Bussi dramatiza hasta las lágrimas e intenta justificar el genocidio (y no lo logra)

Por una parte, el represor contextualizó los crímenes cometidos en esa época en el marco de una guerra entre dos ejércitos y calificó a los 30.000 desaparecidos como “muertos en combate”. Además, confesó la existencia de un “plan sistemático” de exterminio de oponentes al régimen económico y social que defendían los militares y civiles responsables del mayor genocidio de la historia argentina.
Cauto, con voz firme, y demostrando una lucidez envidiable, fue largando cada una de sus oraciones que causaron sorpresa en los presentes en la sala del TOF. Sus lágrimas mezclaban resignación ante lo que evalúa como una derrota –estar sentado en el banquillo- y emoción de viejos recuerdos donde representaba la “suma del poder público”.

Sus declaraciones
Según Bussi,  hubo en el requerimiento que elevo el fiscal Federal Emilio Ferrer, “omisión sistemática, deliberada, arbitraria e intencional del marco histórico de la guerra que tuvo lugar en Tucumán (…)”
En el libro “Historia de la destrucción de una provincia. Tucumán, 1966”, Roberto Pucci explica que “una vez lanzado el operativo independencia, en febrero de 1975, el combate entre el ejército y la guerrilla rural del ERP nunca alcanzaría aquella envergadura de guerra que se pretendió adjudicarle. La “Compañía de Monte” tucumana, no llego a sumar mas de 100 guerrilleros, enfrentada por una fuerza que oscilo entre 2500 y 6000 efectivos militares: de un lado del combate, había un ejército, del otro un puñado de personas armadas”.
También José Luis D’Andrea Mohr, en su libro “El escuadrón perdido”, afirma que las propias Fuerzas Armadas, ya en 1975, conocían la poca envergadura de la guerrilla.
Aurora Pisarello, integrande de la Asociación Tucumana Contra la Impunidad (ATCI) indicaron que, “la mayoría de sus víctimas [de Bussi] fueron trabajadores, estudiantes, religiosos, profesionales, empresarios o simples ciudadanos que no portaban arma alguna. Es más, mucho de los hechos que la lógica de Bussi pretende justificar, como la apropiación de niños, la tortura o los asesinatos de prisioneros a sangre fría, son repudiados incluso por las convenciones que regulan el derecho de guerra” 
En otro momento de su elocución, el genocida reconoció que “el golpe militar del 24 de marzo de 1976 (…) se llevó a cabo para atacar coordinadamente, política y militarmente, las causas que dieron origen al fenómeno subversivo”.
Luego, cuando el fiscal le interrogo a cerca de quien dio la orden de detener a Vargas Aignasse, el represor respondió “estaba todo planificado y planeado, solamente faltaba la orden del día D y la hora H”.
De esta manera, Pisarello considera que Bussi “ha reconocido que el crimen que se le imputa se inscribe en un “plan sistemático” que admitía la vulneración de derechos básicos de las personas (…). Fue una matanza indiscriminada dirigida contra cualquier oposición al proyecto económico y político que se quería imponer”.
El escritor Rodolfo Walsh, asesinado por la Dictadura Militar el 25 de marzo de 1977, en su Carta Abierta a la Junta Militar decía que “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada (…) En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar (…)”. 
Al mismo tiempo, Bussi reconoció la existencia de cientos de centros clandestinos de detención (CCD). Hasta el momento, solo se conocía la existencia de 35 CCD.
“Cada fuerza de tarea (operaban más de 20 en Tucumán) montaba su propio lugar de detención para la simple identificación de antecedentes sobre personas sospechosas de  apoyo al accionar subversivo”, indicó Bussi, al tiempo que calculó que había “cientos” de estos centros.
Lugares donde el detenido se encontraba al libre arbitrio de los militares. Esas  eran cárceles en las que Justicia no tenía jurisdicción. Como dice Walsh en su Carta, “crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional”.
En este sentido, en otro pasaje de su declaración, el ex gobernador de facto afirmó que el objetivo de los militares era “aniquilar la agresión marxista leninista”.
Sin embargo, según consta en la  causa: ‘Vargas Aignase Guillermo s/ secuestro y desaparición’  el ejército consideraba enemigos a “todas las organizaciones o elementos integrados en ellas existentes en el país o que pudieran surgir del proceso, que de cualquier forma se opongan a la toma del poder y/o obstaculicen el normal desenvolvimiento del gobierno militar a establecer” (…).
O sea, no importaba su ideología, su afiliación partidaria. Lo único trascendente fue si una persona era un obstáculo al desarrollo del plan de los genocidas.
El represor también dedicó una parte de su discurso a las personas desaparecidas. “La figura del desaparecido es un arbitrio del accionar psicológico de la subversión”, afirmó Bussi.
Pero no explicó porque entonces miles de habeas corpus fueron rechazados y porque no se daban a conocer las listas de detenidos. Como el detenido no existía, despojaban a la tortura de su límite en el tiempo.
Algunos cuerpos eran arrojados al mar, según propios testimonios militares. Otros enterrados. Muchos desaparecidos fueron asesinados cobardemente y sus restos tirados en lugares lejanos a su ciudad de origen y enterrados como NN.
Plantearlo como un “arbitrio sicológico” de parte de los “subversivos” es achacarle a las víctimas el papel que asumieron los genocidas, cuyas mentes perversas inventaron esa figura para profundizar el miedo en la sociedad.

Un primer paso
Según la militante de ATCI, “el juicio por la desaparición del ex senador Vargas Aignasse debe verse como un primer paso para el esclarecimiento de algo más profundo: las razones políticas y económicas de ese “plan sistemático” cuya existencia Bussi admite y que supuso la eliminación de casi 3.000 personas sólo en Tucumán y de unas 30.000 en el conjunto del país. Este esclarecimiento de los hechos, naturalmente, no depende sólo de la sentencia de un tribunal. Exige el compromiso activo de la sociedad en la lucha contra la impunidad. Sólo así podrá mirarse al futuro de manera limpia, evitando que hechos aberrantes como los ventilados en este juicio vuelvan a repetirse”.

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