Juicios a los genocidas: Seguridad de los testigos

A partir de un encuentro en el que participarán funcionarios, diputados oficialistas y algunos jueces y fiscales que entienden en las causas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, se reabre el debate acerca de la seguridad de los testigos que participan en esos procesos judiciales. El ejemplo más elocuente y aberrante del peligro al que están sometidos es la desaparición de Jorge Julio López, hace ya más de 21 meses.

 En el matutino Página/12 se informó que hoy se llevará adelante una reunión en la que participarán el ministro de Justicia, Aníbal Fernández y Marcelo Saín, titular del programa Verdad y Justicia, encargado de velar por la seguridad de quienes atestiguan en los juicios contra los genocidas. También concurrirán integrantes de organismos de Derechos Humanos ligados al oficialismo así como legisladores kirchneristas y fiscales y jueces, entre los que se encuentra el magistrado Guillermo Gordo, uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal Nº 5 que tuvo a su cargo el juzgamiento de Héctor Antonio Febres, el torturador de la Escuela de Mecánica envenenado antes de que se le dictara sentencia. Todos ellos coincidieron en que deberá buscarse un "marco integral de protección de testigos".

El TOF 5 había sido dejado en evidencia por uno de los testigos contra Febres por permitir que la totalidad de las declaraciones fueran registradas por una cámara de la Policía Federal, aún cuando quienes estaban en los estrados fueran a denunciar a integrantes de esa fuerza por haber participado de sus secuestros. En noviembre del año pasado, Enrique Fukman formuló un reclamo a los jueces: "A mí se me ha informado que el juicio está siendo grabado por Policía Federal. Una de las personas que me secuestró era de esa fuerza. Estoy denunciando a la institución, la misma institución que me está grabando". El testigo le exigió al presidente del Tribunal que la Policía no filmara su testimonio. Sin embargo, la Justicia no aceptó. "Después de haber sido desaparecido Julio López hace ya un año, obviamente a nosotros no nos genera ninguna seguridad", sostuvo en esa oportunidad el integrante de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD). "La justicia argentina también es responsable de la seguridad de los testigos", sentenció.

Desde que se reiniciaron los juicios contra los represores que actuaron durante la última dictadura militar, poca ha sido la seguridad con la que contaron los testigos. Jorge Julio López, querellante contra el ex comisario Miguel Etchecolatz, fue secuestrado momentos antes de presentarse a los alegatos y aún sigue desaparecido. Ni la Justicia ni el Poder Ejecutivo ha brindado certezas sobre el caso López. También, sufrieron secuestros Luis Gerez y Juan Puthod. También, Felisa Marilaf que estaba bajo un régimen de protección fue secuestrada por horas y agredida. Sus captores no dudaron en pedirle el aparato celular que le había entregado el Servicio de Atención a la Víctima -demostrando que sabían perfectamente que lo tenía.

La abogada Myriam Bregman fue clara al explicar por qué los testigos son fundamentales. "Cada vez que hablan de testigo clave, nos tenemos que preguntar por qué son claves los testigos. Lo son porque este Gobierno sigue encubriendo a los genocidas, sigue preservando a las Fuerzas Armadas, de seguridad y de inteligencia. Porque este gobierno autoproclamado de los Derechos Humanos no aportó una sola prueba en una sola causa que mande un genocida preso. Son los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, como nuestro compañero Jorge Julio López, los que siguen siendo fundamentales para encarcelar a los genocidas. En la Argentina no hubo apertura de los archivos de la represión. Son las víctimas las que tienen que seguir identificando a sus secuestradores". Son quienes pasaron por los centros clandestinos de detención y exterminio quienes deben relatar, una y otra vez, su calvario. Son ellos los que movidos a hacerlos "por los compañeros", como había reconocido López, los que quedan desprotegidos frente al poder, aún absoluto, de los genocidas.

Este marco en que son encarados los procesos judiciales lleva a que la cuestión sea planteada de forma más profunda. "La única protección válida para los testigos, para los sobrevivientes y para la sociedad toda es que todos los genocidas sean juzgados y condenados a cárcel común, perpetua y efectiva. Porque han pasado 25 años de gobiernos constitucionales y seguimos denunciando a los mismos genocidas, los mismos que participan en la represión a las protestas y reclamos populares, los mismos que junto a sus socios, desde la dirección de las empresas multinacionales o desde el estado, continuaron el saqueo comenzado durante la dictadura", sostuvieron los integrantes de la Asociación de Ex Detenidos- Desaparecidos (AEDD).

Es claro que de la única forma en que los sobrevivientes podrían estar seguros al brindar su testimonio, su relato del horror es si se tomara el camino por el que hace décadas que luchan: "Que los gestores militares y civiles del genocidio ocurrido en la Argentina estén en el lugar que les corresponde, la cárcel; cumpliendo la condena que se merecen, cadena perpetua; por el delito cometido, el de genocidio".