Colombia: “mientras se habla de paz están construyendo cinco megacárceles”

Jaher Torrado, integrante del equipo de abogados de Pueblo, nos visitó desde Colombia para hablar con Enredando las Mañanas acerca de los nuevos presos políticos y de la situación en las cárceles en general.

“Bajo el disfraz de la democracia podemos identificar que la criminalización da para que continúen múltiples casos de detenidos por razones políticas”, comenzó relatando Torrado y se refirió a los trece compañeros del Congreso de los pueblos que  se encuentran detenidos de manera arbitraria: “consideramos que es un ataque y persecución sistemática al movimiento popular”.

“Tenemos 15 compañeros de diferentes perfiles profesionales detenidos, y los motivos de la detención son bastante oscuros”, remarcó el integrante de Abogados del Pueblo: “la fiscalía no ha sido clara en determinar cuáles son las causas de la detención” dijo y remarcó que “en principio los medios nacionales tradicionales anunciaron que eran por atentados terroristas ocurridos en Bogotá con grandes cantidades de explosivos, sin embargo después durante las audiencias se logra determinar que no guardan relación alguna con estos hechos”. Apuntó que “al parecer se les señala de participar por una manifestación dentro de la universidad nacional pero hasta el momento no hay certeza de esto; sin embargo es de notar que la respuesta del movimiento popular ha sido de total respaldo” y añadió que “dentro de las pruebas que se les esgrima, están algunos libros sobre marxismo; frente a esto, todos estos días, las organizaciones sociales han estado muy activas”.

“El tema de los presos políticos pasa por la criminalización del movimiento popular y social, y esa estigmatización que los señala como parte de la insurgencia es lo que lleva a que estas operaciones se den”, aseguró el abogado: “la difusión que se dio en los medios no fue la misma que se recibió cuando la fiscalía determino que no tuvieron nada que ver con los atentados en Bogotá” y remarcó que “en los medios hegemónicos hubo un boom publicitario de que se habían capturado a los grandes terroristas vinculados principalmente con el ELN; más adelante el mismo ELN en un comunicado dijo que no hay ninguna relación entre estas personas y  sus fuerzas, y esto en los medios no hizo eco”.

Jaher Torrado  contó que “en Colombia cada día se están produciendo más detenidos por razones políticas”. A este agregó que “no solamente personas combatientes que son detenidas, sino que también líderes sociales y populares que constantemente viven esta criminalización y que terminan dentro de un sistema carcelario que el mismo Estado colombiano ha reconocido que está por fuera de su rango constitucional”. También dijo que  “la misma corte constitucional ha dicho que la situación en las cárceles es tan grave que hay una figura que se llama ´estado de cosas inconstitucional´ y esto es que a las personas de las cárceles no se les garantizan los derechos que tiene nuestra constitución” y lamentó que “estos jóvenes, líderes feministas, populares, comunicadores alternativos, estudiantes universitarios,  van a encontrarse con la dura realidad carcelaria”.

“La situación de violaciones a los derechos humanos dentro de las cárceles en Colombia es una situación de vulneración sistemática; cada vez hay más complejos carcelarios, y cada vez hay más delitos penales por lo que un ciudadano puede ir a la cárcel, por ejemplo, la ley de seguridad ciudadana, que es una ley que puede llevar una persona a la cárcel por obstruir una vía publica en una manifestación”, dijo Torrado: “este tipo de normas han llevado a que las cárceles tengan altísimos índices de hacinamiento”.

Sobre la la ley de seguridad ciudadana, el abogado relató que “se da en el marco de grandes movilizaciones sociales y populares; entonces, mientras los movimientos buscan organizarse y hacerle reclamos justos y puntuales al gobierno nacional, el congreso aprueba este tipo de normas para frenar esa movilización: las personas salen, pero temen esa judicialización”.

Mientras definió las cárceles como “centros de tortura”, el colombiano se refirió a la “extradición”. Dijo que “es una figura que históricamente ha tenido un fuerte impacto en la historia reciente de nuestro país y eso va muy de la mano con la posición de los Estados frente a las relaciones con los Estados hegemónicos, como EE.UU.” y aseguró: “no estamos de acuerdo con la extradición de colombianos a los EE.UU. porque violenta la soberanía nacional, afecta gravemente el derecho de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y es una manera de acallar y cooptar el derecho a la verdad”. También dijo que con la extradición “se violentan las garantías judiciales de las personas requeridas por gobiernos extranjeros, provoca una desintegración familiar y hace que las personas no sean juzgadas dentro de su país con el fin de resocialización, aumenta el riesgo de tortura y otros tratos crueles y degradantes, puede también constituir un ataque a la eventual solución política al conflicto” y remarcó que el número de solicitudes de extradición aumenta año a año: “es una política para no perder ciertos acuerdos de financiación”.

Torrado también fue consultado por el proceso de paz: “veníamos de un momento en que el cese unilateral por parte de las FARC había tenido algo de eco y habíamos logrado cierta calma; sin embargo vinieron más ataques y lo que podemos identificar es que se está hablando de paz, pero por otro lado se está atacando al movimiento popular; mientras se dialoga con la parte armada se ignora al movimiento popular, se lo criminaliza” y aseguró: “mientras se habla de paz están construyendo cinco megacárceles”

“No estamos hablando solamente de detenciones arbitrarias sino también de ejecuciones extrajudiciales”, remarcó el integrante de abogados del pueblo: “vemos muy tensionante la situación actual de l proceso y hacemos un llamado a tener el compromiso con la salida al conflicto de manera dialogada, a esta negociación y a un eventual acuerdo político al conflicto colombiano” que definió como “un conflicto social y armado” y “estamos negociando solamente parte de ese conflicto, que tiene un trasfondo social”.  Dijo que “falta aun involucrar todo el movimiento social y popular, a las demás insurgencias, se ha quedado en diálogos exploratorios; esto también pasa por la reflexión por parte del gobierno colombiano de tener en cuenta que el desescalamiento del conflicto fue el momento del proceso de paz en el que más tranquilos estuvieron en los sectores urbanos” y contó que tras movidas mediáticas la ultrderecha pidió que se reactiven los bombardeos: “lo fácil que resulta pedir más bombardeo desde la seguridad de tu edificio…”

“El efecto de lo simbólico, del etiquetamiento social, es tener un prejuzgamiento que sirva para fines políticos”, analizó Torrado: “si todo un país está relacionado con el narcotráfico, vas a poder pedir recursos para luchar contra el narcotráfico”.

Para finalizar, el abogado dijo que hay que empezar a “caracterizar el conflicto colombiano como lo que es, es un conflicto social con fuertes raíces en las profundas desigualdades que vive el país, en las profundas brechas que tiene la sociedad”, puntualizando en que “los monopolios y las grandes  fuerzas hegemónicas se manifiestan en contra de una salida negociada de ese conflicto, porque implicaría la participación política de muchos sectores de la sociedad que han sido históricamente excluidos”.

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