ATE denuncia represalias por el paro

Tras el paro del miércoles 14, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) acusó al gobierno de Río Negro por amenazas y hostigamiento a las personas que adhirieron a la protesta.

También señalaron que dirigentes de UPCN “recorrieron hospitales y escuelas para meter miedo antes de la medida de fuerza, advirtiendo de la posibilidad de descuentos por los días de paro”.

Un hecho lamentable se suscitó en el hospital de San Antonio Oeste cuando las autoridades de Salud Pública llamaron a la policía para que reprima a los trabajadores que se encontraban de huelga en la calle.

“Repudiamos estos hechos de violencia que revelan el carácter autoritario y dictatorial con el que se gobierna esta provincia”, declaró la conducción de ATE Río Negro.

Con referencia a lo sucedido, el gremio de estatales exigió que el gobierno de Miguel Saiz cumpla los derechos constitucionales de huelga.

 Por otro lado recalcaron que la lucha continuará, reclamando por un salario “que supere la Canasta Familiar Total”, por la restitución de los adicionales por zona desfavorable y antigüedad.

El sector también exige la eliminación del trabajo precarizado y el pase a planta permanente de los trabajadores del estado municipal, provincial y nacional.

TAMBIÉN EN EL BOLSÓN

Trabajadoras y trabajadores de Promoción Familiar de El Bolsón afiliados a ATE, en el marco del paro del miércoles 14, insistieron en hacer pública la situación de precariedad laboral en la localidad. 

Especificaron que hay tres modalidades de “contrato”: becas, decreto 115/05 y planta transitoria, aunque en todos los casos la tarea y la responsabilidad son las mismas.

Con ello, el gobierno provincial viola declaradamente el precepto constitucional de “a igual tarea, igual remuneración”, del artículo 14 bis.

Aclararon, al respecto, que trabajan con “becas”, totalmente en negro, por lo menos 12 personas (en Educación hay muchas más); bajo el decreto 115/05, con algunos derechos (jubilación, obra social, salario familiar) hay 10 personas; y en planta transitoria, sin estabilidad laboral, 35 trabajadores.

Los salarios “más indignos”, muy lejos de aproximarse a la canasta familiar, oscilan entre 600 y 1200 pesos para los empleados “becados”, informaron referentes locales de ATE.

En la localidad cordillerana, el Ministerio de Familia tiene a cargo tres instituciones: la delegación de Promoción Familiar, el CAINA (pequeño hogar para niñas y niños) y el Hogar de Ancianos.

Entre las demandas se cuentan un salario en blanco acorde a la canasta básica cordillerana, que supera los 4 mil pesos, y el cese del trabajo precarizado en todas sus formas.

También se exige la normalización del Ipross, la devolución de los descuentos por día de paro, la reincorporación de despedidos y el pago de los plus por zona, título, antigüedad y horario nocturno.