Juicio a coroneles y brigadieres

El Tribunal Oral Federal Nro. 5 presidido por Guillermo Gordo inició, el pasado jueves, un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

Esta vez, la acción penal se desarrolla contra los represores al mando del Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea de Mar del Plata, ex coronel Alberto Pedro Barda, y los brigadieres de la Fuerza Aérea César Miguel Comes e Hipólito Rafael Mariani.

Barda es acusado por los asesinatos de los militantes Ana Lía Magliaro y Jorge Roberto Candeloro y los brigadieres, por su vinculación con los secuestros, desapariciones y torturas a doce militantes populares en el Centro Clandestino de Detención conocido como "Mansión Seré" o "Quinta Seré" dependiente de la Fuerza Aérea durante la última dictadura militar.
El polémico tribunal oral, que "zafó" de la denuncia realizada por numerosos organismos de Derechos Humanos ante el Consejo de la Magistratura por los privilegios que otorgó al fallecido represor Héctor Fébres, está integrado también por los jueces Ricardo Farías y Rafael Obligado.

Pese al expreso pedido de los organismos nucleados en el colectivo Justicia Ya!, las querellas particulares y distintas organizaciones y personalidades vinculadas a la lucha histórica por la memoria y los derechos humanos, este tribunal nuevamente prohibió no solo el ingreso de cámaras de televisión a la sala de audiencias, sino todo registro audiovisual de lo allí expresado.

Todos los casos elevados a juicio, se desprenden de la causa "Suarez Mason, Carlos y otros" que se lleva a cabo en la etapa de instrucción ante el Juzgado Federal Nro. 3 a cargo del Juez Daniel Rafecas. En él se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura genocida en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército, bajo el mando del ex prófugo y ya muerto Carlos Guillermo "Pajarito" Suárez Mason.

Entre las diversas particularidades del juicio, se encuentra el hecho de que por primera vez, un municipio, en este caso el de Morón, se incorporó al proceso judicial como parte querellante, teniendo un rol activo a través de su Secretaría de Derechos Humanos en la investigación de testimonios, así como en la recuperación del predio donde funcionara el centro clandestino de detención de personas.
"Este paso es importante para terminar con la impunidad y construir la verdad y la justicia que necesitamos. Hemos colaborado desde el municipio con recuperar el lugar donde funcionó la Mansión Seré para que allí donde hubo tanta muerte se pueda celebrar la vida, como un lugar de la memoria. También trabajamos fuertemente con un grupo de antropólogos y arqueólogos para recabar los cimientos de la Mansión, para aportar a la investigación además de los testimonios de vecinos", expresó el Intendente Martín Sabatella.
Otro de los extraños elementos del juicio, fue la presencia en la barra, como ya se viene dando en el interior del país pero que constituye un fenómeno nuevo en los juicios llevados a cabo en la Capital, de ex camaradas de armas de los acusados.
Portando sus insignias con alas y hasta saludando a los acusados de los más brutales crímenes, se vio a un grupo de "viejitos", entre ellos, el ultracatólico Brigadier Capellini, quien liderara el primer intento de golpe contra la ex presidenta María Estela Martínez de Perón en diciembre de 1975.
La impunidad de la que gozan tan altos referentes del poder militar, se notó en la libertad con que estos militares se despacharon en críticas y gestos frente a la lectura del dictamen y las acusaciones, lo mismo que en las alusiones de varios de ellos en cuanto a la necesidad de "investigar toda la cadena de mando", acusando a civiles y políticos de la época de diversas cuestiones.
 
Las acusaciones
En el transcurso de la primera audiencia, se procedió a leer el dictamen del Fiscal de Primera Instancia solicitando la elevación a juicio, en el que se señala la participación del militar Barda, titular en ese entonces del GADA en el homicidio doblemente agravado por alevosía e indefensión de las víctimas –Magliaro y Candeloro- secuestrados en mayo de 1976 en La Plata y en la provincia de Neuquén respectivamente. En ambos casos, el Ejército intentó hacer pasar el asesinato de los militantes como muertes "en un enfrentamiento".
En el caso de Magliaro, se sabe que la víctima fue secuestrada en La Plata y trasladada luego a distintos Centros Clandestinos de Detención. Candeloro por su parte fue secuestrado por personal de la Policía Federal de su estudio jurídico en la provincia. Al día siguiente, su esposa corrió la misma suerte. Ambos fueron trasladados primero a Bahía Blanca y luego a Mar del Plata.

