Usurpación de comunidades indígenas. Un diálogo con Verónica Huilipan.

En el Enredando las Mañanas del viernes 13 de febrero, dialogamos con Verónica Huilipan, integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén y del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, acerca del avance de las empresas privadas sobre los territorios de las comunidades mapuches Neuhen Ñuque Mapu y Cayupan. Verónica, además de contarnos los casos puntales en las provincias de Río Negro y Neuquén, abordó la vulneración de derechos que sufren los pueblos y comunidades indígenas en el resto del país, así como los desafíos del pueblo mapuche en su lucha por la autodeterminación territorial.

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Verónica Huilipan nos habló de las comunidades Newen Ñuque Mapu y Cayupan que vieron sus los territorios alambrados por privados, tanto en las provincias de Rio Negro como de Neuquén. “Aún cuando la geografía separa a los territorios por más de 900 kilómetros, son dos situaciones iguales y tiene que ver justamente con un proceso sistemático de usurpación territorial por parte de privados con comunidades mapuche. En el caso de Neuquén, es decir, la comunidad Cayupan, cercana a la comunidad de Zapala, han invadido parte del territorio de Veranada por parte de un privado que llegó de buenas a primeras ostentando un título de propiedad que nadie sabe de dónde lo sacó. Por lo tanto, se acusa como un título de propiedad fraudulento. Porque para que tenga título de propiedad dentro de territorios comunitarios, tendría que haber sido la comunidad quien le vendió a esa persona. Sin embargo, no es así. Y estas personas llegan y se instalan. Primero, con toda la prepotencia que traen los especuladores de nuestros territorios, vienen con matones, generalmente son o amigos o aliados del poder político local, entonces cuentan con la venia del poder local. La situación que les tocó vivir a los hermanos de la comunidad Mariano Epulef, en Comayo, en la línea sur de la provincia de Río Negro también es una situación parecida. Las comunidades, desde toda la vida vivieron en un lugar, hay reconocimientos formales ya desde 1900. Estos datos son datos oficiales que dan cuenta de que las comunidades estuvieron ahí porque son datos que se encuentran registrados en el archivo histórico de la Nación, donde aparecen los primeros mapas catastrales de la región; así se sitúa en el catastro la ubicación de la comunidad. Por otro lado, hay papeles de gestiones que en esos años 1905, 1925, 1918, 1930, 1927 que han hecho las autoridades de ambas comunidades ante el gobierno Federal (porque en ese tiempo era territorio nacional todo) para el reconocimiento de las tierras en términos de propiedad colectiva. Aún así, los gobiernos actuales, tanto de la provincia de Neuquén como de la provincia de Río Negro, siguen desconociendo sistemáticamente este derecho que tienen las comunidades mapuche sobre su territorio. Esta situación no es aislada respecto de la situación territorial de los más de 30 pueblos indígenas que existimos hoy en el país. Porque ocurre lo mismo en la zona norte, en la región del NOA (Noroeste) permanentemente hay actos de resguardo y de asistencia territorial por parte de los hermanos coyas en el norte para defenderlo de especuladores que llegan al territorio ostentando títulos y diciendo que son dueños de un territorio que no conoce más gente que la propia gente de la comunidad que ha desarrollado toda una vida en ese espacio. Lo mismo sucede en la región del NEA (Noreste). Hay un caso emblemático para mostrar un poco lo que pasa en las provincias de Chaco y Formosa. Toda la situación que están viviendo los hermanos wichis, los hermanos qom, pilará, etc. Todo tiene que ver con cómo el gobierno de la provincia de Formosa ha hecho de la tierra pública (lo que ellos denominan la tierra pública, que en realidad es territorio comunitario indígena) una rifa al mejor postor. Y en esa zona, sobre todo, es donde se instalan los pool sojeros que son los que van invadiendo territorio comunitario y luego se provocan estas situaciones ya de crisis humanitaria. Hoy en la actualidad, que tengamos que tolerar todavía que se mueran hermanos por enfermedades curables, por desnutrición, es la lógica consecuencia de la desidia de los gobiernos provinciales que desalojan a las comunidades para favorecer a los amigos en función de su estrategia de desarrollo que tiene que ver con beneficiar a algunas familias en detrimento de comunidades enteras”.

