Bussi: cárcel VIP y sin custodia

DERECHOS HUMANOS | LOS REPRESORES DISFRUTAN DE SU ESTADÍA EN CASAS DE LUJO MIENTRAS ESPERAN SER JUZGADOS

Mientras espera para afrontar un nuevo juicio que comenzará en el 2010, Antonio Domingo Bussi pasa sus días cómodamente en su casa del Golf Country Club de Yerba Buena. Su hogar se encuentra sin guardia policial desde hace más de seis meses, por lo que nadie controlaría que se cumplan las reglas establecidas por el Tribunal Oral Federal en el fallo por la causa Vargas Aignasse. Según la sentencia, Bussi sólo puede recibir visitas –que no sean de su familia, médicos o abogados- dos días a las semanas y no puede haber más de cuatro personas en simultáneo. El incumplimiento de algunas de estas normas es razón de revocación de la prisión domiciliaria.  CONTRAPUNTO EDICIÓN IMPRESA.

El 28 de agosto del año pasado, el Tribunal Oral Federal (TOF), presidido por Gabriel Eduardo Casas e integrado además por Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi, dictaba a los represores Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez una condena a cadena perpetua por una serie de hechos calificados como delitos de lesa humanidad.
En el fallo, el TOF resolvió que Bussi cumpla la prisión preventiva -preventiva hasta tanto quede firme la sentencia- en el Golf Country Club de Yerba Buena, calle 8 “Los Aromos”, Lote 150.
Además, dictaminó una serie de reglas “pertinentes” y “razonables” a ser observadas. Entre ellas, que “la guardia dispuesta en el domicilio llevará un libro diario de registro de las circunstancias relevantes que se produzcan y de las visitas, consignando fecha y hora de las mismas, que será constatado semanalmente por la Ujiería de este Tribunal Oral”.
El fallo también planteó que “el ámbito físico de cumplimiento del presente régimen está acotado al perímetro del inmueble que habita el imputado y excluye la posibilidad de desplazarse fuera del mismo por ningún motivo” y que solo podrá recibir visitas los miércoles y domingos, no admitiéndose más de cuatro personas conjuntamente.
Finalmente, la sentencia indicó que “la verificación del incumplimiento de alguna de las reglas arriba enumeradas producirá la revocación de la prisión preventiva en la modalidad dispuesta”.
Según las imágenes a las que pudo acceder Contrapunto y las distintas versiones de los vecinos, desde hace aproximadamente seis meses que la casa en la que vive el represor Antonio Bussi estaría sin guardia policial. Desde febrero, cuando las denuncias de distintas personas que viven en el Golf Country llegaron a la redacción, Contrapunto viene haciendo un seguimiento de la situación. Por eso, cuenta con diferentes testimonios fotográficos que prueban la denuncia.

Toda cárcel es política
Bussi cumple la prisión domiciliaria en una casa de lujo. Tal vez sea una de las casas menos ostentosas que podrían encontrarse en el Golf Country. Pero sin dudas es mejor que cualquiera de las celdas de Villa Urquiza, donde cientos de presos deben vivir en condiciones indignas por delitos que no tienen ni punto de comparación con los realizados (y comprobados judicialmente) por parte del represor.
La casa es alquilada. El verdadero dueño sería Juan Manuel Cossio, un famoso médico tucumano y esposo de Ana Cristina García Hamilton. La mujer es hija de Enrique García Hamilton, quien presidió La Gaceta S.A. y la Sociedad de Beneficencia de Tucumán.
Ellos dirían que una cosa es la ideología y otra son los negocios. Alquilarle la casa a Bussi no significa estar de acuerdo con sus métodos. ¿O sí?

