Salta: El pueblo de El Galpón pelea contra la instalación de una planta de nitrato de armonio

La semana pasada, la Corte de Justicia de la provincia de Salta rechazó un amparo colectivo interpuesto por un grupo de ambientalistas contra la instalación de la fábrica Nitratos Austin S.A. La misma pretende ubicar en la localidad de El Galpón una planta de nitrato de amonio, sustancia que se utiliza para fabricar explosivos para megaminería. Para el Tribunal, «no se acreditaron los presupuestos de admisibilidad del amparo». En la emisión de Enredando las Mañanas del miércoles 1ero de abril, nos comunicamos con Carlos Pagano, integrante de la Asamblea de Autoconvocados de El Galpón, para conocer más en detalle la lucha que viene sosteniéndose en la localidad salteña y los alcances del fallo.

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En relación a la decisión de la Corte de Justicia de Salta, Pagano comentó: «es un enredo bastante complicado, pero a su vez tiene una claridad meridiana, que está en que el fallo de la justicia lo que ha hecho es avalar el rechazo por parte de un juez -Sebastián Fuccio- a un amparo, ni siquiera con seriedad. Ahora inmediatamente se ha pasado, porque estaba hecha la reserva, a la Corte Suprema de la Nación». Allí, explicó el integrante de Autoconvocados, el amparo cuenta «con bastantes probabilidades, por la simple razón de que consistió en un principio precautorio frente a las perspectivas que tiene esta planta desde lo ambiental, que son altamente negativas y además muy peligrosas”.

“Es una planta de explosivos y hemos visto volar varias de esas, por ejemplo en Tolouse (Francia) en el 2006 y en el 2013 en Texas, una planta que era antes de la misma empresa, Austin Powder. Nada más que la Austin de Salta es medio local, medio argentina», agregó Pagano. La firma local es subsidiaria de la multinacional norteamericana Austin Powder.
Como en otros conflictos socioambientales en el país, la anuencia estatal es inocultable: «el hecho es que hay una voluntad muy cerrada por parte del estado provincial, que hay alguna parentela política entre un hermano del gobernador y un gerente de la compañía. El hermano es José Urtubey, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. Entonces está hecho el enredo muy profundamente a nivel político y lamentablemente nuestra corte de justicia no es dependiente, sino súperdependiente del poder político. No hay en ese sentido, el principio elemental democrático de tener la garantía de la justicia», expresó Pagano.
Sin embargo, las expectativas de lxs Autoconvocados se basan en que «el fallo del fallo, el error grave, la trampa tremenda del fallo, es que no ha considerado algo muy importante, que es un informe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de la propia Corte de Justicia de Salta, largo, detallado y absolutamente negativo respecto de la instalación de la planta por una serie interminable de detalles (…)  No lo toma en cuenta, directamente. Ahí está el problema de que la Corte está totalmente sometida y genuflexa con respecto al poder ejecutivo».
Entre otras cuestiones, el estudio establece que «no hay un informe técnico de impacto ambiental aceptable. Por otra parte, hay detalles como que la maquinaria de la planta ha ingresado al país sin ningún tipo de autorización oficial». En relación a esto, Pagano manifestó su indignación: «Son totalmente obsoletos, estaban parados en Bolivia donde los iban a instalar y los han rechazado, y luego vino a Salta con el argumento de que la elección de la zona donde se iba a instalar, una de las razones es que no sólo había agua, sino que la gente es tranquila y que no iba a rechazar. Pero sí hay un rechazo, un tranquerazo en la puerta de la planta».
«El tranquerazo –continuó Pagano– no corta la tranquera de la entrada. La cortó poco tiempo y hubo allí una serie de movidas en las que ha intervenido el juez que rechazó el amparo, que es un juez regional de Salta, de Metán. Este juez es completamente proclive a admitir la planta. Es un juez que además es parte».
Otro de los argumentos legales para sostener la no instalación de la planta se relaciona con el lugar de donde «sacan agua, de un canal derivador del dique del Tunal, cerca de la localidad de El Tunal, que pertenece al complejo Cabra Corral y que está dentro del cauce del río Juramento, que es importante porque es luego el río que va a dar al Paraná, al Salí y que alimenta de agua a muchas poblaciones rivereñas de la provincia de Salta, Santiago del Estero y una parte de Tucumán». «El problema –continuó Pagano– es que la ley de creación y hechura del dique de El Tunal indica la prohibición del uso industrial del agua, pero la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, a cargo del ingeniero Fuertes, le ha dado  la idea -según declaraciones de la propia empresa-, a la empresa de que saque el agua de ahí. Entonces, en una zona prohibida para usar agua para la industria, es el estado público el que debe garantizar las leyes, por una parte, y que eso ha jurado. O sea que está faltando gravemente a sus obligaciones de funcionario público».

Próximos pasos

La reacción de los amparistas no se hizo esperar, y el trámite «ya está presentado ante la Corte Suprema de la Nación, ahora hay que esperar que la Corte se expida. Primero que le dé la viabilidad, pero están dadas todas las condiciones para que la Corte lo trate y resuelva.
No tenemos datos concretos para poder dar una fecha de esta resolución, es cuestión de estar al tiro, como dicen los chilenos, y ver qué pasa».
Pagano agradeció la difusión del conflicto, y planteó las dificultades para que trascienda a nivel nacional esta situación: «se está tratando de ver en Salta si no se va a hacer una ida a Buenos Aires en algún momento. Pero, de todos modos, ya es difícil que vaya la gente a la ciudad de Salta. Hubo manifestaciones en el propio edificio de la Ciudad Judicial, donde funciona la Corte, pero no es fácil».

El nuevo coloniaje extractivista

Pagano, docente de la Unsa y la UCS, reflexionó acerca del contexto en el que se da el reclamo de lxs habitantes de El Galpón: «Diariamente y a lo largo y ancho del país, es el nuevo coloniaje, que no es nuevo pero está más ahondado en todo sentido. Primero, en incidencia negativa, segundo, en poder político, económico, represivo y de criminalización de la protesta. Hay procesos también a gente honorabilísima de El Galpón, por ejemplo, directoras de escuela jubiladas, que han estado en la lucha comprometidas. Han tenido que poner los dedos, las huellas en procesos penales en el Poder Judicial, están ahí defendiéndose y tratando de salir de eso, una cosa de locos. Y así mucha gente que a lo largo y ancho del país estamos con ese problema, están nuestros hermanos originarios qom en el Obelisco en Buenos Aires, no los quiere escuchar el gobierno nacional y popular, no escucha al pueblo. Tenemos una problemática de una entrega absoluta y creemos que nuestra existencia está amenazada, la de nuestros hijos y nietos y de los hijos y nietos de esos funcionarios entregados, inconscientes, completamente oportunistas, trabados con las coimas y el poder de estas multinacionales inescrupulosas que saben que con mucho dinero se puede comprar mucha voluntad. Pero lo que nunca van a poder comprar es ni la vida, ni la salud, ni el asegurar las fuentes de la vida».
Por esas razones, sostuvo que estas cuestiones no deben verse como de preocupación local, sino que «son de todo el país, de todos nosotros, de todos los oyentes, incluso de todos los indiferentes».