Ante el hecho paradójico, la tensión de, por un lado, entender y ser conscientes de la complicidad estructural del Poder Judicial y, por el otro, verse obligados a apelar a la justicia para que no se profundice este proceso de despojo, Verónica asevera: “Creo que es una tensión lógica de un proceso de colonización tan grande con el que se vive, con el que se han conformado las instituciones estatales. Fijate que tenemos como dos caminos en paralelo que todavía no logran encontrarse. Por un lado, todo el marco jurídico de reconocimiento de derechos que existe en Argentina respecto de los pueblos indígenas, que es un marco jurídico, podríamos decir, de lujo; porque los derechos que se reconocen son los derechos que hemos venido demandando históricamente los pueblos indígenas y que por eso también hemos sido actores primarios a la hora de construir el actual marco jurídico de reconocimiento. Y, en paralelo, sigue una política pública y está basada justamente en una matriz cultural racista, colonial, que no le permite ver a los pueblos indígenas como sujetos de derecho para que sean actores primarios de la resolución de estos conflictos que el propio estado le va instalando dentro de los territorios comunitarios. En estas tensiones, nosotros incluso como pueblos originarios, en términos del movimiento indígena, nos hemos dado el tiempo de pensarnos entre nosotros, de pensar el Estado, pensar las instituciones democráticas, como para empezar a ofrecer propuestas políticas de transformación estructural de la política estatal para que haya inclusión del derecho indígena y a partir de ahí se empiecen a generar condiciones de un nuevo diálogo en el marco de la interculturalidad que existe en el país. La única manera de empezar a superar esa tensión tiene que ver con tomar decisiones políticas de fondo, tiene que ver con empezar a poner el derecho indígena como base fundamental, dejar de tratar el tema indígena como una cuestión de pobreza (y esto tiene que ver con la colonización, porque no es un mal que sólo afecte a los pueblos indígenas, sino fundamentalmente a las instituciones democráticas que dicen ser progresistas), dejar de ser un país colonial y empezar, de verdad, a general condiciones de diálogo político con los pueblos indígenas. Este es el gran reto que tenemos”.

“De parte del Estado no hemos escuchado por ahora propuestas que motiven la posibilidad de una mesa de diálogo serio para empezar a tratar los temas de fondo y poner en discusión el tema de un ordenamiento territorial serio, transparente, para garantizar la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas. No se ha puesto en discusión el modelo de desarrollo estratégico del país para el conjunto de la sociedad argentina, incluyendo los pueblos indígenas. Ahí es donde nosotros vemos el mayor problema porque el producto de priorizar un modelo de desarrollo extractivista agro exportador, genera todo un proceso de criminalización y asesinatos contra los pueblos indígenas que resistimos y defendemos nuestro territorio”.

“Por parte de los pueblos indígenas, ya en el año 2005, le hicimos una primer propuesta política estructural al Estado federal, para que el derecho indígena sea política pública en el país. Los pueblos indígenas debatimos, nos encontramos, nos llevó más de un año y medio poder ponernos de acuerdo y plantear cuatro ejes fundamentales por donde nosotros consideramos que debe atravesar una transformación estructural de política estatal que tiene que ver con lo territorial, con los recursos naturales, con la educación en términos genéricos, no para los pueblos indígenas, porque eso es seguir mirando desde un punto de vista racista y paternalista; necesitamos que el sistema educativo se transforme en función de la realidad social que tenemos y donde estamos conviviendo las distintas culturas, incluida la argentina. Asimismo, plantear la necesidad del ejercicio del pluralismo jurídico, hemos pedido al Estado que reconozca los sistemas de justicia propios de los pueblos indígenas y también le hemos ofrecido debatir acerca de crear una instancia bisagra que articule entre ambos sistemas de justicia. Obviamente que ese sistema estatal necesita generar adecuaciones para poder ponerse a la altura de las circunstancias. El sistema judicial de Argentina tiene 200 años y fue traído por exportación desde afuera con una lógica completamente distinta a la realidad social actual del país”.

