Macri versus la educación

Los docentes porteños sufren una precarizada situación laboral, mientras que alumnos del Colegio Mariano Acosta toman sus instalaciones ante la falta de entrega de becas. El jueves pasado los docentes porteños realizaron su primer paro de la era Macri en la Ciudad. Reclamaron mejoras salariales, el pago a docentes contratados, el abono de las becas estudiantiles, la apertura de más vacantes escolares, una rápida solución a los problemas edilicios, que afectan a más de cien escuelas públicas, y el aumento de subsidios para las cooperadoras. La simple respuesta del gobierno porteño fue la confirmación de que no se pagará la jornada a aquellos maestros que adhirieron a la medida de fuerza.
Los días pasaron y el descontento y la protesta aumentaron. Es que son muchos los maestros que, al igual que la gran mayoría de los empleados de la Ciudad, sufren una situación laboral precarizada. Tal es el caso de los docentes y coordinadores de la Red de Apoyo Escolar, que trabajan en los centros ubicados en los barrios de Retiro, La Boca-San Telmo, Barracas, Bajo Flores, Lugano y Mataderos.
El objetivo de estos centros es el de atender situaciones de riesgo educativo. Para ello trabajan en el sostenimiento de la escolaridad mediante la promoción del placer por el conocimiento, de la autonomía, de la realización de proyectos educacionales y de la resolución de tareas escolares que presentan dificultades. Las personas que ingresaron este año a la Red aún no han cobrado. Desde el gobierno porteño les explicaron que la demora se debe a que sus contrataciones, y por consiguiente sus salarios, no estaban previstos en el presupuesto 2008. Recién el 15 de julio Mauricio Macri firmó el Decreto de Ampliación Presupuestaria, que permitiría el pago, pero aún no se les ha especificado cuándo comenzarán a cobrar.
De todos modos, es extraña la postura del gobierno porteño ya que en lo que va de 2008 ha efectuado una sub ejecución del presupuesto, en particular en lo referido a obras, ya pautadas. En el primer trimestre del año, el gobierno PRO concretó el 2,6 por ciento de la inversión “por cuenta de terceros” y sólo el 2,5 de la “real directa por producción propia”. Vale recordar que uno de los principales reclamos es por mejoras edilicias, ya que los establecimientos educativos se vienen abajo (en numerosos casos en forma literal).
En tanto, el Colegio Mariano Acosta se encuentra tomado desde ayer por alumnos, padres y docentes. El principal reclamo es el pago de las becas a estudiantes que entrega el Ministerio de Educación de la Ciudad. Este año, la cartera educativa aumentó el monto que reciben los beneficiarios, pero redujo la cantidad de asignaciones. De las 62.000 otorgadas en 2007, este año se entregarán 30.000.
En el caso particular del Mariano Acosta se pidieron 200 becas, de las que sólo se enviaron hasta el momento 48. Por este motivo, los alumnos resolvieron tomar el colegio, pero sin interrumpir el normal dictado de clases. Pero según explican en un comunicado, la única respuesta obtenida por parte de las autoridades de la Ciudad fue la de suspender toda actividad en el establecimiento hasta que se levante la toma. Desde el Ministerio aclararon además que no negociarán ni retomarán el diálogo hasta que no se revierta la medida de fuerza. Por este motivo, los estudiantes del Colegio convocan a toda la comunidad educativa a presentarse en el horario de clases para reclamar que éstas se hagan efectivas tanto en el nivel primario como en el terciario.
Una vez más, el actual gobierno porteño demuestra que sus intereses y prioridades van a contramano de las necesidades de los docentes y alumnos.
 Argentina – El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos dictó el pasado 4 de julio la Resolución 1770/2008 por la que autoriza la provisión de munición de proyectil expansivo a las Unidades Especiales de la División Grupo Especial de Operaciones Federales (G.E.O.F.), del Grupo Especial 1 – G.E. 1 y al personal de la P.F.A. que presta servicios de custodia.
Las municiones de proyectil expansivo son aquellas que al impactar contra una persona se expanden, causándole un daño mucho mayor, al tiempo que disminuye su capacidad de penetración, por lo que en general los proyectiles quedan alojados en la víctima.
Para fundar la resolución, el Ministerio señala que “la munición de proyectil expansivo tiene la capacidad de inhibir eficazmente (…) el poder ofensivo de un eventual agresor” (negando la práctica de gatillo fácil, al sostener que el personal policial sólo dispara contra agresores) y que “la munición de proyectil expansivo disminuye (…) la velocidad y los eventuales rebotes en superficies duras, lo que contribuye a salvaguardar la integridad física de ciudadanos que se hallaren en los recintos o en las áreas circundantes al lugar de un enfrentamiento armado”, tras lo cual afirma que “la munición de proyectil expansivo fue concebida para el empleo específico por parte de fuerzas de seguridad y policiales de un importante número de países del mundo”.
El G.E.O.F., al estilo de los SWAT yankys, suele emplearse para allanar villas de emergencia. El G.E.-1, que forma parte del Cuerpo Guardia de Infantería, fue reactivado tras diciembre de 2001 con el fin declamado de “reducir dementes”, pero se emplea para desalojar familias pobres que ocupan inmuebles. Ninguna de las tareas (declamadas o reales) del GE-1 justifica el empleo de armas letales, ni el de proyectiles expansivos. La adopción de estos proyectiles se contrapone claramente con el argumento de disminuir los riesgos contra la integridad física de las personas, ya que si bien disminuye el número de personas que pueden ser lesionadas aumenta en gran medida la gravedad de las lesiones sufridas por quien sea alcanzado. Además, estos proyectiles fueron prohibidos para su uso militar desde la declaración de La Haya del 29 de julio de 1899, aunque siguieron siendo empleados por las potencias coloniales contra los pueblos “salvajes” que no habían adherido a dicha declaración. La adopción de estos proyectiles para su uso policial es una nueva muestra de la política de exterminio adoptada contra las víctimas del gatillo fácil.