Fin de año feroz

La violencia policial se hace ver en todo el país, siempre acompañada de la impunidad gracias al amparo judicial. Brutal represión en Tucumán y nuevos casos de gatillo fácil.

Argentina

Un grupo de la Brigada de Investigación de Tucumán irrumpió el lunes pasado en el barrio tucumano Juan Pablo I, más conocido como Barrio El Sifón. Decían que estaban persiguiendo a un adolescente que en la fuga había ingresado al comedor comunitario de la Asociación Civil Los Lapachos Tucumanos y la Asociación Civil Crecer Juntos.
Lo cierto es que el joven al que buscaban estaba participando en un taller artístico del Programa Vida, que depende del gobierno provincial, por lo que claramente la persecución nunca existió.
Según relataron los testigos, los efectivos ingresaron al comedor golpeando a los presentes, entre los que se encontraban niños, adolescentes, jóvenes y educadores populares. Al chico que buscaban se le tiraron encima cuatro uniformados visiblemente alcoholizados.
Ante la reacción de los vecinos, los policías pidieron refuerzos, por lo que llegaron representantes de la comisaría 6ª, de la Infantería y del Grupo CERO, sumando un total de 60 efectivos, que se dedicaron a arrojar gases lacrimógenos, balas de goma y de plomo, además de destruir todo lo que tenían por delante. El operativo y la destrucción duraron aproximadamente una hora.
Como si esto fuera poco, los policías se quedaron en la entrada del barrio golpeando y amenazando tanto a compañeros/as como a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, que se habían acercado en carácter de mediadores.
Los vecinos de “El Sifón”, uno de los siete barrios de alta vulnerabilidad que se encuentran en el noroeste de la capital tucumana, aseguran que lo sucedido el lunes no es un caso aislado, aunque remarcaron que son pocas las veces en que se juntan tres fuerzas de seguridad para realizar un operativo. Además, explicaron que recurrieron a la fiscalía para presentar la denuncia de lo sucedido ya que, claro está, no encontraron ni seguridad, ni imparcialidad en la sede policial.
Las Asociaciones Civiles presentaron ayer ante el ministro fiscal de la Suprema Corte de Justicia de Tucumán un pedido de investigación. El magistrado afirmó que a comienzos de la semana que viene estará dando una respuesta.
Las organizaciones responsabilizaron por lo ocurrido al Ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera; al Jefe de Policía Hugo Sánchez, y al Juez de Instrucción de la IIIª Nominación, Dr. Francisco Pisa.
Además, informaron que el presupuesto previsto para 2010 para el Ministerio de Seguridad es mayor que el de la cartera de Desarrollo Social, dando una clara muestra de por dónde pasan las prioridades oficiales.
También es claro que esta conducta policial no es propia de la provincia de Tucumán. En este sentido, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional informó que desde que finalizó su archivo de casos 2009 (que presentó el viernes 20 de noviembre en Plaza de Mayo) ya se registraron 14 hechos de gatillo fácil. Doce ocurrieron durante noviembre y los otros dos son previos pero recién se conocieron en estos días. Las circunstancias no son nuevas, disparos a quemarropa, víctimas humildes, presos que amanecen muertos en cárceles, suicidados, etc. Pero sus nombres, sus vidas sí son únicas: Alberto Antonio “Burri” Pedrozo (17 años, González Catán), Damián Romero (18 años), José Emiliano Rajoy (23 años, Ingeniero Budge), Ezequiel Córdoba (17 años, Barrio Cerro Chico, Córdoba), Juan Manuel Fedrizzi (32 años, Concordia, Entre Ríos), Diego Javier Vega Forquera (27 años, Guaymallén, Mendoza). La lista sigue, pareciera interminable.
A veces, pocas, se asoma una luz de justicia y los policías asesinos son enjuiciados. Pero no siempre las condenas son las esperadas, las justas.
La semana pasada el cabo de la Federal, Miguel Ángel Gómez fue condenado por el crimen de Franco Chaile.
El hecho ocurrió en la madrugada del 26 de marzo de 2006, cuando Franco y su amigo Mario Márquez, se detuvieron a arreglar la moto en la que circulaban en el cruce de las calles Navarro y San Martín, de Villa Devoto. En ese momento, fueron sorprendidos por el cabo Gómez, quien salió de su domicilio, se dirigió hacia los dos jóvenes con su arma en la mano y, casi sin mediar palabra, le disparó a Franco un tiro en la cabeza que le provocó la muerte. La historia que Gómez contó fue que los jóvenes se encontraban en esa esquina porque intentaban robar un auto y que disparó contra ellos en legítima defensa.
Pero los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 21 de la Capital Federal lo condenaron solamente a seis años y cuatro meses, a pesar de que la mínima establecida para los casos de “homicidio simple” es de ocho años. Además, la fiscal había pedido 10 años de prisión, y la querella 16. Alejandro Rua, abogado de la familia Chaile, explicó que los magistrados argumentaron que aunque el joven no había atacado al policía, éste pudo pensar que sí lo había hecho. Al respecto, Rua aseguró que se apelará el fallo. Es que por si fuera poco, Gómez seguirá en libertad, ya que llegó a la instancia oral excarcelado, y los jueces resolvieron no hacer efectiva la detención hasta que el dictamen quede firme.

Contacto en Tucumán con Asociación Civil Crecer Juntos www.crecerjuntos.org.ar / 0381-434-0944