Se impuso el toque de queda tras los enfrentamientos

Un conflicto silenciado desde hace dos meses, cuando 65 etnias de los pueblos originarios de la Amazonia reclamaron su derecho a ser consultados sobre una nueva legislación que autoriza la explotación petrolera en la región, derivó en el desalojo violento de una ruta en Bagua y la muerte de unas 33 personas. Cientos de organizaciones realizarán el jueves una protesta en Lima contra el Gobierno de Alan García.

El 5 de junio una operación policial desalojó a pobladores de Bagua Grande y Bagua Chica de la carretera que conduce a zonas de explotación petrolera en el norte de Perú. Esto desató un enfrentamiento con un saldo de 33 muertos, entre ellas la de 22 policías, aunque otras organizaciones de la zona hablan de más de 50 indígenas asesinados. Según distintos medios periodísticos la zona continúa bajo el control del ejército, pero otro tramo de la ruta está tomado por indígenas, entre las localidades de Yurimaguas y Tarapoto, por unos 5.000 indígenas, según constató la defensora del pueblo, Beatriz Merino.
Las protestas que iniciaron en abril diferentes grupos indígenas en rechazo a las nuevas leyes de agua y la forestal, tuvieron finalmente este desenlace fatal. Consideran que se pone en peligro su territorio y además se oponen a los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Chile. Cabe destacar que el gobierno de Alan García ha decidido ignorar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ––la agencia de la ONU para los derechos del trabajo que agrupa a gobiernos, trabajadores y empresarios– firmado por Perú, que obliga a los Estados a consultar previamente con los indígenas cualquier decisión económica en sus territorios.
Entre los reglamentos que rechazan cerca de 65 etnias amazónicas, está la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Recursos Hídricos. Los nativos han insistido en que estas legislaciones vulneran sus derechos a la propiedad y el control sobre sus propios recursos naturales.
“El diario conservador El Comercio, que respalda el proyecto de explotación energética, pidió la renuncia del gabinete y acusó al Parlamento y a García de no haber propiciado el diálogo. El costo político debe ser asumido”, señaló el rotativo en su editorial de este lunes, destaca en su edición de ayer el diario La Jornada de México.
Asimismo “el presidente del Consejo de Ministros del ejecutivo peruano, Yehude Simon, admitió este lunes que el Gobierno tuvo parte de culpa en los sangrientos hechos del pasado viernes, que han cobrado la vida de (oficialmente) 33 personas -22 de ellos policías- durante violentos enfrentamientos en la provincia de Bagua”, informó el periodista Andrés Sal-lari en el portal Rebelión, quien subrayó en su crónica que “la enviada especial de la agencia española EFE (que no se caracteriza justamente por su progresismo) remite desde el lugar de los hechos que `la ciudad es un hervidero de rumores: hay quienes afirman que la Policía ha hecho desaparecer varios cadáveres de indígenas arrojándolos al río, algo que el Gobierno niega, y que está irrumpiendo en los hospitales para detener a los heridos´”.
Por otra parte movimientos sociales expresarán “su condena por la matanza de civiles y policías provocada por el régimen de Alan García y se sumarán a la protesta que se realizará el jueves 11 de junio, cuya concentración será a las 2 de la tarde en la Plaza 2 de Mayo para dirigirse posteriormente a Palacio de Gobierno”. Así lo anunció hoy la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP) en su página oficial.
La organización sindical expresó “su más enérgica condena a la matanza ordenada por el Gobierno del presidente Alan García cuyo desenlace ha ocasionado la muerte de más de veinte representantes de comunidades amazónicas, pobladores de la Provincia de Bagua y Utcubamba y miembros de la Policía Nacional”.
“Responsabilizamos de estos hechos al Gobierno Aprista que lejos de solucionar las demandas de los pueblos amazónicos responde con violencia contra la población indefensa. Exigimos al Congreso de la República la inmediata derogatoria de los decretos inconstitucionales y al gobierno que cese la represión y se retome el dialogo para solucionar las demandas”, agregó la CGTP.
Además, la central obrera hizo un llamado a sus bases para movilizarse en respaldo y solidaridad con los pueblos amazónicos.
En consonancia con esta declaración, el presidente del Parlamento Indígena de América, José Poyo, condenó la masacre y lamentó que el gobierno “no haya aceptado el diálogo que desde hace más de 50 días venía exigiendo la dirigencia de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Amazónica (AIDESEP)” y solicitó al Congreso “la derogatoria de un paquete de decretos que los pueblos originarios consideran lesivos a sus derechos como pobladores ancestrales de la amazonía peruana”. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los hechos y le recordó al Estado peruano su obligación de esclarecer judicialmente lo sucedido.

 Por Mariano Vázquez.