“Las tensiones de las que hablábamos, ponen en evidencia la incapacidad política de los funcionarios de poder ver a los pueblos indígenas como sujetos de derecho político, capaces de acompañar procesos de transformación profunda. Los políticos se vanaglorian abrazando las banderas de Evo Morales, presidente del único estado plurinacional que existe en el mundo en este período, y, sin embargo, aquí adentro cuando un pueblo indígena demanda reconocimiento se lo persigue judicialmente, políticamente y hasta se llega a asesinatos”.

En relación al marco normativo, en el informe de situación de los pueblos indígenas en la Patagonia de 2013, afirman en relación a lo que era el proyecto de reforma del código civil, que lo más grave es que este proyecto es promotor de desalojos indígenas y de condenas penales por usurpación. En relación a esto, Verónica afirma: “Otra vez la cuestión de la lógica colonial y racista con la que se administra este país. Gracias a la movilización política del movimiento indígena, al posicionamiento político de cada una de las organizaciones, logramos que el tema de la propiedad comunitaria se saque del código civil. Ese fue un triunfo político porque se pretendía regular al territorio comunitario como una cosa, un bien material. Y los territorios comunitarios no son sólo eso, son especialmente bienes culturales, espirituales. Por lo tanto no puede estar regulado por el código civil que regula cosas materiales en la lógica del uso individual. Eso es sustancial. El proceso de mayor criminalización contra los pueblos indígenas se dio desde el año 2009 en adelante, cuando asesinan al hermano diaguita de Tucumán, Javier Chocobar. Y donde han basado el alto nivel de persecución y criminalización fue justamente en el código procesal penal y en el código civil. Por eso las acusaciones no sólo son por usurpación, sino que aparecen causas por daño, por retener la posesión, etc. Distintas causas que son habilitadas por el código civil. Por eso también piden los desalojos, porque aparece un código civil que favorece la especulación inmobiliaria, el clientelismo y habilitan la usurpación de los territorios por parte de los amigos del poder”

Sobre el quiebre entre lo material y espiritual que menciona antes y sobre la posibilidad de avanzar en la reconstitución de los vínculos con el territorio chileno y fundamentalmente con el pueblo mapuche del otro lado de la cordillera Verónica afirmó lo siguiente: “Hay que mirar por un lado la cuestión estrictamente formal en materia de derechos y, por otro lado, la cuestión cultural, filosófica, espiritual religiosa que tiene que ver con las relaciones reales. La mayor parte de los pueblos originarios transfronterizos, somos pueblos que nunca hemos perdido la relación. Porque la relación está dada, primero y fundamentalmente, por las relaciones familiares que no son cortadas por límites geográficos, eso es una ficción. La realidad concreta es que la relación existió y existe. El intercambio de conocimiento, por ejemplo. Lo que sí se vio fue la fragmentación del ordenamiento territorial que teníamos como pueblo producto de la imposición ficticia de la frontera. Desde el punto de vista normativo, hemos avanzado a nivel internacional con el logro del reconocimiento de lo que es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En ese convenio, se deja especialmente normado el reconocimiento de los estados de los pueblos transfronterizos para que tengan libre tránsito en términos de comunicación y desarrollo. Lo que aquí también vemos es la debilidad en términos políticos porque es desde los funcionarios de la administración pública que no se alcanza a ver la importancia estratégica de esta norma y garantizar el libre transito de los pueblos originarios”.