Violentos atropellos policiales contra militantes del Mocase VC

Santos y Luis González aun se encuentran detenidos ilegalmente en el penal de la ciudad de Santiago del  Estero

Cuando aún el sol no había comenzado a dar tibieza a esta parte del continente, dos grupos de 16 policías, al estilo comando terrorista de la dictadura, y sin dar aviso ni mostrar orden de juez, comenzaron a golpear y disparar con escopetas con balas de goma sobre el cuerpo de Santos Ramón González, Luis González y Carlos Argentino Lescano quien intentaba separar a las personas que golpeaban con alevosía y sin ninguna explicación más que insultos y amenazas de muerte a los dos primeros.
Mientras tanto un grupo más pequeño, traía a las rastras a don Roman González, hombre de más de 60 años, y era permanentemente cacheteado por dos mujeres policías para que no mirara las escenas de tortura y agresiones físicas y verbales de todo tipo que recibían sus hijos.
Fueron arrancados y arrastrados, agredidos grupalmente y llevados en la camioneta de Miguel Jiménez, un delincuente, contrabandista y abusador  de mujeres muy conocido de la zona de Quimil por haber estado al servicio de D’Amico y Muza Azar hasta la detención y condena de este último.
Ese viernes 5 de setiembre a las 8,30 horas de la mañana aproximadamente fueron llevados en esa camioneta, que arrastraba otra camioneta de propiedad de los compañeros campesinos hasta la Comisaría 29 de Quimil, los compañeros nombrados junto con José Rubén Lescano Y Ramón González.
Los oficiales y agentes de policías que golpean, disparaban contra estos seis compañeros fueron Aldo Rafael Ibáñez.,  Rodolfo Bustos, Alejandro Pintos.  Y otros que estaríamos identificando.
Las razones de la detención parecían haber sido armadas luego por el Juez Penal de 4ª Tarchini Saavedra que quien desde que asumió como tal realiza una verdadera caza de brujas contra campesinas y campesinos del MOCASE Via Campesina.
Lo cierto es que solo pesaba orden de arresto sobre Santos Ramón González, quien fuera acusado el año pasado de un hecho del que se ha probado fehacientemente el estaba en Monte Quemado trabajando en la limpieza del Canal junto con su hermano Luis que aún hasta la fecha permanecen detenidos en el penal.

A ambos se los ofreció la libertad a cambio de que reconozcan la posesión de una persona que está sirviendo a los intereses de Carlos Morel Bullez de Monte Maíz, provincia de Córdoba. (ver escrito adjunto que desarrolla una parte de la lucha de la comunidad contra este personaje del sur)

Agregamos el escrito realizado por el Dr: Antenor Ferreyra, actual defensor de los Luis y el Gordo Gonzáles quienes se encuentran ilegalmente  encarcelados en el penal.

Compañeros:
Pongo en conocimiento del conjunto de los compañeros que abusando de la condición de presos políticos de los dos compañeros campesinos del MOCASE VC  se ha pretendido chantajearlos, ofreciéndoles la libertad a cambio del reconocimiento de derechos posesorios del denunciante. Esta reunión se habría concretado el pasado miércoles 17, en horas de la tarde, en Jefatura de Gabinete, habiéndosela anunciado como una reunión de la Mesa de Tierras.
Los presos políticos no aceptan el chantaje y prefieren seguir privados de la libertad antes que someterse a estas miserables maniobras.
Llamo al conjunto de compañeros a exigir la libertad de los presos políticos y denunciar la permanente persecución policial y judicial contra los campesinos de esta provincia.
Fraternales saludos.
Antenor R. Ferreyra.

Secretaría de comunicación MOCASE VC

Enviar fax de solidaridad y pedido de libertad.
Del superior Tribunal el fax es 0385 4507703

Del Juzgado de 4ta.  el fax del juzgado es 0385 421 8681

Jefatura de Gabinete. Te fax   0385 450 5060

Breve reseña del conflicto:

