URGENTE: procesan a estudiantes universitarios

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9, a cargo de Aráoz De Lamadrid, procesó a diez dirigentes de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) por su lucha en defensa de la sede del CBC de Merlo. La pena-no excarcelable-  va de 10 a 25 años de prisión. La situación es realmente grave. El procesamiento apunta directamente a la cabeza del movimiento estudiantil en lucha.

Se solicita difusión y adhesiones a documento que transcribimos.

Comunicado de Prensa de la FUBA

Frente al procesamiento de diez dirigentes estudiantiles de la UBA con motivo de la movilización de mayo pasado en defensa de la sede del CBC en la zona Oeste del Conurbano, la Federación Universitaria de Buenos Aires se ha reunido con el conjunto de las organizaciones estudiantiles y centros de estudiantes para resolver una campaña nacional e internacional por su inmediato desprocesamiento.Como primera resolución se impulsará un pronunciamiento para ser firmado por organismos de DDHH, diputados, legisladores, representantes sindicales, comisiones internas, organizaciones populares. Como segunda resolución se impulsará una campaña de propaganda por la Ciudad de Buenos Aires y por todo el país acompañando la misma con materiales de difusión.

Como tercera resolución se convoca para el día martes 17 de noviembre del corriente una conferencia de prensa donde estarán presentes todos los procesados junto a los representantes y organismos que se solidaricen con la causa. La conferencia  se realizará en el Bauen (Callao 360) a las 12 horas.

Ningún estudiante preso

Los abajo firmantes nos pronunciamos por el inmediato desprocesamiento de los 10 dirigentes estudiantiles de la UBA, procesados por defender la continuidad de una sede del cbc de Merlo, la zona Oeste del conurbano. Se pretende juzgar por "secuestro coactivo agravado" , que tiene previsto una pena entre 10 y 25 años siendo no excarcelable, atentando claramente contra le derecho democrático de movilizarse pacíficamente en defensa de la Educación, conjuntamente con esto se les ha dictado un embargo por $10.000 y la prohibición de salida del país. Consideramos que la causa en contra de los 10 dirigentes de la UBA representa un avasallamiento de las libertades democráticas y de organización no sólo de los estudiantes sino del conjunto del movimiento popular. Reclamamos el inmediato desprocesamiento de los 10 dirigentes de la UBA y contra todo intento de criminalizar la protesta social.  Adhesiones a desprocesamientoya@yahoo.com.ar
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Una lucha triunfante

Es importante señalar que la lucha librada durante la primera parte del año por la permanencia de una sede del CBC en la zona oeste concluyó de una manera victoriosa. La lucha comenzó en el mes de marzo, cuando al comenzar las clases los estudiantes y docentes del CBC de Merlo se encontraron con la novedad de que la sede sería cerrada. El intendente de Merlo, Raúl Othacehé responsabilizaba al rector de la UBA Rubén Hallú, y éste, por su lado, le echaba la culpa al intendente de Merlo. Pero, mientras entre ambos se tiraban la pelota, las víctimas eran los 3500 estudiantes inscriptos en la sede junto a los trabajadores docentes y no docentes de la misma.

Ante esto estudiantes y docentes tuvieron una actitud ejemplar. Resolvieron de manera democrática quedarse en el lugar dictando y tomando clases mientras el rector y el intendente amenazaban, cada uno por su lado, con forzar un desalojo. Si éste finalmente no se dio fue únicamente por la actitud firme de estudiantes y docentes y por el apoyo brindado por la inmensa mayoría de la Universidad de Buenos Aires.

Aquel 28 de mayo la movilización de estudiantes, docentes y padres de Merlo tenía un objetivo muy concreto, a saber: el cumplimiento de la resolución Nº 3830 que había sido conquistada el 16 de abril del corriente año, pero que el rectorado se negaba a implementar efectivamente. La situación era sumamente grave porque las autoridades bloqueaban la presencia de personal administrativo en la sede, se negaban a tomar los exámenes en las instalaciones de Merlo y no había ningún avance sobre la búsqueda de una nueva sede. Esto obligaba a los estudiantes a quedarse a pernoctar en la sede del CBC, realizando una vigilia en custodia de las instalaciones.

Cuando el 28 de mayo los estudiantes, docentes y padres concurrieron a la sesión del Consejo Superior fue, como acabamos de señalar, para reclamar que se cumpla efectivamente una resolución que el propio Consejo Superior había votado tiempo atrás. Transformar una petición ante las autoridades en un “secuestro coactivo agravado” no es más que una maniobra política alevosa contra el movimiento estudiantil.

El movimiento estudiantil como rehén

Los dirigentes estudiantiles ahora procesados cumplieron con su deber al acompañar desde un primer momento a los estudiantes y docentes de Merlo. La función de quienes han sido electos para ocupar lugares destacados en las organizaciones estudiantiles es el de acompañar positivamente a sus compañeros por los reclamos que hacen a la defensa de la educación y la universidad pública.

Indudablemente, con fallos como éste se pretende mantener como rehenes a los dirigentes estudiantiles, condicionando su accionar político y gremial en todo lo referente al cumplimiento de las tareas para las cuales han sido electos por sus propios compañeros. Es a esto que apunta la judicialización de la protesta social y es por eso que debe ser rechazada por todos aquellos que, más allá de sus diferencias políticas, defienden la necesidad de un movimiento popular activo y movilizado que sea protagonista de la realidad política nacional.

El juez carece de elementos para procesar a nuestros 10 compañeros. Se los juzga no por sus actos sino por ocupar cargos de responsabilidad en las organizaciones estudiantiles. Se trata, por lo tanto, de una persecución lisa y llana y de esa manera debe ser denunciada.

