PORQUÉ EXISTEN LOS PLANES SOCIALES

Por Orlando Agüero – Ancap

Desde hace algunos meses viene madurando un debate en nuestra sociedad acerca de los Planes Sociales. Este debate viene siendo impulsado por los medios de comunicación hegemónicos y tiene como objetivo demonizar a los movimientos populares. En tal sentido ocupan la pantalla, que miran millones de personas, una serie de “opinadores” alejadísimos de la realidad, que intentan elaborar un relato sobre la “corrupción de los más pobres”, e imponer el sentido de “no quieren trabajar”, “cortan el tránsito con nuestra plata”, “son violentos” y “encima están en el gobierno”. Estas opiniones, entre varias otras, se oyen luego en los medios de transporte, en los lugares de trabajo, en los barrios, en los comercios o en charlas familiares, dejando entrever el poder verdadero de los medios de comunicación.

Si bien es cierto que las movilizaciones obstaculizan el tránsito, no es menos cierto que la protesta, así como la libre circulación son derechos proclamados por la constitución nacional. Pero sobre todo, no se debe perder de vista que cuando familias enteras salen a las calles a denunciar la precariedad entre la que deben sobrevivir, es porque la misma responde a la existencia de una problemática de primer orden aún no resuelta en nuestro país. Además se debe tener en cuenta que los planes sociales están estrictamente ligados al problema social y éste a la pobreza estructural y a la precariedad de la vida, producto de la matriz económica y productiva de la Argentina.

Es por eso que vamos a realizar un breve repaso sobre los porqué de la existencia de los programas sociales.

La causa principal por la cual se hicieron necesarios los planes sociales es el desempleo.

En el año 1974, último gobierno de Perón, la desocupación era del 2,7%. Este dato proviene de un trabajo muy serio sobre “La pobreza desde 1974 a 2020” del portal El Popular. Sin embargo, a partir del Golpe de Estado de 1976, que impuso una dictadura de carácter cívico-eclesiástico-militar, ese porcentaje comenzaría a crecer en forma intermitente pero sostenida. Su pico máximo sería en el año 2002, durante el gobierno interino y represivo de Eduardo Duhalde. Es en este punto de la historia en donde traspasamos un triste récord histórico: 21,5% de desocupación que significaron cinco millones seiscientos sesenta y seis mil personas de la población activa, sin trabajo.

Esta situación, originada por la política neo-liberal impuesta a sangre y fuego por la Junta Militar, cimentó las raíces para una transformación del modelo productivo argentino con la clara intencionalidad de beneficiar a las grandes corporaciones en detrimento del pueblo trabajador. Así fue que luego del gobierno de Alfonsín, quienes se entretuvieron con la tarea de la “consolidación democrática”, el Partido Justicialista con Carlos Menem a la cabeza, llevan adelante el segundo paso de la instauración del neo-liberalismo en nuestro país a partir de su gobierno. Ya antes de asumir como presidente, Menem, viaja a los Estados Unidos para suscribir a nuestro país al “Consenso de Washington”. Este acuerdo ponía prioridades a los gobiernos de sudamérica. En síntesis, era para que el capital transnacional pueda realizar “inversiones” en la Argentina, sin ninguna clase de inspección ni de control por parte del Estado.  Lo que las corporaciones llaman “seguridad jurídica”. Es decir que el gobierno, lo que finalmente hizo fue una Reforma integral del Estado, rematando a bajo precio las empresas que hasta ese momento estaban en manos del Estado. Estas empresas eran las que generaban trabajo para la población. Una vez privatizadas, las corporaciones (como cualquier capitalista) vieron en los salarios de los trabajadores y trabajadoras un costo que había que eliminar para maximizar ganancias. Es así que fueron despidiendo, en algunos casos, hasta el 70% de la plantilla empleada. Ya veníamos de la Dictadura, que con las políticas de Martínez de Hoz, destruyó la Industria Nacional abriendo las fronteras aduaneras para que las importaciones ingresen al país libremente, en una clara competencia desleal contra fabricantes nacionales. Fue así que el universo fabril de nuestro país quedó herido de muerte. De este modo es que entre la destrucción del aparato productivo por parte de los militares, y las reformas del estado del menemismo, se originó en el país una gigantesca masa de trabajadores y trabajadoras desocupadas, como nunca antes en la historia argentina.

Los primeros planes sociales.

