campaña por la libertad de los presos políticos. En este momento, hay en ese país 300 personas en esta condición a pesar de haber pasado ya 23 años desde la finalización de la insurrección popular que se vivió allí.

Miguel Sánchez Calderón, uno de los abogados de la Comisión, explicó que se encuentran convocando a la solidaridad de las organizaciones demócratas, personalidades y todo el pueblo argentino por 3 puntos principales: “la libertad es un derecho de los presos políticos, de los prisioneros políticos del Perú; decimos no a la exclusión de los presos políticos del Perú de la sociedad, y la derogación de las leyes lesivas que el gobierno ha aprobado últimamente dentro de un proceso de mayor reaccionarización del Estado peruano y, dentro de la lucha que los prisioneros políticos vienen emprendiendo hace tiempo por una democratización del país, por el respeto a los derechos fundamentales que están establecidos en las propias leyes de la constitución peruana, los tratados internacionales, la convención americana, y la declaración universal de los derechos humanos de la ONU; y el tercer punto es el cierre del penal militar de la base naval del Callao, porque tienen presos a civiles desde hace 23 años y particularmente al doctor Abimael Guzmán Reynoso que tiene 81 años de edad con problemas de salud y tiene totalmente prohibidas las visitas, para que nadie pueda acceder a defenderse de todos los ataques que en la prensa, que está monopolizada por dos grupos, y de parte del Estado y los políticos le hacen sin oportunidad de defensa”.

De visita en el estudio de Radio La Colectiva, donde se llevó adelante la emisión del martes 3 de noviembre de Enredando las mañanas, Sánchez Calderón detalló que los prisioneros políticos son más que un botín de guerra del Estado peruano: “lo que vemos es un ánimo de odio y venganza para no resolver políticamente las secuelas derivadas de la guerra que ha habido en Perú en el año ’80, es no querer asumir la responsabilidad del Estado peruano en su parte en la guerra, porque en la guerra hay dos partes y deviene la situación de los presos políticos del Perú de que desde el año ’80 hubo una lucha armada que golpeó fundamentalmente a la semifeudalidad en el Perú y elevó la conciencia del pueblo peruano, derivado de esa guerra interna el gobierno peruano de ese tiempo y todos los gobiernos siguientes, representantes del Estado, han aplicado una política genocida para responder a la acción de los insurgentes con detenciones masivas, con tortura, con desapariciones extra judiciales que están registradas por la Corte Interamericana ya en una sentencia que es del 24 de agosto de 2014 en el caso de una prisionera política que está en (el Penal) Piedras Gordas aún y que ha merecido una indemnización en la condena de la Corte contra el Estado peruano”.

Sánchez Calderón especificó que en esta sentencia, la Corte establece que el Estado peruano desde 1980 hasta el año 2000 ha aplicado sistemática y generalizadamente la tortura: “el segundo párrafo de esa primera conclusión de la Corte Interamericana dice que el Estado peruano ha aplicado también en el combate contra la subversión en esos años la violación sexual, especialmente a las mujeres, y empieza a describir una por una las aberraciones sexuales que se han cometido. Y el tercer párrafo dice que también ha aplicado sistemática y generalizadamente después de la tortura, la desaparición forzada. Son 4200 fosas comunes que hasta el momento no se abren; sin embargo, los que dieron las órdenes, los políticos que encabezaban el Estado no quieren asumir su responsabilidad como Estado. Son los responsables políticos porque ellos dirigían el Estado peruano, y la Corte está hablando de una acción sistemática y generalizada.” Es una política genocida”.