Por el inmediato desprocesamiento

Estamos en presencia de un hecho de máxima gravedad. Sobre buena parte de la actual dirección del movimiento estudiantil de la UBA pesa la amenaza de un juicio por un delito que tiene penas de tal magnitud que su cumplimiento supone la prisión efectiva de 10 dirigentes estudiantiles.

No al procesamiento de los compañeros de la Fuba
(nota publicada en Prensa Obrera)

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9, a cargo de Aráoz De Lamadrid, acaba de procesar a diez dirigentes de la Fuba por su lucha en defensa de la sede del CBC de Merlo. Los hechos por los que los juzga ocurrieron el pasado 28 de mayo en el Rectorado, cuando una movilización de estudiantes y docentes del CBC de Merlo se presentó en la sesión del Consejo Superior para rechazar el cierre de la sede. Finalmente, y como consecuencia de una lucha que duró varios meses, se logró que la sede siguiera abierta y que abrieran otras en zonas cercanas. El triunfo obtenido representó una derrota tanto del intendente de Merlo, Othacehé, como del rector de la UBA, Hallú, quienes en todo momento actuaron concientemente contra los estudiantes y docentes. La medida judicial tiene un carácter puramente revanchista. Los compañeros procesados -Cristian Henkel, Mariela Solesio, Santiago Gima, Juan Pablo Rodríguez, Alejandro Raia, María Laura Casal, Agustín Vanella, María Damasseno, Leonardo Perna y David Fridman- son destacados luchadores del movimiento estudiantil. Entre ellos, se encuentran dos de los tres actuales copresidentes de la Fuba, tres ex presidentes de la misma, una consejera superior en funciones, presidentes de centros de estudiantes y consejeros directivos de varias facultades. El fallo apunta a la cabeza del movimiento estudiantil combativo de la Universidad de Buenos Aires y de todo el país. El procesamiento tiene una gravedad inusitada. Se los acusa de "secuestro coactivo agravado por la cantidad de participantes" , que tiene una condena que va de los 10 a los 25 años. Además se impuso un embargo por 10.000 pesos a cada compañero y se les prohibió la salida del país. Una muestra de alevosía pocas veces vista en un proceso judicial. La Federación Universitaria de Buenos Aires resolvió lanzar una campaña nacional para exigir el desprocesamiento de los compañeros  

Estudiantes procesados por secuestro coactivo agravado
(nota publicada por Correpi)

El 19 de junio de 2003 el congreso nacional sancionó la primera ley del entonces nuevo gobierno kirchnerista. El proyecto había sido enviado por el anterior poder ejecutivo, en agosto de 2002, pero su sanción, rapidísima y sin debate, fue personalmente dirigida por el primer ministro de justicia de Néstor Kirchner, Gustavo Béliz. Era una reforma al código penal que modificaba el art. 142 bis, que castiga el secuestro extorsivo. Al calor de la "ola de inseguridad" con la que entonces, como en estos días, ametrallaban desde el oficialismo y los medios, los diputados y senadores votaron un aumento notable de las penas para el delito de secuestro extorsivo, llegando en los casos agravados a una escala superior al homicidio. Además, se consagraba la figura del "arrepentido" para este tipo de delitos, bajando sensiblemente el castigo a los delatores, reales o manipulados.En el cortísimo debate legislativo, cuando inopinadamente fue el peronista Jorge Yoma el que cuestionó el proyecto oficial, mostrando que tenía inconsistencias de magnitud, fue otro peronista, Carlos Menem, el que le contestó. "Es posible que esto no sea lo mejor, pero lo mejor es a veces enemigo de lo bueno", dijo.Mientras no se conocen demasiadas condenas aplicando esta norma a las bandas de secuestradores que sistemáticamente integran miembros del aparato represivo estatal, y sigue desaparecido Jorge Julio López, la figura del art. 142 bis del código penal ha sido elegida, ahora, por un juez federal para criminalizar el justo reclamo del movimiento estudiantil.El 28 de mayo de este año, un centenar de estudiantes universitarios de diversas y variadas agrupaciones se unieron en el reclamo contra el cierre de la sede Merlo del CBC, que dejaba sin posibilidad de estudiar a los jóvenes de la zona oeste, probablemente los más pobres de todo el alumnado de la UBA. La medida consistió en ingresar al rectorado de la universidad para exigir al consejo directivo que se suscribiera un acta que describía la situación y expresaba el compromiso de darle solución.Durante un par de horas, en presencia de todos los medios de comunicación, y en un edificio plagado de personal policial, al punto que cada segundo de debate está filmado, los estudiantes, encabezados por los dirigentes de la FUBA, hicieron sus planteos y requirieron soluciones de los consejeros. El juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid quedó a cargo de la causa iniciada por las autoridades universitarias, en la que desfilaron como "testigos" contra los compañeros desde policías y decanos hasta el burócrata de APUBA Anró, el mismo que lideró hace no tanto tiempo el ataque de la patota oficial contra los estudiantes cuando se movilizaban para impedir la elección de Alterini como rector.

Después de indagar a diez dirigentes estudiantiles, el juez resolvió procesarlos por secuestro coactivo agravado por el número de participantes, delito que, conforme aquella previsora reforma kirchnerista, prevé una pena de 10 a 25 años de prisión. Consciente de lo brudo de su fallo, Aráoz de Lamadrid no acompañó el procesamiento con prisión preventiva, aunque sí trabó un embargo de $10.000 sobre los bienes de cada compañero y les prohibió salir del país. Esta resolución judicial, que las defensas de los compañeros, entre las que se cuenta CORREPI, ya están apelando, deja al desnudo, con claridad pocas veces vista, para qué quiere el gobierno un código penal más duro.