Con las antenas paradas

En la ciudad de La Consulta-Departamento de San Carlos en la provincia de Mendoza, vecinos y vecinas se oponen a la instalación de una antena de telefonía celular de la empresa Claro. El intendente demócrata Jorge Difonso echó del municipio a Fabiana Villafañe, delegada de ATE e integrante de Autoconvocados de San Carlos, por ser una de las voceras de la protesta.

Dice el dicho popular que la ciudad de La Consulta lleva ese nombre en honor al encuentro de San Martín con el pueblo Pehuenche-Mapuche, para acordar cómo sería el cruce de la Cordillera de Los Andes en su columna sur. Alianza fundamental para la independencia de Chile. La Consulta está al pie de Los Andes y saborea las agitadas aguas del río Tunuyán. Con una fuerte presencia militar, ya que se encuentra el regimiento Campo Los Andes a escasos kilómetros, La Consulta ha dado que hablar en lo que respecta a movilización social. La lucha contra la megaminería y contra la instalación de antenas para la telefonía móvil, dan ejemplo de movilización y conciencia socio-ambiental.

El departamento de San Carlos se encuentra en lo que se conoce como Valle de Uco, oasis centro de la provincia de Mendoza, y tiene al frente del ejecutivo municipal al demócrata Jorge Difonso, quien fue conocido por la sociedad de la provincia cuyana a través de un proyecto de ley contra la megaminería, que en el 2007 vetara el vicepresidente Julio Cobos. Desde ese momento Difonso intentó aprovechar la coyuntura de esta lucha para llegar a la intendencia del municipio y, de ahí, aspirar a la gobernación. El Partido Demócrata (PD), al cual pertenece, es el histórico partido de las distintas dictaduras cívico-militares y que mantiene profundas relaciones con los sectores más conservadores de la provincia. Difonso acompañó el intento de reforma del código contravencional – el cual criminaliza la pobreza y la protesta- que impulsó en el 2008 el PD y que distintas organizaciones frenaran en la Cámara de Diputados, a partir de dos movilizaciones por las calles de la capital mendocina. Pero, además, el mismo Difonso impulsó en el 2008 la explotación de una mina de toba en San Carlos, la cual violaba la ordenanza municipal que prohíbe ese tipo de emprendimiento, en la zona donde la empresa Minetti intentaba llevar adelante con la complicidad del municipio.

Distintos sectores de La Consulta comenzaron a movilizarse los primeros días de febrero. Las marchas eran contra la relocalización de la antena de Claro en la intersección de las calles Leopoldo Suárez y Barros, en cercanías de los barrios Micames y San Cayetano, lugar en que viven alrededor de 600 personas. Los vecinos y vecinas alertadas sobre esto se autoconvocaron y comenzaron con las movilizaciones y protestas hasta los semáforos de la Consulta, punto central de la ciudad. Pero esta protesta no es espontánea y tiene antecedentes que nos remonta al año 2005, cuando se manifiestan por primera vez contra una antena de la misma empresa, emplazada a dos cuadras de la plaza principal de La Consulta y que fuera denunciada hace años atrás por contaminación. Por entonces, el intendente Guiñazú del Partido Justicialista (PJ) estaba al frente del municipio y no dio respuesta alguna a los reclamos.

El riesgo de contaminación y de afección a la salud, producto de la presencia de antenas para celulares, se convierte en tema de agenda ambiental para el intendente Difonso en el año 2008. Preocupado por capitalizar todo lo que tuviera que ver con temas socio-ambientales, para disuadir la protesta social en su departamento, pone fuerte eje en sus políticas entorno a la megaminería y las antenas de celulares. Para ello, envía al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza, el cual incluía un minucioso estudio técnico que revelaba los riesgos para la salud por parte del funcionamiento de estas antenas en cercanías de zonas pobladas. Este proyecto fue aprobado por unanimidad y quedó bajo el rótulo 1207/08. Desde ese momento, la Dirección de Ambiente de la comuna comienza a realizar distintos trabajos para detectar la contaminación de la antena ubicada en la esquina de Sasso y Bruno Villegas (lugar del cual se ha querido relocalizarla desde hace varios años a instancias de la protesta social), pero raramente cada vez que se iban a hacer las mediciones, estas funcionaban a una potencia menor al límite permitido. Según trascendidos de la misma área de Ambiente del municipio, las mediciones que se hacían extraoficialmente y sin presencia de la escribana daban mediciones por encima de lo permitido por la ley. En junio del 2008, el mismo Director de Ambiente se sorprendía de esta irregularidad, a punto tal que en el municipio solo tres personas sabían la fecha en las que se harían las mediciones y esa información se filtraba. Algunos, al saber esto apuntaron directamente contra el hermano del intendente, Eduardo Difonso, quien ocupaba un lugar político de relevancia al ser el operador político con los capitales que querían invertir en San Carlos. Pero también está relacionado con un proyecto muy anhelado por la familia Difonso, el cual está vinculado a una empresa mixta entre municipio y Eduardo Difonso, la cual tendría el dominio de los servicios públicos (agua, gas, luz, transporte), pero además tendría permisos para explotación petrolera y minera. De este modo, de perder el control del municipio podrían extorsionar a cualquier otro gobierno de signo distinto o no alineado a sus intereses particulares, según denunciaron desde algunos sectores de la oposición.

