Otro caso de judicialización de la protesta… y van

Ocho ex trabajadores enjuiciados por defender sus derechos y por reclamar la reestatización del petróleo y el gas.
El Tribunal en lo Criminal N°5 de La Plata está juzgando desde el lunes por “coacción agravada” a Juan Carlos Bartolucci,  Reinaldo Giles, Daniel Seoane, Jorge Germán, Carlos González, Roberto Burgos, Tránsito Osorio y Carlos Guanciarosa; ex trabajadores de YPF, Gas del Estado y de la Petroquímica Mosconi de Ensenada.
Todo comenzó cuando en 2003 un grupo de trabajadores montaron “la carpa de la dignidad”, haciendo cortes alrededor de la empresa Repsol S.A (Ensenada). Reclamaban el 10 por ciento del paquete accionario por la venta de YPF y Gas del Estado, es decir el pago de las acciones que por ley les correspondían luego de sus despidos al privatizarse la empresa, pago que se les siguen adeudando hasta el hoy. Los trabajadores exigían además regresar a sus puestos de trabajo perdidos.
El juicio comenzó el lunes y se espera que mañana culmine la etapa oral. Durante estas jornadas fueron cayendo cada una de las acusaciones realizadas por la fiscalía. Los propios testigos de la querella demostraron la fragilidad de los argumentos. El jefe de bomberos aclaró que la quema de gomas realizada frente a Repsol no era peligrosa. La Policía admitió que no registraron ningún tipo de agresión o conducta amenazante por parte de los trabajadores, por lo que decidieron no efectuar detenciones (de hecho, las detenciones se produjeron con posterioridad a la protesta). Los choferes de los camiones que no pudieron ingresar a la empresa afirmaron que los trabajadores se acercaban para explicarles la situación y pidiéndoles colaboración. Sólo un chofer afirmó haber sentido miedo en algún momento, pero aclaró que nunca pensó en realizar una denuncia al respecto.
Por lo tanto no hay testimonios que acusen a los trabajadores por delito alguno. Durante este juicio ha quedado demostrada también la falsedad de otra de las denuncias presentada por Repsol. Sus directivos habían afirmado que en la protesta se habían bloqueado todas las entradas a la empresa, lo que era una amenaza para las personas que se encontraban dentro. Testigos demostraron que siempre hubo acceso a una de las cinco puertas del establecimiento, lo que permitía la entrada y salida de allí.
La sentencia se daría a conocer la próxima semana. Pero los trabajadores y abogados defensores esperan que ante la falta de pruebas incriminatorias, el juicio podría levantarse sin necesidad de que los jueces arriben a un fallo.
De todos modos, los trabajadores, junto a sus organizaciones (Autoconvocados por la Nacionalización del Petróleo y el Gas, Agrupación Mosconi FeTERA – CTA La Plata, Berisso y Ensenada), denunciaron que mientras este juicio se lleva adelante, la causa que investiga el vaciamiento de las empresas estatales continúa cajoneada. Los delitos son de acción pública y están imputados los ex ministros de Economía Domingo Cavallo y Roque Fernández, además de altos directivos de Repsol S.A., entre otros. Estas personas habían sido sobreseídas en un apresurado fallo del juez Claudio Bonadío, que luego fue anulado por la Cámara Federal Criminal nº 1, que devolvió las actuaciones al magistrado instándolo a que dicte sentencia "con la premura del caso en esta aletargada causa". La premura ya lleva 17 meses sin novedades.