El día domingo 15 de febrero de 2004 un grupo armado al mando del autodenominado Miguel Angel Zurita, quien dice ser ex sargento del carapintada Aldo Rico –jefe del golpe contra el orden democrático en 1987-, y que se presentó como el actual subdirector del “Servicio de Seguridad Cóndor”, entraron violentamente en la fracción 4 y 8 del Lote 5  a 45 kilómetros al sudeste de la Ciudad Quimilí sobre la ruta Nº 116.
En esa comunidad viven y producen 27 familias. de origen Vilela, productoras de vacas, cabras, cerdos, aves de corral; realizan un promedio de 10 hectáreas de algodón, 2 hectáreas de frutales temporarios, maíz, desde un enfoque agro ecológico sustentable, es decir la agricultura se desarrolla preservando lotes de masas boscosas nativas y renovales autóctonos, montes donde pastan sus animales, que poseen para el autoconsumo.
En un mes de permanencia, el grupo ilegal armado, ha matado 30 cerdos, más de 40 gallinas, incendiado 5 viviendas con todo lo que había adentro. Han destruido 5 hectáreas de sandías, zapallos y coreanitos, 28 hectáreas de algodón, volteado alambrados antiguos realizados por las familias campesinas, han contaminado un pozo de agua público y han desmontado con topadora en un día 20 hectáreas de bosques nativos y hace unos días mataron a balazos el caballo de tiro de una vecina que utilizaba para baldear el agua del pozo y como medio de transporte.
Frente a ello, se interpusieron denuncias penales ante el Juzgado Criminal de 4ª nominación de Santiago del Estero. Ante las pruebas irrefutables aportadas al expediente, el juzgado ordenó una inspección ocular donde se constataron los hechos denunciados. A varios años de esta medida, el juzgado no ha ordenado ninguna medida tendiente a  que determine los responsables de estos hechos. Juzgado a cargo actualmente del Dr. Tarchini Saavedra.
En ejercicio de los derechos derivados del derecho territorial de la comunidad esta recuperó la posesión con el apoyo de familias campesinas e indígenas vecinas. Allí se encontró una topadora con una camioneta, una casilla, una cisterna de combustible, un acoplado de camión donde se cobijaban el grupo de hombres contratados por un tal Miguel Ángel Zurita a su vez contratada por un empresario llamado Carlos Morell de la “Cerealera Morell-Bullez SRL” de Monte Maíz, Isla Verde y otras localidades de la Provincia de Córdoba.
Había dentro un grupo de menores de edad quienes dijeron haber sido contratados para trabajos de campo, dicen no haber cobrado y haber tenido que empeñar algunas de sus cosas para comer, y a quienes el MOCASE les pagó el boleto para que volviesen a sus hogares. También había tres personas más, una mayor de edad, el dueño de la topadora y un ayudante del dueño de la topadora. A todos los usurpadores se les registró sus nombres, procedencia y motivos por los que se encontraban en el campo de la comunidad. Luego se los dejó marchar. Sin embargo, posteriormente se supo que Zurita los cargó en la camioneta en la ruta al pueblo y los llevó con él a la Comisaría Nº 29 de Quimilí. Zurita amenazó de muerte a los integrantes de MOCASE que habían acompañado a las familias.
Estas amenazas se concretaron al día siguiente con el intento de homicidio contra Ángel Strappazzón, realizado por Miguel Ángel Zurita con el apoyo del destacamento de Policía Comisaría Nº 29 de Quimilí. Como en la época de la dictadura, Zurita y los policías se trasladan en camionetas sin patente de la policía (Ford F100 roja), exhibiendo armas largas. En ese vehículo habitualmente persiguen a los campesinos con total impunidad. (ver aparte).
Este hecho fue inmediatamente denunciado ante el juzgado de turno (2ª nominación del crimen a cargo en su momento del Dr. Trejo),  y que no dio curso a la denuncia. Por el contrario, impulsó procesalmente una denuncia en contra de Strappazzón y de Fabián De Bueno, ambos integrantes del MOCASE, a quienes el Juez citó a prestar declaración indagatoria ante la comisaría 29 de Quimilí. La defensa del equipo jurídico de MOCASE se opuso a que se instruya el sumario en la comisaría 29 de Quimilí, porque se de lo contrario se vería afectado el principio de imparcialidad, en tanto los policías de esa dependencia habían sido denunciados anteriormente, en el mismo juzgado, de ser partícipes en el intento de homicidio en contra Strappazzón y de otros delitos en perjuicio de los campesinos. Frente a ello, el juez encargó la instrucción del sumario a la policía de Santiago del Estero.
También en el expediente de segunda mención tras un brutal allanamiento a la casa rancho de Don Ramón González la policía por orden judicial realizo el secuestro de innumerables objetos de valor económico y afectivo de la familia. Al resultar infructuoso se ordeno la devolución de los elementos secuestrados, quedando constancia del reintegro parcial, sin que a la fecha la comisaría 29 de Quimilí y el juzgado interviniente den respuesta en cuanto a los elementos faltantes.