Córdoba: La mano en la Caja

Diez gremialistas detenidos el sábado a la madrugada y el anuncio de que posiblemente se paguen sueldos con bonos, son los últimos sucesos del colapso económico en que se encuentra la provincia de Córdoba. A las 5 de la madrugada del sábado la policía cordobesa ingresó en las viviendas de nueve trabajadores de la empresa provincial de energía EPEC, delegados del Sindicato Luz y Fuerza de Córdoba y de un trabajador municipal, delegado del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM).
El fiscal Enrique Gavier, a cargo de la causa, informó entonces que los trabajadores estaban imputados por los delitos de daño calificado, atentado a la autoridad calificado e intimidación pública agravada" por los sucesos producidos el 20 de agosto pasado en las manifestaciones contra las modificaciones que el gobierno provincial estableció en el régimen previcional.
Este lunes, mientras 2.500 trabajadores, esperaban en Tribunales II, el juez de Control, Gustavo Reinaldi, ordenó al fiscal Enrique Gavier, eximirlos de prisión.
Por su parte, el mismo sábado el Gobernador Schiaretti reconoció, que el atraso del cronograma de pagos a los empleados provinciales se debe a la falta de dinero. Incluso el ministro de Gobierno, Carlos Caserio, advirtió que luego del 15 de septiembre se definirá la emisión de bonos para hacer frente a la crisis financiera de una provincia “quebrada”.
Para los gremios las detenciones constituyen una provocación con el fin de generar un clima de caos que les permita lanzar los bonos. Intentando, a su vez, ocultar el vaciamiento de las cuentas del estado que ascendería a más de 11 mil millones de pesos.
La Caja de Jubilaciones a la que aportan todos los gremios estatales de la provincia, es administrada por el gobierno local, lo que permitió que, a lo largo de los años, sus fondos fueran desviados y llegar a la situación actual en que se declaró la emergencia económica, financiera y administrativa de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
A su vez, las modificaciones realizadas tuvieron como fin equiparar el régimen provincial al nacional perjudicando a los trabajadores al aumentar la edad jubilatoria, modificar la movilidad y reducir montos de jubilaciones.
Hasta el momento el poder judicial actuó sobre los trabajadores, pero no existieron medidas para investigar qué pasó con los aportes realizados. Por ejemplo: para resguardar el 82% móvil, desde 2002 los trabajadores cordobeses aportan el 18% de sus sueldos a la Caja provincial, lo que significa 7% más que quienes lo hacen a la Caja nacional, los 2 mil millones recaudados en este Fondo Complementario hoy no existen y no se da respuesta de adonde fue dicho dinero.
Los trabajadores estatales mientras tanto continuarán con las medidas de fuerza contra las modificaciones a la ley previsional, el cronograma establecido previo a las detenciones incluía un paro y movilización para el próximo martes 16.