Argentina Digital: entre la concreción y la abstracción

El investigador y periodista Martín Becerra calificó a la Ley Argentina Digital como un “compendio de buenas intenciones”,  durante la emisión radial de Enredando las Mañanas del pasado viernes 21 de noviembre. Esta normativa establece un marco regulatorio para las telecomunicaciones fijas y móviles, las redes de conexión a internet y la televisión por satélite.

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Enredando las Mañanas: ¿Cuáles consideras que son los puntos centrales de este proyecto y qué implica en las telecomunicaciones?

Martín Becerra: En la Argentina tenemos leyes sobre telefonía fija y móvil bastante viejas, la ley madre es del año 72 durante la dictadura de Lanusse. Tuvo modificaciones, ya no está vigente esa ley entera, cambió con los pliegos de licitación de Entel, cuando se privatizó en el 91, luego a partir de un reglamento bastante completo sobre telecomunicaciones del año 2000 durante la presidencia de De la Rúa,  y más cerca en el tiempo con un reglamento de la Secretaría de Comunicaciones sobre calidad de servicios, entre otras cosas, durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Por un lado tenemos un marco normativo que refiere a telecomunicaciones  y, por otro lado, uno que refiere a lo audiovisual,  la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual del 2009. Sabemos que estos sectores, el audiovisual y las telecomunicaciones, convergen cada vez más en los mismos soportes de producción y de distribución, son servicios que pueden viajar por un mismo cable. En muchos países esto está autorizado y  se llama servicios de triple play. En Argentina, esto no es así por las condiciones en que fue tramitada y negociada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 2009, que impidió que las telefónicas accedieran a dar servicios audiovisuales. El gobierno también impidió que las empresas del sector audiovisual dieran servicios de telefonía.

Entonces, con este proyecto de ley, el gobierno quiere ir integrando en una misma regulación tanto los servicios de telecomunicaciones como los servicios audiovisuales. Si bien esta sería una ley más bien de telecomunicaciones, regula todas las infraestructuras por donde se transportan los contenidos, ya sea televisión por cable, telefonía o conexiones a internet. 
Me parece que es necesario, ya que la Argentina no puede seguir sosteniendo un marco normativo que diferencie servicios. Sin embargo, desde mi punto de vista, el proyecto es muy incompleto porque plantea de manera muy abstracta una enorme cantidad de facultades que va a tener la futura  autoridad de aplicación de la ley, y que el proyecto no especifica. Es como darle un cheque en blanco a esa futura autoridad de aplicación y, por lo tanto, la ley es una especie de compendio de buenas intenciones del tipo “queremos que haya más inclusión social en telecomunicaciones…” Ese es un objetivo que seguramente todos los políticos, desde la izquierda a la derecha, comparten, pero que en la práctica no se sabe cómo va a ser aplicado. Eso es problemático.
Tampoco hay en el proyecto ninguna autoridad de control, esto significa que no hay previsión respecto a quién va a controlar al que aplique la ley. Se dice que las redes van a ser compartidas, es decir, se va a obligar  a los conglomerados telefónicos que tengan una  “posición significativa de mercado” a compartir sus redes, es decir, les obliga a alquilar las redes de telefonía , que son públicas,  a actores como cooperativas, pequeñas y medianas empresas, a precios que va a regular el Estado. Eso está bien, pero el proyecto no define lo que es tener una “posición significativa de mercado”, entonces va a quedar a discrecionalidad de la autoridad de aplicación.
Deja un montón de espacios vacíos. Es como jugar al tutti frutti, uno tiene un casillero que es “marcas”, por ejemplo, y adentro de ese casillero la autoridad de aplicación puede poner cualquier cosa mientras sea una marca.  Es muy impreciso, muy poco específico y, en el contexto en el que está la Argentina, y siendo el de las comunicaciones masivas un sector estratégico, una buena ley debería ser bastante más clara, con parámetros que puedan ser entendidos por todas las personas que la lean. No es el caso.

ELM: Tampoco está definida la autoridad de aplicación…

Martín Becerra: No, no está definida, sólo dice que va a depender del Poder Ejecutivo nacional. Yo hago una lectura política.  Muchos colegas dicen que esto de crear organismos colegiados sobre el control del Congreso de la Nación no funciona, que hay que darle más atribuciones al Poder Ejecutivo. Pero en materia de comunicaciones, el Poder Ejecutivo -desde hace 12 años cuando fue intervenida la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC)- tiene todas las atribuciones, todas las facultades, tiene la suma del poder público.
Sin embargo, si uno mira lo que ocurrió con las telecomunicaciones en los últimos 12 años, la Argentina se concentró muchísimo más. Hay muy pocos y enormes  grupos de telecomunicación que son incluso más grandes que los audiovisuales. Se extranjerizó la propiedad y la calidad de los servicios es espantosa. Las conversaciones telefónicas se cortan constantemente, el precio de las tarifas de internet es abusivo y solamente existen conexiones a una velocidad razonable en las grandes ciudades. Esta configuración de un sector concentrado, extranjerizado, con mala calidad de servicio, ha coexistido con una autoridad de control que depende exclusivamente del Poder Ejecutivo, no ha tenido control parlamentario o un control social más amplio, y así estamos.
Entonces, persistir en que sea le Poder Ejecutivo el dueño de la pelota, de las reglas de juego,  me parece que no es una buena práctica porque, por lo menos en los últimos doce años, no condujo a ningún tipo de mejora en el sector.

