Primera jornada de testimonios

Noemí Labrunea, dirigente y militante de la APDH Neuquén; Adriana Calvo, integrante de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos de La Plata (A.E.D.D.) e Ignacio López Proumen, quien fue teniente médico en el Comando de la Sexta Brigada, declararon en el juicio que se desarrolla contra los represores de Neuquen y Alto Valle. Aqui un resumen de sus testimonios.

NOEMI LABRUNE, UNA TESTIGO CLAVE
La dirigente y militante de la APDH-Neuquén, Noemí Labrune, fue contundente al asegurar que "la desaparición forzada es homicidio”. En tres horas de su precisa declaración, describió con referencias la vinculación que los imputados tuvieron con el Centro Clandestino de Detención ‘La Escuelita’.
Fue la primer testigo en el juicio contra los ocho militares y dio un pormenorizado detalle de cómo se conocieron los primeros secuestros y se supo del funcionamiento de un centro de torturas en Neuquén.
Labrune fue ovacionada al ingresar y al salir de la sala, llevándose todos los aplausos. En ‘La Escuelita’ se practicaba un "rito oficial de ultimar prisioneros", aseguró. 
En Neuquén se repetía –según el testimonio- el mismo esquema de detención, torturas y desapariciones que impero en el resto del país a partir del golpe militar de 1976.
Cuatro de los ocho imputados no estuvieron presentes en la audiencia. Sólo presenciaron los testimonios el coronel médico (R) Hilarión de la Pas Sosa, el ex jefe del batallón 181 y general de Brigada, Enrique Braulio Olea (R) y los dos coroneles (R) de inteligencia Sergio Adolfo San Martín y Jorge Eduardo Molina Ezcurra.
En la U9 quedaron en calidad de ‘alojados en tránsito’ el teniente coronel (R) Oscar Lorenzo Reinhold jefe de inteligencia del Comando; el encargado de Personal del Comando, Luis Alberto Farías Barrera; el encargado del funcionamiento de ‘La Escuelita’, coronel Mario Gómez Arenas y el suboficial de inteligencia, Francisco Julio Oviedo.
"Sabíamos donde estaban y no los podíamos rescatar", dijo Labrune para describir que al cabo de los primeros meses del golpe militar la APDH de Neuquén conocía de muchas de las desapariciones, de los tormentos y de la clandestinidad, pero que no hubo manera de rescatar a las víctimas porque ni jueces, ni fiscales accedían a intervenir.
Labrune resaltó que el “plan criminal” que tuvo su máxima expresión en la desaparición de gremialistas, universitarios y militantes sociales en el Alto Valle, contó con la complicidad de la Justicia. La testigo relató que en agosto de 1976 no pudieron convencer al Fiscal Federal, Marcelo Ortiz, para que interviniera ante los atroces testimonios que se recibían en el Obispado sobre jóvenes que eran torturados en los fondos del Batallón. "Si no tuvieron nada que ver, el dolor acerca a Dios", les respondió el Fiscal, mientras que advirtió que "si eran guerrilleros" se lo merecían.
En la declaración Labrune recordó las denuncias de los sobrevivientes que contaban cómo habían sido torturados. También relató que un jefe de logística informó al obispado cómo eran obligados a participar del "rito oficial de ultimar prisioneros" para que todos se convirtieran en cómplices del asesinato de los secuestrados.
La dirigente de APDH indicó que circulaba el "boca a boca" con denuncias de detenidos-desaparecidos, se hacían infructuosas presentaciones ante el comandante José Luis Sexton y los militares Reinhold y Farías Barrera para solicitar la liberación de los secuestrados o conocer el paradero de los desaparecidos. Describió los inconvenientes para lograr en “tiempos” de democracia las pruebas de la acción de la dictadura. A excepción de las víctimas casi no hubo relatos de los sucesos. 
En esto tuvo importancia el testimonio del fotógrafo Miguel Suñer, quien declaró primero en el Obispado (por miedo a que algo le pasara a su familia) y luego ante la instrucción judicial. Dijo que Gómez Arenas era el jefe de ‘La Escuelita’, y que –al igual que a Reinhold- se los veía con frecuencia en el lugar.
Luego, el cura Rubén Capitanio testimonió cómo el obispo Jaime de Nevares propició una red de solidaridad y de defensa de las víctimas y cómo el obispado se convirtió en el único bastión de resistencia ciudadana y de freno ante el poderío militar en la zona.
También describió que hubo cómplices de la dictadura en el clero y que en 1979 el papa Juan Pablo II conoció de las pruebas del horror llevadas en mano al Vaticano.

