Continúa la polémica por los cambios en el Banco Nacional de Datos Genéticos

El traspaso desde el Hospital Durand al Ministerios de Ciencia y Tecnología, y las modificaciones que se incluyeron en la nueva ley que regula el funcionamiento del BNDG siguen generando rechazos de un grupo de organismos de derechos humanos. Durante una emisión de Enredando Las Mañanas, el programa radial matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), dialogamos con Diego Aysine, abogado de Apel (Asociación de Profesinoales en Lucha)

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«Presentamos un recurso de revocatoria para que el ministro Lino Barañao revoque la decisión de haber designado a Mariana Herrera Piñero en el cargo de directora general técnica del Banco Nacional de Datos Genéticos (BDNG) en función de una serie de argumentos que venimos sosteniendo desde larga data, que venimos denunciando públicamente. Presentamos, incluso, una demanda judicial también denunciando estos motivos que tienen que ver fundamentalmente con su participación en laboratorios privados, su participación durante la discusión parlamentaria y en la redacción del decreto reglamentario de la ley de datos de bancos genéticos de 2009, sancionada a instancias del kirchnerismo, una ley que claramente beneficia a los laboratorios privados porque excluye a un montón de gente que está en búsqueda de su identidad y familiares que están en búsqueda de la identidad», dijo Aysine durante la jornada realizada para visibilizar el conflicto. La cuestión de la nueva directora es polémica: «Estos argumentos tienen que ver con nulidad de sus antecedentes, porque presenta títulos como especialista en genética forense otorgadas por una sociedad en la que ella forma parte del Directorio. Por otro lado, son títulos que no se encuentran acreditados en la CoNEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria). En base a estos argumentos, consideramos que la decisión tiene que ser revocada, tiene que llamarse a un nuevo concurso público en otros términos completamente distintos».
En cuanto a la nueva ley, Aysine dijo que «hay un pedido de inconstitucionalidad de dos artículos de la ley. Si decimos que la ley excluye a un montón de gente porque circunscribe el ámbito de funcionamiento del Banco a casos de lesa humanidad hasta el año 1983, hay un montón de gente que busca su identidad en función de delitos y de circunstancias que son posteriores a esa fecha, hay un montón de gente que queda excluida. Esto se hace en beneficio, entre otros, de los laboratorios privados, porque la gente que necesita averiguar su identidad tiene que recurrir a ellos o, en su defecto, a laboratorios públicos que no están regulados. Por un tema de exclusión y marginación, acá hay un sector de capitales favorecidos. Herrera Piñero es una de las representantes de estos intereses, fue una de las lobbistas de los grandes laboratorios: es titular accionaria de Genda SA, que tiene, en su objeto social, funciones similares a las del Banco. Hay una cuestión de competencia clara y evidente. A partir de esta innovación normativa impulsada por el kirchnerismo, es uno de los beneficiados. Veremos qué es lo que se decide. Eventualmente, quedará habilitada la vía judicial para proceder a través de ese canal».
Por último, acerca de si han mantenido diálogo con las autoridades, Aysine expresó que «en ningún momento se atendieron los reclamos de todo el conjunto de luchadores sociales que viene reclamando que Barañao atienda sus reclamos, nunca fueron escuchados. De hecho, pretenden hacer el traslado de las muestras sin su conformidad, imaginate hasta dónde llega la desidia del Estado, el desinterés en escuchar a este colectivo que forma la mesa Todos por el Banco Nacional de Datos Genético, que está conformado por una cantidad importantísima de organismos de derechos humanos de distintas características. Ante este desinterés y esta desidia del Estado, nosotros nos tuvimos que organizar por nuestra cuenta y estamos presentando todos los recursos políticos a través de los medios, en los juzgados, a través de la vía administrativa para revertir esta situación que, en definitiva, es un atropello al derecho universal a la identidad».

Foto: Luis Angió (OVOP-RNMA)