La eterna vuelta de la “Estrategia Pinochet”

Rodolfo Almirón Sena, que formaba parte de la Triple A, murió el viernes pasado. Cinco días antes el Juzgado Federal en lo Penal Nro. 5  había dispuesto la “suspensión” del proceso iniciado en su contra al conciderar que tenía afectadas las facultades mentales. El ex policía torturador y represor Rodolfo Almirón Sena, que formaba parte de la banda criminal paramilitar Alianza Anticomunista Argentina (AAA) -antesala al brutal terrorismo estatal de la última dictadura militar- falleció el pasado viernes en la Clínica “Madre Teresa de Calcuta” de esta ciudad de Buenos Aires.
El día 4 de este mes, el Juzgado Federal en lo Penal Nro. 5 a cargo del Dr. Norberto Oyarbide había dispuesto la “suspensión” del proceso iniciado en su contra al dar por válidos los estudios médicos que informaban que padecía “síndrome de Pick” y tenía afectadas las facultades mentales.
Se consolida así en nuestro país, lo que algunos organismos de Derechos Humanos han dado en llamar “la estrategia Pinochet” consistente en la dilación permanente del accionar judicial para que los represores mueran sin condena, o sea “inocentes” y en el marco del mayor desconocimiento de sus posibles crímenes en la sociedad.
Los juicios por los crímenes de la tristemente célebre Triple A –que marcan un sello en la historia de la violencia estatal y paraestatal para con los movimientos populares-, se iniciaron al poco tiempo del comienzo del accionar ilegal de esta organización en noviembre de 1973 con el atentado perpetrado contra el político radical Hipólito Solari Yrigoyen.
La causa ya en 1974 unificaba las denuncias por los asesinatos del abogado peronista Rodolfo Ortega Peña, el sacerdote Carlos Mugica, el abogado de origen marxista y defensor de presos políticos Silvio Frondizi y el ex sub jefe de la Policía bonaerense durante la “primavera camporista” Julio Troxler.
Aquel fue un intento de definir todos estos crímenes que dieron inicio a una seguidilla, como crímenes políticos tendientes a actuar y sembrar terror en los ámbitos populares.
En la práctica,  y bajo el amparo de parte sustancial del Estado Nacional a través del Ministerio de Bienestar Social que dirigía el padre de la organización terrorista, el “Brujo” José López Rega, se dió el accionar de patotas impunes de matones vinculadas a la burocracia sindical y al gremialismo empresarial junto con el de integrantes de los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas y de seguridad.
Sin embargo, ese primer intento no fue sostenido por el Poder Judicial cómplice en definitiva de la maquinaria del terror. Las chicanas y la desidia pronto hicieron que la causa unificada se archivara al poco tiempo de iniciada.
La vuelta al régimen constitucional en 1983 permitió la reapertura de la misma no sin esfuerzos, pero tras la captura internacional de López Rega en los primeros años del gobierno de Alfonsín, poco se avanzó y la muerte del genocida mostró una nueva claudicación de los representantes del Poder Judicial que dispusieron un nuevo archivo de la causa pese a la cantidad enorme de nuevas líneas de investigación que permitía. Los representantes de la tortura y de la muerte de militantes políticos, gremiales y actores de la cultura progresistas, quedaban en libertad pese a que en diversas causas e investigaciones judiciales y de todo tipo quedaba clara su integración a los grupos de tareas de la dictadura una vez dado el golpe de marzo de 1976.
Recién en 2006 y por el accionar de la organización civil y política “Arex” (Argentinos en el Exterior) de Galicia, pudo darse con el paradero de Almirón Sena, que junto a su suegro y también policía torturador y asesino de la Triple A había huido del país con López Rega tras el fracaso de su política económica (basta recordar el repudio popular unánime a las medidas del hombre del “brujo” en el Ministerio, Celestino Rodrigo, y su plan de ajuste que en 1975 barrió con los frenos de la burocracia sindical tras el anuncio de un paquete de medidas que perjudicaban a los sectores del trabajo y populares), no por ninguna gestión judicial, en esa provincia de España.