UN TENIENTE MÉDICO PSIQUIATRA
QUEDO DETENIDO POR FALSO TESTIMONIO
El testigo y psiquiatra Ignacio López Proumen, quien fue teniente médico en el Comando de la Sexta Brigada, reveló el lunes, en el juicio oral a ocho militares acusados de delitos de lesa humanidad durante la dictadura, que atendió a una mujer, que estaba embarazada y con los ojos vendados, en el centro de detención ilegal "La Escuelita". 
Por pedido del Fiscal, Manuel de Reyes Balboa, y de dos querellantes (el Dr. Gustavo Olivera y el Ce.Pro.DH), e incluso con la adhesión parcial de uno de los defensores, el Tribunal ordenó su inmediata detención y el inicio de una investigación por el presunto delito de falso testimonio.
López Proumen, quien se desempeña como perito del Juzgado de Familia en la Justicia Provincial, es el primer militar que reconoció el funcionamiento del centro ilegal durante el juicio. Detalló como, siguiendo las órdenes de sus superiores, asistió a una joven delgada de entre 25 y 35 años, de piel blanca, cabello castaño recogido, que tenía los ojos vendados. Precisó que "pudo ser en 77" y que quedó "perturbado por esa experiencia".
La mujer que vio en ‘La Escuelita’ tenía un embarazo de cinco meses, y mientras la revisaba permanecía sentada en una silla. Sostuvo, también, que debido a las malas condiciones del lugar no avanzó en su atención y solicitó una ambulancia para trasladarla al Hospital. A lo que se le respondió que no contara lo sucedido y que quienes estaban allí se ocuparían del tema.  
El psiquiatra explicó que por la falta de luz no supo cuántas personas había en el sitio. Pero aseveró que para llegar al lugar se dirigió hacía el final del Batallón. “Caminé una media cuadra y me indicaron que fuera en dirección de una luz fuerte, que no me permitía ver bien el lugar ni a mis interlocutores", declaró.
Sus interlocutores (no supo explicar quiénes fueron) le preguntaron si la mujer estaba en trabajo de parto. López Proumen dictaminó que no. "Le tomé el pulso. Ella estaba quieta, me fijé si tenía contracciones, no tenía señas particulares", dijo. Al ordenarle la atención de la mujer le habían dicho que era una "demorada".
Dijo no conocer datos de la mujer que atendió y que tampoco los consultó en los días posteriores.
Señaló que hasta ese momento no sabía que en los fondos del Batallón funcionaba el centro de detención. Ante la pregunta de Olivera reconoció que sería ‘La Escuelita’.
La contradicción
Por el contrario, en la declaración ante el juez de instrucción, Rodolfo Rivarola, realizada durante la década del 80, López Proumen había dicho que vio "un Ford Falcón con personas vestidas de civil, ingresando a ‘La Escuelita’.
Cuando fue preguntado sobre el tema intentó desestimar aquella versión, pero se le exhibió copia de la declaración en que consta esto último y reconoció su firma.
El Tribunal Oral Federal decidió “ordenar la detención del testigo y extraer copias de partes pertinentes a la declaración de Raúl Ignacio López Prumen según constancias que obran en la causa, ante la presunta comisión del delito de falso testimonio por contradicciones indicadas por los interesados en la ocasión”. Así se explicó en un comunicado de prensa.
El psiquiatra abandonó el edificio de Tribunales esposado y escoltado por dos efectivos de la Policía Federal.
El testigo admitió que conocía a los imputados Enrique Olea e Hilarión de la Pas Sosa -dos de los acusados; Sosa era el jefe médico-, porque eran jefes del Ejército, pero que no les informó del episodio con la mujer.
A lo largo de la audiencia, el público le gritó duramente al testigo, quien sin embargo pareció no inmutarse. En el correr de su relato, se lo notó vacilante, reticente, con respuestas breves, cortantes y en voz baja.

CUARTA JORNADA DEL JUICIO A LOS OCHO
“LA DESAPARICION PRODUCE PARALISIS”
El testimonio de Adriana Calvo, integrante de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos de La Plata (A.E.D.D.), dio características del ‘plan sistemático’ de represión y argumentó a favor de la existencia del ‘genocidio’. De los seis testigos previstos para la jornada, sólo dos declararon.
Doctora en física y profesora de la Universidad de Buenos Aires, centró su declaración en las conclusiones a las que arribaron con la Asociación de ex detenidos desaparecidos, tras 24 años de búsqueda e investigación.
Según la A.E.D.D, el sistema represivo tuvo en todos los centros clandestinos del país cinco características centrales. En primer lugar, una represión masiva pero discriminada que se centró en las personas que tenían algún grado de organización. Además la metodología de secuestro, privación ilegítima de la libertad, que funcionó en la clandestinidad, tormentos físicos y psíquicos y el robo de bebés, fue sistemática.
El eje de la práctica represiva fue la desaparición y no el homicidio, sostuvo la Profesora, ya que “la desaparición produce parálisis por el desconocimiento del destino de la persona desaparecida y el temor a iniciar acciones que pudieran provocarle la muerte”.
Como cuarta característica, Calvo señaló la importancia de la aparición de personas secuestradas que funcionaban como “cadena de transmisión del horror”. El fin de la liberación fue que éstos, contaran de la existencia de los Centros Clandestinos de Detención (C.C.D.) y de los detenidos que permanecían ahí.
Por último, explicó que todo esto constituyó “un genocidio”.
En relación al sistema represivo, Calvo describió, como ejemplo, el ‘circuito Camps’ en el que ella estuvo detenida cinco meses y dio luz a su hija.
En los nueve C.C.D. del circuito, la A.E.D.D. registra 1.813 personas detenidas. Allí nacieron 25 chicos que fueron apropiados, 14 de los cuales aún se desconoce su identidad.
Calvo, explicó con ciertos visos de demanda que de los cientos de represores identificados, sólo hay decenas de procesados. Incluso remarcó que por la detención en el año 1976, de Julio Jorge López, no hay todavía ningún procesado.