Miedo, asados y vida nocturna
En el Golf Country se respira un tenso clima cuando se habla del “tema Bussi”. Por un lado, muchos vecinos están disgustados con la idea de que un represor viva en el lugar. Años atrás, cuando el represor ya cumplía prisión preventiva, fue a comer al Club House. Esto le valió una denuncia por parte de una habitante del Country, quién requirió que no se lo deje ingresar más por los lugares comunes, tal cuál lo había dispuesto la justicia.
Sin embargo, también viven dirigentes y ex referentes de Fuerza Republicana, que aún siguen reconociendo en Bussi a su líder político. Claudio Viña (actual concejal capitalino) y Ernesto Padilla (hoy en Recrear), entre otros.
Esto produce una convivencia compleja. Un importante sector de los habitantes del Country prefiere no hablar; la seguridad privada que cuida la entrada al lugar no puede contar nada al respecto, porque afirman que les podría costar el puesto laboral.
Pero hay gente que se anima a hablar. Pidiendo resguardo de su identidad.
Así, cuentan que a mediados del año pasado, los policías federales se peleaban para poder cumplir guardia en la casa de Bussi; es que, según dicen, los asados que ofrecía a sus custodios eran de los más jugosos.
Otros vecinos indicaron que, durante las noches, “se escuchaba música, risas y un ambiente no acorde con el significado de una prisión domiciliaria”.

Guardia no hay
Por lo menos hasta principios de febrero, una guardia policial de dos personas se turnaba para custodiar el hogar de Bussi. En esos días, comenzaron los problemas. Los miembros de las fuerzas de seguridad se quejaban porque los vecinos no les permitían usar el baño. Así, indicaban, los turnos de ocho horas se les volvían intolerables.
De a poco, habrían comenzado a incumplir con sus deberes. El relajamiento del Tribunal Oral Federal podría haber colaborado con que los guardias dejen de asistir al lugar.
En este sentido, según denuncias de los vecinos corroboradas con las imágenes que confirman esos dichos, desde hace casi siete meses que la casa de Bussi no contaría con la custodia policial que debe controlar que se cumplan las reglas impuestas por el TOF para el efectivo cumplimiento de la prisión domiciliaria.
Igualmente, todos los viernes iría un funcionario del Tribunal Oral a la casa del represor para corroborar su presencia y hacerle firmar un documento.

Revocación de la prisión
A partir de esta denuncia, el Fiscal Federal Alfredo Terraf, debería pedir que se abra una investigación. En caso de comprobarse la veracidad del relato, podría pedir la revocación de la prisión domiciliaria.
“Se podría pedir la revocación de la prisión domiciliaria en las otras causas por las que está procesado, siempre y cuando sea comprobado el incumplimiento”, explicaron desde los organismos de Derechos Humanos, al tiempo que adelantaron que realizarán presentaciones al respecto al TOF.
Ya existen antecedentes de revocación de prisión domiciliaria por incumplimiento en el régimen. En abril del 2006, el juez federal Ariel Lijo dispuso revocar el beneficio de la detención domiciliaria al represor Pascual Oscar Guerrieri, preso en su casa desde el 30 de diciembre de 2004, fecha en la que cumplió los 70 años.
Para revocarle el beneficio, el juez analizó videos aportados por el equipo de producción del programa Caiga quien Caiga (CQC) que filmó a Guerrieri mientras se retiraba de su domicilio en abierta violación al régimen de arresto domiciliario.
El TOF ha decidido posponer el inicio del primer juicio en Tucumán por Centros Clandestino de Detención para febrero. Dilata así, las posibilidades de avanzar en el camino por la justicia Pero su responsabilidad no es solamente ser los garantes del “punto final biológico”. Sino además, ser una pata fundamental de ese Estado que desde hace 26 años brinda a la impunidad un marco de seguridad. Esa seguridad que tanto le gusta a la derecha.

Rodolfo Zosa | CONTRAPUNTO | Prensa Alternativa
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Privilegios para todos