Miguel Sánchez Calderón señaló que la Defensoría del Pueblo de su país ha determinado que fueron 23.000 las  personas que fueron detenidas por motivo del conflicto interno. Al año 1990, el número se había reducido a 10.000, en el 2000 a 3.000, y actualmente suman 300 prisioneros políticos repartidos en más de 7 penales del país: “esos 300 se han reducido porque los presos políticos desenvolvieron una acción legal para demostrar que la legislación antisubversiva, aplicada desde Fujimori particularmente, es anticonstitucional y violatoria de los tratados internacionales; la Corte y la Comisión Interamericana también habían opinado en parte en ese sentido pero los prisioneros ganaron una acción de inconstitucionalidad en el tribunal constitucional que anuló los juicios militares, los juicios sumarios y los jueces sin rostro. De esa manera salió una gran cantidad de prisioneros políticos de 2003 en adelante hasta reducirse a 300, pero ese número de 300 no es fijo, porque como el Estado sigue persiguiendo a los más o menos 15.000 requisitoriados que quedan siguen trayendo a las cárceles a campesinos desde sitios muy lejanos, ancianos, a veces hasta personas ciegas, que pasan por un proceso de juicio con las nuevas leyes que fueron, luego de esta ganada acción de inconstitucionalidad, manteniendo la columna vertebral del decreto de Fujimori. Fujimori dio un golpe de Estado, un autogolpe que cambió la Constitución y estableció nuevas leyes violatorias de todos los estándares internacionales que así han sido observados por la Corte Interamericana, entonces al momento tenemos una regresión del régimen penitenciario de los presos políticos, están modificando una serie de leyes y están dando otras normas para un proceso de mayor reaccionarización. Como ejemplo, menciono que en 2009 Alan García anuló los beneficios penitenciarios para los prisioneros políticos, para él el estudio y trabajo en materia de redención de la pena no sirve para nada, sin embargo los presos políticos son los que más trabajan y estudian en todos los penales de Perú, y esa es una lección a nivel mundial”.

Historia de la persecución política

En la charla con Enredando las mañanas, Sánchez Calderón continuó desarrollando la política represiva de las últimas décadas en Perú: “en 1986, a tres meses de asumir el gobierno de Alan García, los prisioneros políticos del Penal de Lurigancho hicieron una lucha para que se cumplan las actas que habían firmado con las autoridades para mejorar las condiciones carcelarias, pero el Estado respondió con un genocidio y mataron a 30 prisioneros políticos, los quemaron vivos. Poco después se produjo nuevamente produjo una lucha de los prisioneros políticos para hacer respetar un acta que habían logrado ya con el jefe del INPE (Instituto Nacional Penitenciario) y otras personalidades del gobierno, incluso el viceministro de justicia, para que se le reconozca como presos especiales, que no se les quiere reconocer hasta ahora su condición de presos políticos, y el Estado respondió con un genocidio moviendo artillería por tierra, aire y mar, y asesinaron a 300 presos políticos en los penales de la Isla del Frontón del Lurigancho y del Callao. Hasta ahora los cuerpos de esos prisioneros políticos no son devueltos a sus familiares, los regaron por diferentes cementerios; a tanta exigencia han ido recuperando los huesos, sin embargo están tan mezclados y toman de pretexto que no les hacen el ADN porque es demasiado caro para el Estado, y hasta el momento no son devueltos los restos para que se les rinda homenaje por su familia y se termine ese sufrimiento de tantos años. En 1992, ante un reclamo de los prisioneros políticos para que el traslado que estaban por ejecutar para otros penales en peores condiciones de las que habían logrado establecer en trato con las autoridades, el gobierno de Fujimori mató selectivamente a 50 prisioneros políticos con francotiradores, que con fotografías iban seleccionando a quiénes iban a matar. La Corte Interamericana, en la sentencia que aprobó contra el Estado peruano, denominó a ese hecho como una matanza, como un asalto genocida, Desde esa situación, Alan García anuló los beneficios penitenciarios, a partir de ahí los presos políticos han seguido cumpliendo su condena y en estos momentos tenemos 3prisioneros políticos que ya han cumplido 25 años y no los dejan salir. Su condena reza 25 años, ni un día más, pero ya van cerca de 3 años más y siguen sin dejarlos salir. ¿Qué cosa ha hecho el Estado peruano a través del Poder Judicial y la Fiscalía? Ha tomado hechos de hace 30 años, que ya han prescripto y que incluso sus autores materiales ya han sido juzgados y han purgado prisión, para generar otros procesos con el único fin de aplicarles los 6 años de prisión preventiva que dura en el Perú, porque según las leyes peruanas un prisionero por un mal llamado delito de terrorismo debe cumplir 6 años para que puedan ser excarcelados si es que no tiene sentencia. En este marco, hay un pedido para que salgan los 3 y además se denunció la situación del prisionero político Luis Alberto Timoteo Argote, que ha cumplido 20 años de prisión, no tiene ningún proceso pendiente, sin embargo sigue preso. También quiero denunciar que esta persecución política se está viviendo en esta comisión, porque el doctor Alfredo Crespo debería estar aquí en mi lugar tomando la palabra en la radio; él es abogado del doctor Abimael Guzmán que está preso en la base naval del Callao, y ha sido impedido de salir del país motivo de la persecución política porque lo han incluido en un proceso que implicó que lo tuvieran en cárcel más de 5 meses, junto con más de 60 activistas políticos de un movimiento que está recogiendo firmas para participar en las elecciones. Lo acusaron de terrorismo pero los jueces que recibieron la apelación a ese mandato de detención decidieron que no había razones para mantener la prisión preventiva y les dieron comparecencia, pero esos tres vocales de la sala penal fueron destituidos por una injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial y ellos salieron a la televisión a denunciar con resolución en mano, demostrando públicamente que estaba juzgada a derecho, no pudieron anular la sentencia de comparecencia para estos más de 60 presos por este operativo, esta razia, esta redada macartista que hicieron y sin embargo siguen procesados y con impedimento de salida”.

