Revocaron el sobreseimiento de los policías imputados en la causa Fuentealba II (Entrevista a Sandra Rodríguez)

En el marco de la causa conocida como Fuentealba II, donde se investigan las responsabilidades políticas y policiales del asesinato del docente Carlos Fuentealba durante una protesta gremial el 4 de abril de 2007, el Tribunal de Impugnación del Poder Judicial de Neuquén revocó el sobreseimiento de los 15 policías imputados. La impugnación fue impulsada por Sandra Rodríguez, compañera de Carlos Fuentealba y madre de sus dos hijas, como querellantes. En la emisión del Enredando las Mañanas del miércoles 22 de abril, dialogamos con Sandra sobre estas últimas novedades.

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Esta decisión del Tribunal deja sin efecto la resolución de la jueza neuquina Ana del Valle Malvido, quien el 5 de septiembre pasado dispuso el sobreseimiento de los 15 imputados en la causa, entre los que figuran el ex subsecretario de Seguridad Raúl Pascuarelli, y los ex jefe y subjefe de la policía provincial Carlos Salazar y Moisés Soto.

En el Enredando las Mañanas del miércoles 22 de abril, conversamos con Sandra Rodríguez, quien se encontraba en Buenos Aires por cuestiones vinculadas a la causa judicial y recordaba esos días: “2014 fue un año muy duro, más con este fallo de intento de sobreseimiento para los 15 policías que estaban imputados en la causa Fuentealba II. Ellos están con cargos que tienen que ver con conductas que se atribuyeron a posterior del asesinato de Carlos. Nunca fueron cargos que tenían que ver con lo previo, aún cuando justamente Darío Poblete es parte del operativo y ejecuta órdenes de supuestos jefes y del ex funcionario, subsecretario de seguridad del  gobierno de Sobisch, que es el Sr. Pascuarelli”.

A raíz de la decisión judicial de Malvido, Rodríguez decidió presentar un recurso: “fuimos a una audiencia de impugnación que se concretó recién el 7 de abril pasado. Una audiencia muy larga, de seis horas, muy agresiva, muy violenta, en la que jugó un papel lamentable la figura del Ministerio Público Fiscal, que viene sosteniendo durante años estas imputaciones menores a los policías y que por el otro lado actuó siempre a favor de la defensa, nunca en relación a promover la investigación. Por eso, para nosotros ha sido muy duro poder llegar a esta instancia. Es muy significativo lo que pasó ahora. Para nosotros, es un importante paso adelante, porque nos permite ir a una audiencia pública en la cual nosotros podemos reformular cargos contra los policías y demostrarles lo que ocurrió aquel 4 de abril de 2007”.

Entre tanto, los tiempos de la justicia sigue fijándolos la burocracia: “ahora hay diez días hábiles desde el día de ayer (martes 21 de abril), en donde la defensa puede llegar a plantear una impugnación o una apelación al Superior Tribunal de Justicia. Habrá que esperar ese tiempo, porque ya nos avisó Lucero, que es el defensor de los altos jefes policiales, que va a apelar al Superior Tribunal de Justicia. Después hay que ver qué discusión tenemos con el propio tribunal sobre este aspecto, si va a aceptar la impugnación de la defensa o va a mantener la posición que han tenido estos jueces de impugnación”, expresó Rodríguez.

“Nosotros creemos –continuó Sandra– que va a existir una audiencia pública, porque tenemos un nuevo código procesal penal desde el 2014 y todo lo que antes era formular cargos y todo lo que iba por escrito y se llevaba todo ese tramiterío burocrático, hoy se hace oralmente en una audiencia pública, que es bastante favorable y tiene tiempos más cortos. Eso no garantiza que tengamos cuestiones serias con lo que se trate, porque también tiene algunos inconvenientes, cuando no hay voluntad política ni jurídica de investigar los hechos al haber tantos responsables del estado provincial involucrados. Nosotros en esta reformulación de cargos vamos a volver a llamar a indagatoria al ex gobernador Jorge Sobisch”.

Sandra Rodríguez enmarcó el asesinato del maestro en una violación a los derechos humanos de todxs lxs docentes que se movilizaron el 4 de abril de 2007. “Lo más importante de todo esto –explicó-, es que esta causa implica una represión a más de 800 compañeros que estuvieron en riesgo de muerte. Cuando uno pide justicia por Carlos, también está pidiendo justicia por todos esos compañeros. Esto no se puede sacar de contexto, por eso nosotros sostenemos que es una causa que viola los derechos humanos, tiene esas características porque la seguridad del estado fue utilizada contra el ciudadano, contra el civil como se lo llamaba en otras épocas. Y los argumentos, lamentablemente, de la defensa y del propio Ministerio Público Fiscal de Neuquén, deben rever ese posicionamiento con argumentos típicos de la época de la dictadura. Esto va a tener también su costo político para estos personajes”.

Con estas definiciones, pidieron el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes hoy acompañan la causa con sendos amicus curiae. “Eso implica –señaló Rodríguez–, que por lo menos desde la forma legal, que no tiene que ver con el acompañamiento social que es mucho más grande todavía, van a acompañar este nuevo proceso de la causa y una no se siente desde lo legal tan sola”.

La fortaleza de Sandra, visible desde aquel primer y doloroso día, sigue impactando: “Creo que hay que interpelar a la justicia, llevarla al máximo de lo que se pueda, no bajar los brazos desde lo más personal hasta lo más político para poder encontrar y llegar a un juicio donde se investigue y se garantice el derecho a saber la verdad. Ayer no lo podía creer Camila, que hoy va a cumplir 23 años, y Ani que ya va a tener 18. Son mujeres y han atravesado toda la adolescencia viviendo esta terrible injusticia, sin poder acceder a la verdad real de ese día, del 4 de abril de 2007”.