Estafados

Francisco “Pancho” Montiel y Bernabé Naranjo están presos en el penal de Ezeiza desde hace diez meses, acusados de “extorsión”. Montiel cumple hoy 15 días de huelga de hambre pidiendo por su libertad.

Ambos trabajadores portuarios, detenidos el 19 de noviembre del año pasado, están acusados de extorsión en una causa por la cual la justicia les dictó prisión preventiva. Esta acusación, aseguran, fue producto de una “operación política” para desprestigiarlos no sólo a ellos sino también a la organización que conducen: el Movimiento de Estibadores de Pie.
Por eso, sus compañeros hicieron una convocatoria para coordinar acciones de solidaridad y tratar de levantar el silencio mediático que existe en torno a estas detenciones.
La reunión se realizó el lunes en el recuperado Hotel Bauen y asistieron trabajadores de diferentes sectores (Indec, Subte, Banco Provincia, portuarios en actividad, entre otros).
Además estuvo presente Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora, e integrantes de la Asamblea de San Telmo cuyos 23 detenidos por el desalojo del Hotel Carlos IV fueron liberados recientemente.
La compañera de Pancho Montiel, Ana Gorría, explicó cómo se fueron sucediendo los hechos desde el comienzo de la lucha por la derogación del decreto 817/92, firmado en mayo de 1992 por el entonces presidente Carlos Menem.
Este decreto dejó sin efecto las convenciones colectivas de trabajo para los 33 gremios de la actividad portuaria. El objetivo fue la privatización de puertos y el despido de los estibadores.
De inmediato a Montiel y Araujo se los excluyó del registro portuario. A su vez, quedaron en la calle miles de trabajadores imposibilitados de reclamar ni siquiera la indemnización por despido. Pero además perdieron la posibilidad de jubilarse.
Por eso en el año 2005 comenzó a organizarse un movimiento que, luego de entrevistarse con distintos funcionarios del gobierno, logró la firma por parte del entonces presidente Néstor Kirchner del decreto 1409/06, norma que permitió jubilarse a los que habían sido perjudicados por el decreto anterior.
En mayo de 2007, el Movimiento de Estibadores de Pie agrupaba alrededor de 5000 trabajadores. Allí comenzó una campaña de difamación que culminó acusando a sus dirigentes de cobrar sumas de dinero haciéndoles firmar pagarés en blanco, a cambio de garantizarles que obtendrían la jubilación. 
Ana Gorría aseguró que un pequeño grupo de integrantes del Movimiento fueron quienes, en complicidad con el poder político y con la burocracia sindical, armaron el terreno para fraguar la denuncia. Concretamente acusó a Jorge Donadío, titular de la mutual que actualmente tienen los trabajadores portuarios (AMUPA).
El abogado defensor de los trabajadores presos, Marcelo Parrilli, explicó cómo se armó esta causa por extorsión a través de denuncias sin pruebas y con la declaración de una decena de portuarios inculpando a Montiel y Naranjo contra cien que atestiguaron a su favor.
El martes fue presentada la fundamentación que apela por su libertad. El juez deberá resolver en 15 días si la acepta. La Defensa pide en primer lugar la inmediata excarcelación; luego que se cierre la causa y que se investigue a los responsables de montar esta maniobra.
Según Parrilli, el juez que dictó la prisión de ambos estibadores, Marcelo Martínez Giorgi, es uno de los pocos que dictaminaron detenciones a luchadores sociales. Sin embargo, no hizo lo mismo con funcionarios de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y de Administración General de Puertos (AGP) que estarían involucrados en esta maniobra.
Lo concreto es que desde enero de este año no se han otorgado más jubilaciones ya que la Anses firmó una resolución por la cual suspende el inicio de trámites jubilatorios para trabajadores portuarios hasta verificar lo actuado.
Las solidaridades han llegado de todo el mundo: trabajadores de Paraguay, Brasil, Uruguay, Venezuela, Chile, Costa Rica, El Salvador, México, Irlanda, España. Además, organismos de Derechos Humanos de Argentina presentaron un escrito al juez Giorgio pidiendo que se los libere.
Ahora queda reforzar la presión popular, la solidaridad amplia y la difusión de estos hechos para lograr que ambos recuperen ya su libertad.

Contactos: Ana Gorría: 15 3613 3180 //  Dolores: 15 5506 9796