En agosto, el diario Crítica de la Argentina publicó un artículo donde indicaba que “el ex jefe de la policía tucumana, Albino Zimmerman, y el segundo de Antonio Bussi en la Quinta Brigada de Infantería, Alberto Cattáneo” cumplen su prisión preventiva en “instalaciones que se transformaron en celdas VIP”.
Afirmaba que el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, donde funcionó el Centro Clandestino de Detención más importante de Tucumán, se había convertido en el alojamiento de los represores. Aunque hace ya un año, la ministra de Defensa, Nilda Garré, había establecido que ningún represor esté tenido en una unidad militar.
En la nota se manifestaba que “la noticia llegó sin querer el 5 de agosto pasado, cuando Garré recibió en su casilla de correo un e-mail titulado “Se escapan los represores detenidos en Tucumán”. El texto denunciaba que el general Cattáneo y el coronel Zimmerman se habían escapado del arsenal para ir a una reunión con Bussi en su casa del country de Yerba Buena, donde cumple su detención domiciliaria”.
Si bien aún no se pudieron comprobar las salidas de los ex militares, lo que quedó al descubierto –y ya fue confirmado por el juez federal Daniel Bejas– es que Cattáneo y Zimmerman están presos en un sitio prohibido por las leyes de Seguridad Interior y de Defensa Nacional, según el diario porteño. También denuncia que desde hace un año, el magistrado ignora los reiterados pedidos de los fiscales de la causa para que los represores sean trasladados al penal de Villa Urquiza. El argumento que habría esgrimido el juez, informaba Crítica de la Argentina, es que ambos fueron beneficiados por la prisión domiciliaria pero que nunca fijaron una dirección en Tucumán donde poder instalarse.
Cattáneo ya está cumpliendo prisión domiciliaria en una casa de Yerba Buena, en la calle Salas y Valdez 530. Zimmerman, sin embargo, continuaría alojado en el Arsenal.
Otro de los represores que también se encuentra con prisión preventiva en su casa es Roberto “El Tuerto” Albornoz. Albornoz sufrió hace unos años un escrache por parte de  organizaciones de Derechos Humanos en su hogar de la Banda del Río Salí, en calle Martín Fierro 541.
Según denuncias de sus vecinos, tampoco Albornoz cuenta con una guardia policial que controle que se cumplan las reglas de la prisión domiciliaria. Así, no solamente el represor Antonio Bussi tendría libertad para corromper las normas impuestas por el Tribunal Oral Federal.
 
R.Z. | CONTRAPUNTO | Prensa Alternativa
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La mora del TOF atrasará todas las causas

En marzo de este año, el juez federal Daniel Bejas solicitaba la elevación de lo que sería el primer juicio por Centro Clandestino de Detención que tendrá lugar en Tucumán. Pero el Tribunal Oral Federal determinó que el proceso judicial comience el 16 de febrero del 2010. Esto retrasaría el inicio de otros juicios; entre ellos, la primera parte de Arsenal Miguel de Azcuénaga, que recién podría realizarse en el 2011.

Cuando en marzo el juez federal subrogante, Daniel Bejas, decidió elevar a juicio oral y público la causa de la ex Jefatura de Policía, caratulada "Coronel Marta y Coronel Rolando S/ Sus Secuestros y Desapariciones", la satisfacción de los organismos de Derechos Humanos era grande.
El primer juicio por Centro Clandestino de Detención sería una realidad en poco tiempo, lo que permitiría juzgar a una mayor cantidad de implicados en los delitos de lesa humanidad y mostrar que la verdadera magnitud del genocidio en Tucumán y el país entero.
Sin embargo, casi seis meses después aún no se había fijado fecha para el inicio del proceso judicial, los organismos de Derechos Humanos de Tucumán hicieron oír su preocupación por esta situación “tratándose de una causa donde se investigan gravísimas violaciones a los derechos humanos, que luego de 30 años, aún continúan impunes”.
Días después, el Tribunal Oral Federal (TOF) resolvía que el 16 de febrero de 2010 a las 9,30 horas comenzará el juicio de Jefatura. “Teniendo en cuenta que ello asegura con mayor grado de certeza la realización de la audiencia de debate”, justificaba.

