Declaración contra la cirminalización de militantes y organizaciones populares

Se puede discutir sobre las formas u oportunidades de hacer una denuncia contra el gobierno de Israel, pero lo que resulta inadmisible es apoyar la tentativa intencional y sistemática de reducir y estigmatizar a un grupo que critica la actual política del gobierno de Israel, y que cuenta con una larga trayectoria de lucha y un vasto trabajo comunitario, bajo la figura del antisemitismo.

En este sentido, la forma que adoptó la denuncia realizada contra el gobierno de Israel, realizada hace un par de semanas por el FAR, abrió la puerta para que la Justicia y los principales medios periodísticos confundieran acciones que repudian lo que el historiador judío Ilan Pappé caracteriza como "la deshumanización sionista de los palestinos y las brutales políticas de Israel en Gaza", con prácticas antisemitas. Sin embargo, a esta confusión inicial, le siguió luego una burda y deliberada manipulación, repetida hasta el hartazgo por los principales medios de comunicación, que hablaron de un “ataque antisemita”, aprestándose a criminalizar al grupo autor de la acción, y rápidamente a la organización territorial que está en la base de tal agrupación política.

En la Argentina hemos vivido prácticas antisemitas repudiables. Los militares genocidas admiraban a los jerarcas nazis y es sabido que los detenidos-desaparecidos de origen judío recibían en los campos de concentración de la última dictadura castigos adicionales debido a ello. Sin embargo, por aquellos años oscuros, gran parte de los medios de comunicación que hoy salen a denunciar de manera irresponsable un supuesto “brote antisemita”, se mantuvieron en silencio.
En razón de ello, consideramos que lo sucedido en las últimas semanas en Argentina resulta muy peligroso, en la medida en que señala la instalación de un nuevo umbral político, en el tratamiento de la conflictividad social.
En primer lugar, porque bajo la acusación de “ataque antisemita”, se ha iniciado una nueva campaña de criminalización y demonización contra las organizaciones sociales no oficialistas, que desembocó en la detención y encarcelamiento de numerosos militantes de base y el allanamiento de centros comunitarios, a través de increíbles alegatos realizados en nombre del art.23 del código penal, dirigido contra agrupaciones que pretenden “imponer sus ideas por la fuerza”. Así, a la acusación ya capciosa de “grupo antisemita”, le ha seguido ahora la superposición de la figura del “terrorista”, lo cual recuerda peligrosos aires de dictadura.
En segundo lugar, porque el gobierno actual, en su afán por despegarse de tales acciones en medio de una dura campaña electoral, ha dado un paso más en el proceso de criminalización, apuntando al conjunto de organizaciones sociales no oficialistas que desde hace años reciben planes sociales, y a partir de los cuáles vienen realizando un reconocido trabajo comunitario en el seno de los sectores más vulnerables de la población.
El intercambio de acusaciones y denuncias entre gobierno y algunos miembros de la oposición, así como la distorsión deliberada de ciertos medios de comunicación sobre la cantidad de planes sociales adjudicados a las organizaciones de desocupados (“estimación anacrónica y discriminatoria” que no deber ser utilizada “para criminalizar las actuaciones de las organizaciones de desocupados”, según palabras aclaratorias de un miembro del propio organismo –CIPPEC-, que proporcionó tal información), constituye un nuevo punto de inflexión, en una coyuntura económica en la cual todas las estadísticas indican que hay un aumento de la pobreza y la indigencia, se han reducido los gastos sociales, en particular en el rubro de asistencia directa a los comedores.

En tercer lugar, porque en las últimas semanas y en nombre de la “seguridad”, viene produciéndose una oleada represiva, que tiene por destinatario diferentes organizaciones sociales, sea que se trate de trabajadores estatales o privados, comunidades originarias, militantes populares, vecinos en emergencia habitacional u organizados en torno a una huerta orgánica (como los que fueron desalojados por el gobierno de Macri), por mencionar sólo algunos. A la continuidad de estas formas de criminalización desarrolladas desde hace años, se añaden otras, que revisten gravedad. Preocupa especialmente el caso del pueblo de Corcovado, en la provincia de Chubut, ocupado por la Gendarmería y donde se acumulan las denuncias de pobladores por torturas, violaciones y un nuevo desaparecido. Asimismo, preocupa la veloz aplicación de figuras penales relativas al corte de ruta, orientadas a la criminalización de las nuevas asambleas socio-ambientales que luchan contra el saqueo y la contaminación (minería a cielo abierto), como es el caso de los Vecinos Autoconvocados de Cafayate y las Asambleas riojanas de Chilecito y Famatina, que hoy enfrentan procesos penales, en un contexto de gran vulnerabilidad y asimetría en las relaciones de poder, frente a la alianza estratégica entre las corporaciones transnacionales y los gobiernos nacional y provinciales.
Por último, no podemos dejar de recordar, en este momento en el cual se realiza una grosera asimilación entre militancia social y acción terrorista, que el 26 de junio se cumplen 7 años de la masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, que desde su triple identidad de jóvenes pobres del Conurbano Bonaerense, referentes sociales y militantes políticos con vocación de cambio social, luchaban no sólo por la autonomía de los movimientos sociales en el control de los planes sociales, sino por el aumento y la universalidad de dichas asignaciones.
Sintomáticamente, previo a aquella gran represión, las organizaciones de desocupados fueron demonizadas por los mismos medios y los mismos políticos que hoy pretenden ganar votos, transformando a los jóvenes pobres en potenciales delincuentes, y a las organizaciones sociales, que bregan por una transferencia de recursos hacia los sectores más vulnerables de la población, en supuestas bandas terroristas.
Frente a todo ello, consideramos necesario pronunciarnos:
-Los militantes populares detenidos no son antisemitas ni terroristas.
– Por la libertad a los presos y presas políticos/as y la no judicialización de los reclamos sociales.
-Contra el saqueo de nuestros bienes naturales, la precarización de la vida y la impunidad de los de ayer y de hoy.
-Por la preservación de los bienes comunes y los recursos estratégicos del pueblo argentino.
– Por una Argentina sin hambre, con justicia y buen vivir para todos sus habitantes.

