El nuevo Código Civil y la privatización del Camino de Sirga

Entre las modificaciones realizadas al Código Civil, que entró en vigencia el sábado 1ero de agosto, se encuentra el artículo 1974 que regula el Camino de Sirga, que es el espacio público que se encuentra a la vera de los cursos de agua destinado a actividades sociales. Este cambio, invisibilizado, reduce este espacio de uso público de 35 metros a 15. En la emisión del martes 4 de agosto de Enredando las mañanas dialogamos con María Fernández Benetti, integrante del Colectivo de Abogados Ambientalistas, sobre esta reforma que, en su criterio, regula este espacio social a favor de privados y emprendimientos inmobiliarios.

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“Sobre la reforma del Código Civil se habló mucho, pero poco en lo que refiere a las modificaciones del Camino de Sirga. Creo que no se está viendo el impacto y la pérdida que se da con esta reforma legislativa. En la anterior redacción del Código nosotros teníamos un camino a ambos lados de cualquier curso de agua de 35 metros, al que se llamó Camino de Sirga porque en el momento en que se redactó el código civil, hace muchos años, se estableció dejar ese espacio para el acceso a los ríos por el tema de navegación, maniobra de barcos y demás, pero con el tiempo ese artículo, que como todo el derecho es dinámico y va tomando el cambio social, fue interpretado como mucho más que el uso para fines navegables, entonces esos 35 metros no solo cumplían esa función de acceso al río para navegar sino que también tenía funciones culturales y ambientales muy importantes”, explicó María Fernández Benetti, del Colectivo de Abogados Ambientalistas, a Enredando las mañanas.

“Los propietarios, sea el Estado o privados, – continuó – que tenían un terreno aledaño a un río sabían que en esos 35 metros no podían edificar ni hacer nada ya que tenían que dejarlos limpios porque generalmente esos metros, que se llaman valles de inundación o que nosotros llamamos ecosistemas de transición y ecosistemas frágiles, son reservorios de diversidad y funcionan, por ejemplo, como aliviadores del agua en caso de desborde”.

Fernández Benetti destacó que en muchas provincias argentinas estos ecosistemas son lugares de disfrute de la población: “en Entre Ríos, Santa Fe, provincia de Buenos Aires en toda la zona del Delta, es común bajar al río, meterse al agua, hacer un picnic en la costa, ponerse a tomar mate bajo los árboles; no necesitás pagar una entrada o ser socio de un club privado porque se podían disfrutar esos espacios. Todo esto tiene un valor y no se está viendo todo lo que estamos perdiendo”.

En este marco, la abogada se refirió a un dictamen publicado por el Colectivo que integra: “allí decimos que si multiplicamos los 35 metros de cada lado, que serían 70, por los kilómetros de extensiones de cursos de agua que tenemos es como una gran privatización de un espacio que podíamos decir que si bien era privado era de uso público, entonces vos tenés lo que se llamaba una restricción al dominio, ahora se privatiza eso; el privado recupera ese terreno sin ningún tipo de indemnización al colectivo social, nosotros consideramos el acceso a los ríos y a las costas como un bien común, como un bien no comercializable, hay toda una carrera en nuestra legislación que va, por un lado, en contra de todas las normas ambientales, contra todo resguardo ambiental, toda protección ambiental, y por otro lado va por el lado de privatizar todo y que nosotros tengamos que pagar para cualquier tipo de disfrute de estos bienes comunes. Eso ya se estaba viendo en Patagonia, ya no se estaban respetando esas normas, y todo esto tiene una explicación económica, todo el boom de los barrios náuticos y del desarrollo inmobiliario a la vera de los ríos, en el Delta, en Entre Ríos, todos tienen esta explicación porque todos tenían funcionamientos legales, y no se están respetando los 35 metros, para legalizar a toda esta gente, todos los bares ilegales de Costanera, hay muchísimos ejemplos, se cambia el Código Civil y se legaliza todo y ganan las empresas, el boom inmobiliario, y pierde el colectivo social”.

A partir de este nuevo código el Camino de Sirga pasa de 35 a 15 metros, que solo podrán utilizarse para temas referidos a la navegación: “según la interpretación que nosotros le estamos dando, hoy día cualquier terreno aledaño a un curso de agua, sea privado o público, sea el Estado el dueño tampoco tiene obligación de darle un pase a cualquier persona para que pesque o se meta al río, entonces nosotros nos preguntamos cómo la gente se va a meter al río, algo que para nosotros por ahí en la Ciudad de Buenos Aires no es un hecho común, nadie va y se mete al río, pero en todo Entre Ríos y en un montón de lugares, forma parte del cotidiano y forma parte de los veranos de la gente meterse al río, por ejemplo”, agregó Fernández Benetti.

En cuanto a las medidas a tomar desde el Colectivo de Abogados Ambientalistas ante esta modificación, la letrada adelantó: “nosotros consideramos a este artículo absolutamente inconstitucional. Desde la Constitución de 1994, cualquier acuerdo internacional que firme la Argentina tiene el mismo escalón que la Constitución, entonces tenemos pactos y acuerdos internacionales que ha firmado nuestro país en los que se garantiza, por ejemplo, el principio de progresividad para las leyes ambientales, entonces toda ley que venga tiene que ser más garantista y mejorar, y no empeorar las condiciones como ocurre en este caso. Estamos entonces preparando una presentación de inconstitucionalidad y nos vamos a basar además en todas las interpretaciones que se vienen haciendo de lo que era Camino de Sirga hasta el momento de la reforma, como el caso de la Cuenca Matanza Riachuelo, un caso famoso de la Corte que se llama Mendoza, donde se dio una interpretación  de lo que era el Camino de Sirga otorgándole estos servicios ambientales que presta. Hay mucha jurisprudencia y tratados internacionales, así que vamos a presentar un amparo pidiendo la inconstitucionalidad de la norma”.

En este sentido, Fernández Benetti aseguró que lo más importante es la presión social: “que la gente entienda lo que implica esta reforma que no es una reforma más, que es una privatización, que mercantiliza los bienes comunes, si hay apoyo de la gente, del pueblo, vamos a tener éxito en estos reclamos. Nosotros que estamos en el tema ambiental tenemos un análisis de este nuevo Código bastante crítico, como el no derecho al agua, que consideramos medular respecto al desarrollo de nuestro país”.