ELM: ¿Qué rol juega en este proyecto la neutralidad de la red?

Martín Becerra: El proyecto incluye una mención a la neutralidad de la red, que para mí es un buen principio en política pública en materia, sobre todo, de conexiones a internet, pero también lo es para telefonía fija y móvil porque establece que los operadores no deben discriminar los contenidos a los que accedemos los usuarios. Esta discriminación podría darse y se da por razones comerciales; por ejemplo, Netflix arregla con un proveedor de internet como Speedy o Fibertel para que los productos de Netflix corran más rápido y que los de la competencia, en el caso de que la haya, vayan más lento. Entonces, los usuarios terminan prefiriendo el servicio que les es más ligero. Se rompe el principio de neutralidad de la red y se discrimina el contenido.
Eso es por razones comerciales, pero también puede ser por razones políticas Por ejemplo, si hay un partido político u organización social que sea molesto para el gobierno de turno,  el gobierno puede decidir bloquear sus sitio o ralentizar el acceso, ordenándoles a buscadores y a proveedores de conexión que no los indexen o que sea difícil hallarlos, así la ciudadanía no se entera de nada de lo que diga ese proyecto social o partido.
El proyecto Argentina Digital incluye el principio de neutralidad de la red, pero lo hace -para variar- de una manera también bastante difusa y generalista.
Incluso, el Senado de la Nación, donde se está gestionando el proyecto, venía desde hace más de un año y medio trabajando con un proyecto de ley que era solo sobre neutralidad de la red. Varios profesores y especialistas que fuimos citados por el Senado les dijimos a los senadores que, ya que tenían ese trabajo que estaba bien hecho, incorporaran el dictamen que tenían sobre neutralidad de la red a este proyecto.
Algo de eso hicieron porque el proyecto de ley que envío el Ejecutivo de Argentina Digital tuvo modificaciones y en lo que refiere a neutralidad de la red mejoró bastante respecto a la redacción original, pero en otros aspectos, como en lo referido a la autoridad de aplicación, no mejoro nada.

ELM: ¿Entre esas modificaciones se incluyó si los que brindan servicios de telefonía van a poder brindar servicios de televisión digital abierta?

Martín Becerra: Era sobre servicios satelitales y de televisión digital abierta, que en principio no están habilitados para hacerlo. Lo que pueden dar es televisión por cable. La versión original del proyecto decía que podían dar cable y satélite, tipo Direct tv, que es televisión digital paga. En el dictamen del Senado se resolvió que los operadores telefónicos, como Telecom o Telefónica,  no van a poder dar televisión satelital y sí van a poder dar televisión por cable. Eso a los cableros les molesta  muchísimo porque para las telefónicas dar tv por cable es –entre comillas- muy sencillo.  Ya están cableados los hogares, Telefónica ya tiene Speedy en muchos hogares y con el mismo cable puede dar tv por cable. Lo que va a tener que estar regulado con los límites que establece la Ley de Comunicación Audiovisual, que va a seguir vigente. Esto modifica a esta última ley, ya que permite a las telefónicas dar servicios de televisión por cable, pero se conserva el límite de 24 licencias por cable, que van a tener que respetar.

ELM: ¿Cuál es el rol que juega el lanzamiento del satélite Arsat en este proyecto?

Martín Becerra: Hay un artículo que dice que se da la prioridad a los servicios satelitales del Estado, como Arsat. Ese artículo a muchos que estuvimos debatiendo este proyecto no nos queda muy claro. Además que tienen algunos problemas como la Organización Mundial de Comercio (OMC), que la Argentina integra, y que prohíbe ese tipo de proteccionismo.  Pero más allá del conflicto que va a tener con las disposiciones de la OMC, no queda claro cómo se va a operacionalizar. Ni es clara la inversión importantísima de fibra óptica que hizo el Estado en el marco de un programa que se llama Argentina Conectada, que incrementó en un tercio o más los kilómetros de fibra óptica que tiene la Argentina. Es una red que todavía no es operativa y tampoco queda claro con este proyecto cómo juega esa infraestructura.