Sin justicia

La justicia avanza sobre los inquilinos del hotel Carlos V que detuvieron hace un mes en San Telmo, fueron procesados por seis delitos penales y fue negada su excarcelación. Los 23 vecinos del barrio de San Telmo que desalojaron y detuvieron el 8 de agosto pasado en el hotel Carlos V, fueron procesados la semana pasada por los cargos de amenazas agravadas, privación de la libertad, robo, usurpación, atentado a la autoridad y lesiones. Sus abogados interpusieron un recurso de apelación en el que aducen la falta absoluta de pruebas para inculparlos y errores cometidos durante el proceso de detención.
De acuerdo a lo comunicado por la Fundación de Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA), que ejerce la defensa de los 23 acusados, la resolución del procesamiento fue tomada en base a los dichos de tres personas: los dos denunciantes propietarios del hotel que funcionaba como inquilinato, y su empleada encargada de la limpieza. Los abogados aducen que la línea argumental de la resolución es arbitraria, absolutamente parcializada y carente de todo criterio de investigación judicial independiente ya que no existirían pruebas que corroboren fehacientemente ninguno de hechos por los que se los procesa.
A su vez, de acuerdo a lo informado por FIDELA, los actos por los cuales se los acusa no se encuadran correctamente en la tipificación de los delitos por los que se los procesa. Además todos son acusados por los mismos delitos sin diferenciar el rol que cada uno de ellos desplegó en los hechos.
Los inquilinos del hotel Carlos V reclamaban a los dueños soluciones a las pésimas condiciones en las que residían, y que les habían aumentado la cuota mensual al doble y no les permitían utilizar las estufas de las habitaciones.
Muchos de ellos tenían en sus documentos su domicilio fijado allí dado que llevaban más de 8 años alquilando habitaciones por lo que quedaría confirmado que dicho inmueble no funcionaba como hotel. Este dato no fue tenido en cuenta por la justicia, de la misma manera en que no llamó a declarar a ningún familiar de los imputados ni tuvo en cuenta las pruebas presentadas en su defensa.
Para FIDELA se trata de “una escalada judicial en contra de inquilinos que reclamaban por sus derechos vulnerados. La causa es ni más ni menos que eso: un avasallamiento de derechos a gente débil e indefensa por parte de comerciantes inescrupulosos que actúan en fraude a la Ley con apoyo de las estructuras administrativas y policiales”.
Y continúan: “No hay pruebas y tampoco el propio escrito de la resolución nos acerca datos concretos de la existencia de un tipo calificadísimo de amenazas o el robo de objetos que nadie vio ni se probó su existencia, ni mucho menos que alguno de los imputados los hubiere sustraído. Los dueños del lugar hicieron lo que quisieron con los inquilinos mientras duró la relación contractual y ello implicó una discusión interna que no desconocemos.- Pero aún cuando pueda existir un determinado punto de reproche en esto, de ninguna manera el mismo puede abarcar conductas penales que no se produjeron.”.

Nota relacionada: "Sin hogar y sin justicia" Boletín Red Eco Alternativo 13/08/2008