“Somos distintos porque gestionamos los medios de otra manera, pero tenemos el mismo derecho”

Santiago Marino, docente universitario y miembro de AMARC, planteó que desde hace bastante tiempo venían sosteniendo, con otros investigadores, que el 7D no iba a suceder nada. Hace unos minutos supo que la Cámara en lo Civil y Comercial Federal otorgó una prórroga a la medida cautelar solicitada por Clarín hasta tanto no haya una sentencia firme respecto a los artículos cuestionados (45 y 161) de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Al respecto, Marino indicó que ahora se entiende mejor el tono con el que había salido el gobierno ayer. Además señaló que la decisión de hoy del tribunal era “un secreto a voces”.
A su vez remarcó el error del gobierno al reducir toda su política de medios a la pelea con el grupo Clarín como si el 7D fuera a salir “’el sol del 25´ pero es un proceso muy largo del que era esperable que eso pasara”.

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Ante la pregunta sobre si consideraba que ahora sí podía llegar el momento en que la política de medios apunte a la legalización de los medios Comunitarios, Alternativos y Populares, respondió que no creía que la política del gobierno se inclinara por allí. Señaló que no se trata de un lado que se haya implementado, que por acción u omisión no se ha ido por ahí.
Sin embargo, sostuvo que la norma “es buena pero, como siempre lo decimos, la ley es un punto de partida, un derecho reconocido. Hay avances muy pequeños y otros en los que no se ha avanzado por decisiones políticas. La ley es sesgada por intereses de otros medios”.
Luego planteó sus diferencias respecto a la Red Nacional de Medios en cuanto al reclamo de que la legislación contemple las especificidades de nuestros medios señalando que para él si la ley fuera más ajustada a los medios podrían quedar afuera otros grupos. “La ley es lo suficientemente generalista para no dejar a nadie afuera. Le genera desafíos a los medios comunitarios. Nosotros somos distintos porque gestionamos los medios de otra manera pero tenemos el mismo derecho. Hasta hora teníamos un enemigo común que era la ley 22.285, ahora no tenemos a ese enemigo y empezamos a encontrar diferencias entre las organizaciones. No considero inválida su posición pero es necesario discutirla. Yo estoy de acuerdo en que la ley se aplica poco y mal, pero deviene de la decisión política de este gobierno, no de la letra de la ley”.