Primeras firmas:
Maristella Svampa, Roberto Gargarella, Guillermo Cieza, Fernando Guzman. (Comision de Justicia y Paz Misioneros Claretianos de Argentina y Uruguay) , Javier Rodriguez Pardo ( Movimiento Antinuclear de Chubut) , Red Social y Ambiental, Frente Popular Darío Santillan, Adolfo Perez Esquivel, Eduardo Soarez, Ines Izaguirre, Carlos Frabetti (España), Elia Espen (Madres de Plaza de Mayo Linea Fundadora), Nora Corvalan( Lago Puelo)., Hernan Lopez Echague, Franck Mintz ( historiador Francia), Eduardo Lucita, Ezequiel Adamosvsky (Profesor UBA e investigador Conicet), Roberto Leher (Profesor Univ de Rio de Janeiro-Brasil) . Reinaldo Iturriza ( sociologo- Venezuela), Corriente Julio Antonio Mella, Bruno Fornillo, Herve do Alto( politicólogo Francia- Bolivia), Viviana Reissig, Mabel Grinberg, Rodolfo Vera, Ernesto Herrera( Uruguay), Jose Villalba (preso politico), Futradeyo, William Rosa Alves(asociació n de Geografos de Brasil y profesor de la Universidad de Mina Geraes), Mariangela Ferreira de Carvalho ( Asamblea Popular.Brasil) , Nora Tamagno, Myrian Genisans, Enrique Mosquera Duran (chepa) (Barcelona); Lucia Lopez Guerrero,
Autoconvocados del Valle Calchaqui-Cayayate/ Unión de los Pueblos de los Valles Calchaquies, Juliette Renaud, Iniciativa Paraguaya de Integración de los Pueblos. Capitulo de Alianza Continental. Santiago Laudat (Presidente de la Federacion Universitaria de La Plata), Jovenes en Resistencia Alternativa( Mexico), Emilio Tadei( Grupo de Estudio para America Latina), Patricia Rodriguez Jurado, Nelly Mendez, Luciana Ghioto (UBA), Asambleas Ciudadanas Riojanas (Chilecito, Famatina, Sanagasta, La Rioja), Aldo Casas, Carlos Eichelbaum, Fabricio Lombardo, D. Contartese., Gabriela Lariño.Germán Feldman – Presidente / Coordinador Gral Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales UBA
Ignacio Vissani – Presidente Centro de Ciencias Exactas y Naturales UBA Juan Pedro Denaday – Secretario General del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras UBA Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS). Pablo Anta, Juan Manuel Karg, Alejandro Andreassi Cieri
Departament d’Història Moderna i Contemporània
Universitat Autònoma de Barcelona, Alicia Jardel (Profesora. Belgica), Miguel Vedda, Juan Pablo Casiello (Secr. Adjunto Amsafe), Gustavo Teres(Secretario General Amsafé), José Guadalupe Gandarilo (CEIICH-UNAM. Mexico). Edgardo Hector Logiudice, Posta Porteña-El Porteño, María Maneiro, Delia Hermosí, Claudia Padula Hermosí, Andrés Padula Hermosí, Martha Hermosí, Paula Bosco Hermosí
Gabriela Bosco Hermosí, Walter Barboza..Dra. Nelly Edith Baldano (docentes por Brian.abogada) . Nestor Kohan. Noemi Abad, Nora Ciapponi, Maria Ester Tello( Madre de Plaza de Mayo. Paris).  Nancy Espasandin (integrante de la Comision en defensa del Agua y de la Vida. Uruguay), Horacio Tarcus, Raúl Zibechi, Emerenciano Sena ( Movimiento de Trabajadores Desocupados 17 de Julio, Marcela Acuña (Derechos Humanos, Chaco), Kattia Perez (profesora UBA), Dario Balvidarez( Profesor UBA), Susana Etchegoyen (Diputada MC-CABA), Encuentro de la Resistencia Indigena Barrial y Campesina, Gustavo Wexler( En Nuestro Nombre NO- Tucuman). Catedra Abierta de Estudios Americanistas UBA, Irma Leites( Plenario Memoria y Justicia. .Uruguay), Compadres del Horizonte, Marcia Rodriguez Otero, Ignacio Gabriel Anitua (profesor adjunto regular del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la facultad de derecho UBA), Coordinadora Antirrepresiva por lo Derechos del Pueblo (CADeP)