De todos modos, Sánchez Calderón pidió sí agradecer a una serie de “personalidades democráticas” que se han pronunciado públicamente ante las denuncias efectuadas por la comisión: “por ejemplo ante la destitución de los jueces y en defensa de la independencia de poderes se han pronunciado una serie de personalidades, cuyas declaraciones se encuentran en internet, en las páginas de las organizaciones que están recogiendo firmas, donde hay una gran cantidad de prisioneros políticos que fueron liberados una vez que cumplieron su condena, y mencionamos también periodistas, constitucionalistas, el decano en un momento del Colegio de Abogados de Lima y otras personalidades. Sin embargo salen un día en los medios de información, recogemos de ahí sus declaraciones pero ya no vuelven a salir por el control monopólico que hay de dos grupos de dueños de la prensa en el país, que a consuno con los políticos reaccionarios empiezan a hacer todo este movimiento”.

Las leyes de la persecución

En el marco de la campaña que está realizando por distintos países latinoamericanos, la comisión denuncia especialmente una norma ya aprobada y dos proyectos de leyes que está impulsando el Poder Ejecutivo: “han aprobado la ley de conspiración para el terrorismo, un nuevo tipo penal que no está en la legislación, que contraviene la propia jurisprudencia del tribunal constitucional que ha dicho claramente que cuando se ganó esta constitucionalidad que los tipos son tres, este es un cuarto que no existe, que no tiene ningún sustento porque tiene ya 23 años de terminado el conflicto interno, porque no hay ningún hecho que configure el tipo penal, como decimos los abogados, y peor aún es que este principio de lesivilidad – que no existe – ha afectado la situación de los hechos que se están imputando o presuntamente contemplando dentro de la configuración del delito de conspiración para el terrorismo. Además tenemos que mencionar que en el código penal peruano no existe una definición de qué es una conspiración, no existe, ¿entonces qué cosa es conspiración para el terrorismo? Es un tipo penal abierto por lo tanto entra todo, y lógicamente es una espada de Damocles junto con toda la legislación antisubversiva para todas las luchas del pueblo peruano, en particular para los presos políticos, ya que cualquier reunión puede ser determinada como conspiración y son 6 años de detención preventiva, por todo el proceso para presentar candidatos, para encabezar partidos políticos pueden estar presos. Una segunda cuestión que han hecho es la regresión del sistema penitenciario de los presos políticos, aparte de la negación de beneficios penitenciarios, resulta que han modificado el código de ejecución penal, con un objeto bien preciso, los prisioneros políticos del penal de Piedra Gordas de alta seguridad, máxima seguridad, en un régimen cerrado especial, habían venido progresionando gracias al tratamiento penitenciario de estudio y de trabajo a régimen ordinario. Estando el régimen ordinario, a todos ellos lo que les corresponde es igual que los anteriores que ya han sido trasladados a otro penal de régimen ordinario como el Canto Grande, el de Castro Castro, así se llama el Penal, el distrito de San Juan de Lurigancho y el sector de Canto Grande, donde hay mejores condiciones de estudio y trabajo porque en ese penal, como ningún otro se ha convertido en una fábrica y en una universidad, yo mismo me he titulado ahí, he salido de la prisión hace algunos meses y estoy asumiendo la defensa de prisioneros políticos, tras 20 años de prisión, de manera que deberían haber pasado a ese penal sin embargo han dado expresamente esta modificación del Código de Ejecución Penal donde dice, entre otras cosas, que los presos por terrorismo que están ligados a organizaciones criminales no pueden salir del penal de máxima seguridad donde están aunque hayan progresionado en su tratamiento penitenciario, o sea el tratamiento no sirve para nada, la opinión profesional de los técnicos del INPE no sirve para nada, el esfuerzo de estudio y trabajo no sirve para nada, sigue la venganza porque consideran que son ex dirigentes del Partido Comunista del Perú que inició esta lucha armada, entonces están nuevamente juzgando, doble punición, doble pena, no solamente a los que están en prisión, sino también a los que están fuera, porque los están juzgando nuevamente. Los otros dos son proyectos de ley que ya están aprobados en las comisiones del Congreso y que van a pasar al pleno para su aprobación; el primero establece que todos los prisioneros que han salido por motivos de terrorismo no pueden participar de las elecciones como candidatos, ni pueden encabezar partidos políticos, entonces es una ley de proscripción política, ya no solamente exclusión de la sociedad, expresamente contra determinadas organizaciones políticas, donde una buena parte, no todas, son ex prisioneros políticos. El otro proyecto es el de muerte civil, que implica que si no has pagado la reparación civil entonces no tienes derecho a participar de las elecciones ni a contratar civilmente con nadie, ni con el Estado. Quien estuvo preso le han puesto en su condena unas reparaciones civiles exorbitantes, al doctor Abimael Guzmán le han puesto 3.700 millones de soles, a otros presos cientos de millones, ¿quién puede pagar una reparación civil de ese tipo? Son impagables y encima los excluyen de la sociedad. Eso es inconstitucional, violatorio de la convención americana y los tratados que Perú ha firmado, es violatorio de la carta de la ONU de derechos humanos”.