Los reclamos continuaron por parte del pueblo de La Consulta y se extendieron a distintos sectores de San Carlos. Ante la presión popular y para disuadir la protesta, Jorge Difonso, el 24 de agosto de 2009, arma todo un escenario circense, en el cual convoca a todos los medios de difusión de la provincia y desactiva la antena ante las cámaras de televisión. Pocos días después vuelven a poner en funcionamiento la misma antena. Al mes siguiente el mismo municipio le otorga un permiso a Claro para relocalizar la antena, entre los dos barrios donde se construye hoy la antena, con lo cual violan la ordenanza municipal. En diciembre del mismo año, el intendente envía un paquete de ordenanzas entre las que se encontraba una modificación a la ordenanza 1207/08, por la cual se dispone a modificar los límites de instalación de antenas, pero esta vez acortaban los límites y no adjuntaban ningún tipo de estudio técnico. Con esta medida buscaba legalizar la nueva localización. Al contar con mayoría automática en el concejo deliberante, Difonso logra la aprobación de este paquete. La oposición (UCR y PJ) no se presentó al recinto del Concejo Deliberante, pero nada dijo acerca de lo que contenía este paquete en lo que se refiere a antenas de telefonía móvil y contaminación.

A partir de los primeros días de febrero los reclamos no se dejaron esperar y el 15 de febrero marchan por segunda vez hasta el centro de La Consulta, en la cual piden que se cese con las obras de instalación de la nueva antena de Claro y se le exige al municipio que se cumpla con la ordenanza que se encontraba vigente. Ese mismo día Difonso convoca a una reunión paralela a la misma hora de la marcha en el Centro Cívico de la ciudad. La convocatoria fracasa y el intendente se acerca a la columna movilizada. Trata de dar explicaciones a las vecinas y vecinos sobre sus dudas acerca de la nocividad de las antenas para telefonía móvil (lo cual contradice lo dicho por él mismo a través de la ordenanza 1207/08) y que el municipio no había dado ningún tipo de autorización. Ante las presiones de los y las manifestantes, pudieron acceder al expediente y, según lo denunciado por asambleístas, el intendente Jorge Difonso había mentido, ya que se le había otorgado un permiso para instalar la antena a la empresa Claro. Al día siguiente vecinos y vecinas impidieron que los operarios continúen con las tareas de instalación y salen a repudiar públicamente a Jorge Difonso por las mentiras vertidas el día anterior. Las movilizaciones y asambleas continúan a diario, pero se da una situación muy particular: comienzan a ser fotografiadas las manifestantes por parte de personas vinculadas a la familia Difonso. Como consecuencia: varios vecinos son amenazados telefónicamente. Por todo lo que había sucedido, el 25 de febrero presentan un recurso de amparo ante la justicia provincial para detener la construcción de la antena y, al día siguiente, la antena aparece derribada. Aun no se ha podido establecer responsabilidades y las versiones son contradictorias.

Para buscar una salida rápida a este problema, el 27 de febrero el municipio llama a un Consejo Consultivo, el cual intenta ser un supuesto tribunal del pueblo donde ciudadanos y ciudadanas participen en los asuntos relevantes de la agenda municipal. En el mismo encuentro se le negó la palabra a la prensa y el intendente direccionó continuamente la discusión. Los vecinos y vecinas en protesta también fueron esquivados a la hora de la palabra y fueron duramente insultados e insultadas por un grupo que se los sindica como el aparato de Difonso. Sin contestar las agresiones se retiraran del recinto. Dos días después, Fabiana Villafañe, integrante de Autoconvocados de San Carlos y delegada de ATE es despedida de su trabajo en el municipio. Villafañe era una de las voceras de los vecinos y vecinas en lucha; además de haber denunciado los accionares de Difonso desde hace varios años para desarticular la asamblea de Autoconvocados de San Carlos, la cual es fundamental en la lucha contra la megaminería en Mendoza, además de ser parte de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), a nivel nacional. Al consultar su situación en la Municipalidad de San Carlos, el Secretario de Gobierno Marcos Osorio le confirmó a Villafañe que había tenido que actuar de acuerdo a los intereses del municipio.

En horas de la mañana hubo una nueva marcha, en la cual se conoció que había una denuncia en el 1ºJuzgado de Instrucción contra Ariel Zotelo y Fabiana Villafañe, ambos militantes de ATE Mendoza y vinculados a la lucha contra la megaminería. En horas de la tarde la justicia allanó sus domicilios en busca de pruebas que lo implicara y la implicara en la caída de la torre en construcción de la empresa Claro. Debido al secreto de sumario no se ha podido saber hasta el momento quién ha radicado la denuncia y por qué se los acusa de partícipes de esa acción.

Cerca del Bicentenario, las políticas muestran lo lejos que estamos de una verdadera independencia. Guitarra en mano, Atahualpa Yupanqui resuena como un eco en la habitación: “La ley es tela de araña” y mire si no lo es.

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