En el caso de los oficiales de la Fuerza Aérea, se los juzga parcialmente por los hechos acaecidos en la "Mansión Seré", Centro Clandestino de Detención que funcionara en la calle Blas Parera 80 de la localidad de Castelar, Partido de Morón en la Provincia de Buenos Aires.
A los máximos responsables de dicho campo de concentración se los juzga por doce casos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos, mostrando una vez más la naturaleza fragmentaria de los juicios, que impiden una comprensión cabal de todo el plan criminal que implicó la dictadura con sus apoyos civiles y del poder desde dentro y fuera de nuestras fronteras.
Así, son solo cinco casos imputados a Comes y siete a Mariani los elevados en esta ocasión a juicio, que lejos de poder mostrar ante los ojos de todos la verdadera influencia de las tres armas en el terrorismo de Estado pretenden señalar como casos individuales, lo que a las claras fue uno de los más brutales campos de concentración de la dictadura.

La abogada integrante del Colectivo Justicia Ya! Myiriam Bregmann planteó que los institutos de excarcelación para Comes y Mariani y de arresto domiciliario para Barda debían revisarse; disponiéndose en sentido contrario el arresto en una dependencia del Servicio Penitenciario Federal, con cárcel efectiva para los imputados.

El pedido sin embargo, no fue apoyado por el fiscal del Juicio, Félix Crous quien manifestó que no existen en el caso elementos para modificar el estado procesal de los imputados. La decisión final del Tribunal Oral, tal como en el caso del "extrañamente fallecido" Fébres, fue la de mantener el status de excarcelados y con prisión domiciliaria para los represores imputados.

Sobrevivientes de la Mansión Seré
Reflexionando sobre el valor del juicio, Cristina Guerra, sobreviviente de Mansión Seré e integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos de Mansión Seré y Zona Oeste, reclamó la presencia de la televisión en la sala de prensa y la posibilidad de una difusión amplia del debate, asegurando: "este no es un juicio público porque la gente no va a tener contacto con lo que pasa adentro" y como expectativas señaló "la de máxima es que sean condenados por genocidio, cumpliendo carcel perpetua, efectiva y común".
Su compañera de la misma organización Adriana Martín, dijo que están esperando que "se empiecen a desmantelar todos los centros clandestinos de detención y que caigan todos los circuitos represivos".

Las tres fuerzas actuaron en forma coordinada
Una de las principales expectativas en personas del público, periodistas y abogados presentes en la primera audiencia, era la posibilidad de que los acusados declararan. Sin mostrar ningún "quiebre" lo hicieron en la primera jornada que duró hasta las 23 horas aproximadamente, deslindando responsabilidades de la Fuerza Aérea, y aduciendo que solo al Ejército y la Marina les correspondían tareas en el marco de la denominada "lucha antisubversiva" y que por aquellos años, ellos estaban compenetrados únicamente con el posible conflicto limítrofe con Chile y sus probables derivaciones.

Haciendo un balance de estas palabras, el abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre Pedro Dinani, señaló que las mismas "provocaron risa cuando Comes y Mariani dijeron que solo conocieron la Mansión Seré en el transcurso de Juicio a las Juntas".

Para Dinani, este juicio servirá también para mostrar los niveles de coordinación entre las tres fuerzas durante la dictadura, siendo que en el caso de la Fuerza Aérea, siempre se marcó como menor su participación cosa que fue avalada desde el propio Poder Judicial con la condena a tan solo cuatro años de prisión para el Brigadier Agosti, máximo jefe de la fuerza en los primeros años del terrorismo de Estado.

Tras las declaraciones de varios querellantes y testigos, el caso va mostrando nuevas aristas. Tales las declaraciones de uno de los militares llamados como testigo, el capitán Roberto Eduardo Berazay, quien contó con lujo de detalles el traslado de uno de los secuestrados finalmente asesinados en Mar del Plata.

Cuando se espera la declaración de importantes testigos tales como el fugado de Mansión Seré, el ex futbolista y psicólogo radicado en Suecia Claudio Tamburrini o la ensayista Pilar Calveiro, el juicio muestra la posibilidad de que en algunos aspectos se rompa la cadena de silencio e impunidad histórica entre los represores.

La exigencia por una mayor publicidad pero también la articulación en una difusión adecuada que presione en la búsqueda de verdad, justicia y castigo a los genocidas, es una tarea del momento.