Las razones de la persecución

Sánchez Calderón mencionó además las razones por las que la Comisión considera que el Estado peruano se ha apurado a enviar estas leyes en contra de los prisioneros políticos: “lo primero es que con esta redada macartista, inquisitorial, no pudieron mantener a ninguno en prisión y las organizaciones nuevamente están recogiendo firmas y ya tienen creo que 400.000 y apuntan a 800.000 y hay un apoyo masivo, entonces están preocupados y esa es una de las razones, no pudieron destruir a las organizaciones que pretenden inscribirse en las elecciones como es su derecho establecido. En segundo lugar, sucedió la lucha y la masacre en Las Bambas, que es un proyecto minero que el Estado peruano considera un proyecto estrella y en donde han asesinado a 3 campesinos y han herido a una gran cantidad por bala, cuando supuestamente estaba prohibido disparar, sin embargo esta lucha ha puesto en tela de juicio el que el gobierno ha levantado una serie de vallas del control del medio ambiente y la población ha protestado. Han tenido que paralizar el proyecto y eso le ha significado al gobierno lo que venía publicando con bastante bombos y platillos que ese proyecto implicaba el 1,5% del PBI, en un momento en que la economía se está desacelerando como en la mayoría de los países de Latinoamérica y el Perú más aún está en riesgo de recesión entonces esa paralización hace inminente esa recesión, y ya imaginamos a quién le echan la culpa… a los presos políticos. No quieren asumir la responsabilidad de lo que están haciendo, están con el neoliberalismo abriendo puertas, levantando a costillas de la agricultura, a esquilmación de los recursos naturales del Perú, de la población y le echan la culpa a otro. El tercer punto (por el cual se han apurado a dar estas medidas represivas) es que salió en libertad el prisionero político Peter Cárdenas Schulte, de la base naval del Callao. Cuando salió la prensa monopólica empezó a gritar en todos los idiomas que el Estado debía aprobar leyes para impedir que este tipo de liberados participen en las elecciones y lleguen al Congreso y eso es lo que están haciendo ahora”.

Hacia el final de la entrevista con Enredando las mañanas, Miguel Sánchez Calderón agradeció especialmente al ex presidente de Uruguay, José Mujica, por haber firmado la carta dirigida a Ollanta Humala, que la Comisión está haciendo circular para que el gobierno cierre el penal militar de la base del Callao. También agradecieron a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, entre otras organizaciones sociales y de derechos humanos del país.

Tras la visita a Enredando las mañanas, la Comisión tenía aún por delante diversas actividades en la Ciudad de Buenos Aires, luego de su paso por la provincia de Córdoba durante la semana anterior. A los familiares y abogados se han sumado distintos artistas como el grupo de teatro Aroma de Octubre. Además, han traído productos de arte y artesanías, como cerámicas, pinturas, adornos, libretas, postales, hechos a mano por prisioneros políticos. Su venta les está permitiendo financiar los gastos de esta campaña, que seguirá su camino por otros países de Latinoamérica para continuar denunciando y difundiendo la situación de los más de 300 prisioneros políticos de Perú.