Con el gobierno de Carlos Menem, por primera vez en la historia de nuestro país, la desocupación trepó a los dos dígitos.  Los levantamientos de trabajadores y trabajadoras que habían quedado sin sus trabajos comenzaban a sentirse con fuerza desde el interior del país y retumbaban en Buenos Aires como si esta fuera una gigantesca caja de resonancia. Es así que el menemismo defendió su proyecto neoliberalizador a fuerza de represiones e intentando contentar a las familias desempleadas con la elaboración de un programa de empleo que denominó Programa Trabajar I, por el cual se percibía ciento veinte pesos, en la Argentina del supuesto uno a uno con el dólar, lo cual nunca fue real para las familias trabajadoras desocupadas. Esta medida fue tomada en el año 1996. Al año siguiente el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, realiza su propio plan social, en un intento de emular al histórico ex presidente de los EEUU Franklin Delano Roosvelt, que durante la depresión económica norteamericana de los años de 1930, promovía que ante la falta de trabajo en el mercado, el estado debía cubrir esa carencia. El ejemplo que daba era nefasto, decía algo así como “mandamos a los trabajadores de las fábricas a que hagan pozos, y luego les decimos que ellos mismos los tapen”. La cuestión es que este plan de 1997 arrancaba en 140 pesos y se iba incrementando en distintas re-categorizaciones hasta alcanzar los cuatrocientos. Luego del 2001 en adelante, los programas tanto provinciales o nacionales como el Plan Barrios Bonaerenses y el Plan Jefas y Jefes de Hogar, sobre el final de la primera década del 2000 se transformaban en el Programa Argentina Trabaja. Las organizaciones populares tuvieron que acampar sobre la avenida 9 de Julio para que sus integrantes pudieran ser beneficiarixs de este programa. Luego vendría el programa “Ellas hacen”. En el gobierno de Macri el programa se denominó “Salario Social Complementario” y luego con la llegada de Alberto Fernández al gobierno nacional el programa sería el “Potenciar Trabajo”.

Sin embargo, la historia es más grande.

Con la apertura democrática de 1983, el primer plan de asistencia social fue en el gobierno de Raúl Alfonsín. El gobierno radical no pudo controlar la inflación e ingresó en un proceso hiper-inflacionario que generó la agudización de las protestas sociales. Entre los paros nacionales convocados por la CGT de Saúl Ubaldini, que fueron más de diez, y el malestar social por la escalada de precios, es que Alfonsín decidió impulsar la creación de la entrega de la “Caja PAN” (Programa Alimentario Nacional). Finalmente esta política no pudo contener la ola hiper-inflacionaria que generó saqueos a supermercados, lo cual, entre otras cuestiones,  aceleró la caída estrepitosa del primer gobierno democrático de esta era.

Esta política continuó en los primeros años del gobierno de Carlos Menem, instruyendo a la Dirección Nacional de Emergencias Sociales del Ministerio de Desarrollo Social que se lleve un programa de asistencia de mercaderías secas y frescas para contener potenciales conflictos.

Esta decisión del Estado, se fue re-configurando a lo largo de los años en asistencia a comedores populares y comunitarios, que se extienden hasta el día de hoy. También vale recordar que el duhaldismo siempre puso el ojo en el control territorial, sobre todo del conurbano bonaerense. Así es que desplegó una estrategia organizada en una estructura que le generaba anclaje en todos los barrios de la provincia de Buenos Aires a través de “Las Manzaneras”.  Este esquema fue dirigido por Chiche Duhalde. En el año 2002, Duhalde observó que había perdido el control sobre la población del conurbano, lo cual lo motivó para profundizar su propuesta represiva que originó la “Masacre de Avellaneda” el 26 de junio de ese año, ocasión en la que son asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en el marco de una represión donde intervinieron cuatro fuerzas de seguridad, coordinadas por la SIDE. En la ocasión además se produjeron más de treinta personas heridas con balas de plomo.

Planes Sociales vs Trabajo Genuino.

Es increíble cómo el relato de los medios de comunicación hegemónicos ponen a lxs “desocupadxs” que cobran planes sociales, como lo opuesto a lxs “trabajadorxs”, cuando lo contrario a lxs trabajadorxs son lxs patrones. Sin embargo, hoy los y las trabajadoras que se organizaron para ser beneficiarixs de algún programa social son la respuesta, o mejor dicho la contracara de la destrucción del empleo y el salario en la década del 90. Esto generó un estadío de pobreza estructural en nuestro país que al día de hoy llega a niveles traumáticos. Según el INDEC, en el 50% de los hogares se sobrevive con ingresos de pobreza. Además esta cifra va creciendo, ya que cada día 2800 personas más se suman a este verdadero ejército de pobres.

Por otro lado, es una difamación gratuita denominar “Planeros o Planeras” a este importantísimo sector de la clase trabajadora. Además, es una falaz infamia que se intente plantear que no trabajan. Desde el principio de los programas sociales, las organizaciones populares se las han arreglado para convertir los planes en trabajo autogestivo, sin patrón y que ingrese en un sector de la economía que al mercado no le interesa. Esto es en servicios comunitarios, cultivo de la tierra, emprendimientos productivos de diferente índole y en distintas escalas, en la obra pública y en cuidados y limpieza del medio ambiente. Tampoco cortan las rutas con el dinero de nadie. En todo caso se moviliza con el dinero que cada beneficiario o beneficiaria paga en el sistema regresivo de impuestos que tiene nuestro país. Pero, además, porque es importantísimo que los sectores de trabajadores y trabajadoras se movilicen para lograr más beneficios. Eso solo se logra si se inclina la balanza de la redistribución de ingresos en favor de la clase trabajadora.

Conclusión

Podemos decir entonces, que los mismos sectores que hace cuarenta y seis años vienen destruyendo el aparato productivo, el empleo y el salario, nos han impuesto un modelo de país exclusivamente agro-exportador de materias primas. Hoy, luego de haber generado un universo de pobreza que alcanza a la mitad de la población argentina, desean terminar con los planes