Las impericias
Errores de la Justicia Federal y falta de voluntad política impidieron que se decida una pronta fecha para el juicio.
Otro problema es que el Tribunal Oral Federal Nº1 de Córdoba fijó para el 8 de octubre próximo el comienzo del segundo juicio al represor Luciano Benjamín Menéndez y otros acusados por delitos de lesa humanidad. Como Menéndez está acusado también en la causa de Jefatura y ninguna persona puede ser juzgada en dos procesos simultáneos, esto generó inconvenientes a la hora de definir la fecha.
El Tribunal Oral Federal tiene desde marzo la causa de la ex Jefatura de Policía y recién en agosto pudo relevar cuáles eran los incidentes que tenía el expediente. Los incidentes son los planteos que hacen las partes, que se agregan como cuestiones secundarias a ser resueltas antes del comienzo del juicio. Era tal la confusión en el TOF, que llamaron a las querellas para preguntarles de qué incidentes presentados por la defensa de los imputados tenían conocimiento.
Estos expedientes debían ser informados por la Sala III de Casación, un recinto judicial conocido por su nula colaboración para acelerar los juicios por la memoria, la verdad y la justicia. Sin embargo, desde el Tribunal Oral, los jueces no hicieron demasiados esfuerzos por apurar a Casación.
Los organismos de Derechos Humanos coinciden en señalar que desde el Gobierno Nacional no hay gran voluntad para profundizar a los juicios a los responsables del Terrorismo de Estado.

Las consecuencias
El juicio por la Jefatura de Policía estaba planificado, originalmente, para mediados de agosto. Los distintos inconvenientes generaron que la fecha se postergue para un mes después. Finalmente, comenzará en febrero del 2010.
Esto generaría un gran atraso en las causas contra los represores. Se calcula que el juicio de jefatura duraría, mínimamente, unos tres meses. Esto calculando tres audiencias por semana, mañana y tarde, declarando casi 8 personas por día.
El próximo juicio, por el expediente de “Niklison” -donde tres represores serán juzgados por el fusilamiento de cinco militantes de “Montoneros” ocurrido el 20 de mayo de 1976- comenzaría recién en la segunda mitad del año.
Así, Arsenal Miguel de Azcuénaga (sólo la primera parte tiene más de 80 expedientes) pasaría para el 2011.
Todos los juicios se atrasarían y pocos represores podrían llegar a ser juzgados, si es que el tan temido punto final biológico tiene más velocidad que la Justicia Federal.
 
R.Z. | CONTRAPUNTO | Prensa Alternativa
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Vivitos, coleando y lúcidos

La médica psiquiátrica del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Mónica Santamaría, revisó a cinco de los imputados en  la causa de la ex Jefatura de Policías. Concluyó que todos conservan “autonomía psíquica” y presenta un estado de conciencia “vigil”. El perito por parte de la querella, Javier Fabrissin, que estuvo presente en los exámenes de tres acusados, coincidió que “están lucidos”.

Los imputados Antonio Domingo Bussi, Alberto Cattáneo, Albino Zimmerman, Roberto “El Tuerto” Albornoz y Luis De Cándido fueron examinados por una médica forense según lo dispuesto por el artículo 78 del Código Procesal Penal de la Nación para los acusados mayores de 70 años.
La médica psiquiátrica del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Mónica Santamaría, revisó a los represores y concluyó al respecto que las facultades mentales de los imputados, en el momento del examen, se encuentran compensadas, conservando la autonomía psíquica.
Esto significa que los represores están en condiciones de afrontar las causas judiciales en la que están acusados por delitos de lesa humanidad.
En el caso puntual de Bussi, Santamaría sostuvo que su estado de conciencia es vigil. “Comprende la situación que atraviesa y recuerda y evoca adecuadamente las circunstancias del juicio anterior, mostrándose colaborador con la cuestión procesal”, agregó en su informe oficial.
Por otra parte, el psiquiatra Javier Fabrissin actuó como perito por parte de las querellas en los exámenes que se les realizaron a Albornoz, Cattáneo y Zimmerman. En este sentido, manifestó que “los tres se mostraron bastante colaboradores, bien dispuestos a responder. Aparentemente sin mayores problemas en cuanto a las posibilidades de entender la situación por la que van a pasar”.
El profesional planteó que los observó “muy predispuestos y con expectativa con que la cuestión avance. Según lo evaluado en la entrevista, podemos decir que están lucidos”.
Además, Fabrissin indicó que físicamente pudo notar cierto deterioro clínico, “lo que no les impidió estar sin problemas los 30 minutos en la entrevista”. Según su punto de vista, los imputados presentan patologías referidas a la edad que tienen. Aclaró, sobre esta cuestión, que están medicados y con exhaustivos cuidados de profesionales de la salud.
 
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