Se supo de mismo modo, que los policías se habían vinculado en Europa con lo más granado del terrorismo paraestatal continental, no ocultando vínculos con sus máximos representantes como Stefano Delle Chiaie o con conspicuos colaboradores de la dictadura de Franco reciclados en “políticos democráticos” como el fundador del Partido Popular y ex presidente de la Junta de Galicia, Manuel Fraga Iribarne.
Esta vinculación con el poder y los sectores de extrema derecha en una actividad que se manifestó como pública – ya que Almirón actuó como guardaespaldas de Fraga – deja en claro la impunidad con la que siempre se movió, tanto como la clara voluntad política de ambos estados de no perseguir los crímenes de la Triple A refrendados y sostenidos con la impunidad de los genocidas que actuaron antes y después tanto en España como en la Argentina.
Recién la anulación, tras una includicable lucha de más de quince años de organismos de derechos humanos y el movimiento popular todo en la Argentina, de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, permitió la reapertura de los juicios por los crímenes de Estado.
Esto, sumado a los hallazgos de Arex Galicia, permitió a organismos como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Fundación de Investigación y Defensa Legal Argentina y la Asoc. de Ex Detenidos Desaparecidos y partidos políticos como el Partido Comunista, el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores por el Socialismo y el Movimiento al Socialismo pedir la reapertura de la causa, esta vez en manos de Oyarbide y solicitar la extradición de Almirón y Morales y también de la ex presidenta Maria Estela Martínez de Perón.
La respuesta del Poder Judicial sin embargo, tras una aparente hiperactividad hacia fines de 2006 y principios de 2007 fue la de no dar lugar cabalmente a los reclamos de las organizaciones sociales y políticas y la de demorar una y otra vez el proceso.
Pese a que tanto Oyarbide como luego la Cámara Federal Penal reconocieron el carácter de organización parapolicial terrorista de la Triple A y la imprescriptibilidad de sus crímenes, la decisión fue la de la extradición de Morales y Almirón, y la captura aquí de otro de los policías involucrados, Eduardo Rovira, quedando a salvo Isabel Perón y consolidándose aquel viejo pacto pergeñado a la salida de la dictadura por Luder y Alfonsín que suscribía los crímenes de Estado al tiempo de la dictadura dejando afuera a las 3 A.
A finales de 2008, el fiscal Federal Eduardo Taiano firmó un dictamen aceptando como casos la inmensa mayoría de las seiscientas denuncias que los organismos de derechos humanos, movimientos sociales y partidos políticos aportaron en 2006, pero el Juez Oyarbide aun nada ha proveído al respecto.
Pese a escraches realizados por el movimiento popular por la demora en la causa, que obviamente desemboca en beneficios para los imputados, tales como la prisión domiciliaria de la que goza Rovira el único imputado ya que Morales falleció y tanto Almiron como el ex jefe de la Revista “El caudillo”, Felipe Romeo,  serian declarados a su turno “inimputables” por motivos de salud.
Como bien señala un comunicado conjunto de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Fidela y la Coordinadora Antirepresiva por los Derechos de los Pueblos, “durante 34 años Rodolfo Almirón estuvo sano, en condiciones de ser juzgado; a los pocos días de ser declarado insano por la Justicia, falleció formalmente "inocente" dado que no fue juzgado ni condenado”.
Los organismos del mismo modo señalan: “Claro que la muerte es un hecho natural, pero la impunidad que ganó es el fruto de una estrategia que debe ser enfrentada con la decisión de iniciar ya los juicios que se deben realizar contra todos los represores por todos los compañeros, para resarcir a un pueblo que sufrió un Genocidio y aún vive bajo sus consecuencias”.
Como Pinochet, Banzer, Stroessner y tantos otros, Almiron y su muerte se convierten en prueba de que hace falta una voluntad política real que trascienda los limites del derecho formal y convencional para poner un freno a la impunidad. Impunidad que es garantía y reaseguro del accionar de los poderosos. La conciencia social y la movilización popular han de jugar un rol fundamental en pos de construir esa voluntad política.