Justicia ciega en Mendoza

La sala "A" de la Cámara Federal de Apelaciones liberó este año a militares y policías acusados de secuestros y torturas durante la última dictadura. Los camaristas Julio Petra, Alfredo López Cuitiño y Carlos Pereyra González resolvieron la semana pasada liberar al coronel Oscar Orlando Dopazo, ex jefe de inteligencia del Grupo Dos del Ejército. Dopazo se encontraba con prisión domiciliaria desde agosto de 2004, imputado en varias causas por violación a los derechos humanos, detenciones ilegales y torturas.
Al dar a conocer el texto de la resolución, los camaristas afirmaron que en el expediente, que llegó desde el despacho del juez federal Walter Bento tras un recurso presentado por los defensores oficiales de Dopazo, “no se señala qué riesgos procesales estarían presentes en caso de que el imputado recuperase su libertad, ni cuáles eran las pruebas que lo acreditan”. Justifican además su decisión al asegurar: “No existiendo a "prima facie" peligro de fuga, ni riesgo de la comisión de nuevos delitos, como por el que fue indagado, ni pruebas que demuestren que puede presionar a los testigos y que con su libertad se altera el orden público”.
Así, el coronel Dopazo esperará en libertad el inicio incierto de algún proceso que lo juzgue. Actualmente, en la justicia federal de Mendoza hay en trámite más de 140 causas penales relacionadas con los crímenes cometidos durante la última dictadura, ninguna de ellas ha llegado al juicio oral, ni está previsto que lo haga en una fecha concreta. De hecho, en Mendoza aún no se ha realizado ningún juicio por delitos de lesa humanidad. Así lo confirmó Elba Morales, una de las coordinadoras del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza a Red Eco.
Morales explicó además que la misma Cámara Federal de Apelaciones (que actúa en las provincias de Mendoza, San Luis y San Juan) resolvió el viernes último la liberación del sargento del Ejército Osvaldo Benito Martel (en este caso, Alfredo López Cuitiño votó en contra), quien está procesado y con prisión preventiva por violaciones a los derechos humanos. Martel ya fue reconocido por varios ex detenidos desaparecidos en el Penal de Chimbas, San Juan, en donde actuaba.
Tanto esta liberación como la de Dopazo fueron apeladas por el fiscal general ante la Cámara, Santiago Teruel.
Anteriormente, en mayo de este año, Petra, López Cuitiño y Pereyra González resolvieron liberar a cuatro efectivos de la policía, acusados de secuestrar y asesinar a Víctor Romano Rivamar en 1975 y al estudiante peruano de periodismo, Amadeo Sánchez Andía. Durante 30 años, Carmelo Cirella, uno de los ahora excarcelados, declaró haber integrado el grupo de tareas que secuestró a Rivamar y Andía; pero en la última declaración se contradijo. Cirella desmintió haber pertenecido a esa patota. Testigos de la causa aseguran que lo que habría hecho cambiar su parecer fueron varias amenazas que tanto él como su familia recibieron en el último tiempo. Lo concreto es que esta declaración fue la que utilizó la Cámara para dictar la falta de mérito para los cuatro ex efectivos de la Policía Federal, dejándolos de esta manera en libertad.
Estas decisiones preocupan a los abogados querellantes de las causas y a los organismos de Derechos Humanos de la provincia, pero también a la Unidad Fiscal de coordinación y seguimiento de las causas de delitos de lesa humanidad, que depende de la Procuraduría General de la Nación, cuyos integrantes estuvieron presentes en Mendoza, interiorizándose en el caso Dopazo.
Pero una de las consecuencias más negras de estas decisiones es que conforman un antecedente para que los defensores de distintos militares detenidos pidan su liberación. Tal es el caso del abogado del ex coronel Tamer Yapur, acusado por delitos similares a Dopazo, quien ya realizó un pedido de excarcelación.
Así como ya lo ha hecho el fiscal general Teruel, los abogados querellantes de las (varias) causas en las que está procesado Dopazo están presentando recursos en el Tribunal de Casación, apelando la decisión de la Cámara Federal. “Es la medida que podemos tomar, pero no es más que presentar recursos tras recursos. Lo que logran los camaristas con estas decisiones es seguir demorando el avance de las investigaciones”, se lamenta Morales.