La importancia de que el Estado de Derecho juzgue a un Estado Terrorista

Durante la transmisión de la RNMA conversamos con Gloria León, una de las abogadas querellantes en la Causa Base Naval II de Mar del Plata. Gloria manifestó sentir, en su caso personal, bronca y dolor porque los imputados, a partir de lo resuelto por el tribunal hoy, se van a cumplir las condenas a sus casas y eso le deja un sabor amargo. Sin embargo, resaltó la importancia de que el Estado de Derecho juzgue a un Estado Terrorista.
Manifestó, además, que estos juicios permiten poner blanco sobre negro lo qué ocurrió en Argentina en general y en Mar del Plata en particular, y quiénes son los responsables del genocidio. Que no atiende solamente a los militares sino en ir desentrañando las complicidades civiles: quienes armaron este plan, con qué finalidad y con el claro objetivo de instalar un modelo de país liberal rompiendo las conquistas sociales.
También resaltó la importancia de que estos juicios sean realizados por jueces naturales de nuestro país y con nuestros códigos, nuestras normas. Este planteo lo trajo a colación ante la política de extraterritorialidad de las leyes “antiterroristas” que sostiene Estados Unidos. La entrevistada remarcó: “El fin no justifica los medios. Hubo crímenes de lesa humanidad y el estado tiene la obligación de juzgar a los responsable y condenarlos”.
En otro pasaje de su testimonio, Gloria manifestó: “yo tengo a mi compañero desaparecido y le debo mi vida a compañeras que también están desaparecidas. Nosotros éramos militantes políticos y como tales asumimos las consecuencias de lucha de querer cambiar un statu quo. En esa época no había opciones”.
Además, agradeció fundamentalmente a los sobrevivientes que con sus testimonios y su memoria son los que posibilitan que estos juicios se realicen.
Respecto al juicio de La Cueva comentó: “El juicio de la causa 92 en Necochea  demoró mucho tiempo y fue por eso que los policías quedaron en libertad, porque por la demora ya habían cumplido la condena en prisión preventiva”.
También dijo que es necesario que se reflexione respecto a imputar a aquellos que realmente se tenga el grado de certeza de que pueden ser condenados, para no regalar absoluciones.
Asimismo, se refirió a que las penas máximas se le han dado a los marinos pero no a los jefes de Prefectura porque esta fuerza está subordinada  a la Armada y al Ejercito: “eso no les quita la responsabilidad  que tuvieron. Entiendo que les cuesta a los jueces entender cómo funcionó el Terrorismo de Estado y evaluar las pruebas en forma diferente a lo que es un delito común, porque se tratan de delitos de humanidad”.
Para terminar comentó que iban a apelar a Casación en los casos en que las penas fueron bajas en relación a las pruebas presentadas.
Respecto a la posibilidad de que los condenados vayan a cárcel común, manifestó que hay que seguir insistiendo en ese punto. En los juicios de Bahía Blanca  y La Plata se logró que se revocaran las domiciliarias, salvo cuando se den estrictas cuestiones de salud. “Acá, en Mar del Plata,  el criterio de los jueces es que a mayores de 70 años se le da domiciliaria. De todos modos, para  mí esto es ya un tema  simbólico., Lo más trascendente e importante es que se pone sobre la luz lo que ocurrió en Mar del Plata. Creo que la tarea de los organismos de derechos humanos y de las organizaciones políticas es hacer docencia para que se sepa que no fueron sólo veinte milicos sino que lo que ocurrió fue un plan mucho mas vasto y que a muchos de los que lo pergeñaron no los tenemos identificados. Algunos aparecen acá en Mar del Plata como candidatos a intendentes, reivindicando el terrorismo de estado”.