Hoy es el Día Nacional e Internacional de las Personas con Discapacidad, pero ellas y ellos, integrantes de este particular colectivo, ni se sienten incluídos ni sueñan con una vida mejor.
Apenas alcanzan a sobrevivir de la asistencia familiar en su gran mayoría; algunos pocos, luego de mucho tiempo, obtuvieron su pensión debido a que su patología les impide trabajar y otros, todavía esperan ese milagro llamado trabajo. Por otra parte, saben mucho de postergaciones ilimitadas, las que incluyen la inaccesibilidad a la Justicia por razones económicas, ya sean personales o familiares, impidiendo el ejercicio de su derecho a reclamar por las acciones y omisiones de un Estado que mira para otro lado.
La COPIDIS, organismo dependiente de la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habla de razones para festejar. Sin embargo, las personas con discapacidad no saben que se festeja, por cuanto han sido ignorados y vulnerados en sus derechos en forma sistemática.
Se habla de rampas, de patios de juegos inclusivos, de participación en las colonias de verano, de entrega de guías informativas, de atención a personas con discapacidad y sus familiares, de expedición de certificados de discapacidad, de entrega de artículos ortopédicos, de financiación de proyectos a ONG’s, de capacitación a empleados públicos, de jornadas de Educación Inclusiva y de Autonomía Personal, de relevamientos a edificios públicos y privados, de concurso de historietas y de becas destinadas a la formación y capacitación laboral. Sin embargo, se olvidaron de lo más importante: el trabajo.
La faz arquitectónica, que incluye la remoción de obstáculos físicos en la Ciudad, ya sea en espacios públicos como en edificios oficiales o privados, debe ser la faceta más visible de una gestión que exhibe sustanciales demoras en la expedición de los certificados de discapacidad, además de la escasez de instituciones sanitarias para su obtención; que financia los proyectos, en forma indirecta, a organizaciones que tienen directa relación con el Gobierno, cuya gran mayoría se destinan a programas varios con beneficios variados de tipo recreativo y de formación laboral, para cumplir con el paradigma de la responsabilidad social empresaria que, sin embargo, es largamente incumplida por el sector privado y que otorga becas de un monto exiguo ($ 200.-) para una formación que muchas veces no garantiza una salida laboral.
Una vez más, la gran deuda es el cumplimiento del cupo laboral del 5% establecido por el Art. 43 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, reglamentado por la Ley de la Ciudad Nº 1502 y que la Legislatura porteña osó prorrogar por un año más (en la práctica, por cinco años más) de la mano de la bancada macrista, la que hizo realidad el sueño del Jefe de Gobierno sin exponerlo, a través de una Ley que aún no fué promulgada pero que lo será luego del día de hoy.
Y dentro de esta misma mora, se encuentra la crónica falta de articulación entre el Estatuto del Docente Municipal (Ordenanza Municipal Nº 40.593), el Régimen del Ingreso al Sistema de Salud para Médicos y Enfermeros y la norma mencionada anteriormente, lo cual restringe severamente el ingreso de integrantes de este colectivo como educadores, médicos y personal de enfermería.
Por otro lado, cabe destacar que si alguna persona con discapacidad ingresa a trabajar, generalmente lo hace como interino o suplente y ello perjudica notablemente su calidad de vida debido a la inestabilidad laboral que caracteriza a este tipo de régimen laboral.
Con este panorama, sin contar con los crónicos incumplimientos de instituciones oficiales y privadas en materia sanitaria y educativa, los cuales muchas veces afectan sustancialmente su calidad de vida, resulta imposible pensar en una verdadera inclusión y menos aún, en que puedan ilusionarse con una mejora que los lleve a la plena autonomía personal.
Peor aún, cuando el poder es interpelado judicialmente suele evadir sistemáticamente los requerimientos y ello conspira contra la verdadera vigencia de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, a pesar de haberse incorporado la Convención Internacional en la materia.
Cosmética mediante, con rampas y juegos, con cursos y cursillos, se busca aparentar la construcción de una ciudad inclusiva. Nada más irreal, cuando los obstáculos son evidentes y la inacción estatal agrava las consecuencias de las limitaciones de los integrantes de este colectivo.
Sin inclusión, ni ilusión. Es la frase que cabe a una gestión que omite sus obligaciones para trasladarla al sector privado en lugar de hacerse cargo de ellas. El año en donde el Estado cumpla, seguramente tendrá a muchas y a muchos con ganas de festejar pero hoy, otra vez, no hay ningún motivo para hacerlo salvo en la magia informativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.