Judicializan piquetes del PO en Zapala: “quieren llevar miedo a todo aquel que se moviliza por sus derechos”

En medio de la lucha de lxs trabajadorxs autoconvocadxs de salud, doce integrantxs del Polo Obrero y el Partido Obrero que la acompañan fueron notificadxs de una investigación que criminaliza protestas del año 2019, llevadas adelante en Zapala. Exigen la anulación y archivo de las causas.

Doce militantxs del Polo Obrero y Partido Obrero fueron citadxs a indagatoria por la justicia federal de Zapala por hechos de 2019 criminalizados, en los que las organizaciones peleaban con cortes de ruta por trabajo y, según las acusaciones, generaron un desabastecimientos que lxs mismxs comerciantxs niegan. Las citaciones llegaron en el marco de la instalación del primer piquete de lxs autoconvocadxs de salud en Arroyito, el 1 de abril.

A través de un comunicado, el Partido Obrero exigió “el archivo y la anulación de las causas” para “derrotar este intento regimentador del Estado”. Cuentan con el apoyo de cientos de organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos y partidos políticos de todo el país.

En el marco de una conferencia de prensa llevada adelante este martes por las organizaciones, la abogada Liliana Alaniz, de la Asociación de Profesionales en Lucha, explicó que “estas causas están llevadas con una saña muy particular por parte de la fiscal Carina Martínez que alega que ella misma ha constatado que hubo desabastecimiento, que se cobraban cánones para atravesar la ruta y que hubo amenazas, lo que es desmentido por todos los testigos que la fiscalía misma aporta”.

La abogada relató que “este corte de ruta que se produjo en 2019 se hizo reclamando trabajo genuino y lo que intentan hacernos acá es otra vez perseguirnos a los luchadores, ponernos otra vez el código penal sobre la cabeza para tratar de aleccionar, no solamente a los que cortaron la ruta en ese momento, sino también a todo aquel que salga a reclamar por sus derechos”.

Alaniz detalló que esta instancia es preliminar y que puede extenderse hasta junio y que recién ahí la fiscal determinará si eleva o no la causa a juicio y qué carátula tendría en ese caso: “nosotros entendemos que no corresponda justamente ninguna y vamos a luchar porque se caiga esta causa, se cierre y que no tengamos que llegar a un juicio”.

“Hay un modos operandi de la justicia sobre cómo instruir estas causas y en muchos casos logramos que se caigan porque el derecho a reclamar, a manifestarse, es el derecho primero que tienen todos los trabajadores y trabajadoras, eso no lo pueden coartar por el entorpecimiento que significa cortar una ruta”, aseguró la abogada de Apel y remarcó que “quieren llevar miedo a todo aquel que se moviliza por sus derechos”.

“En esta causa hubo toda una investigación de métodos persecutorios, de infiltración e inteligencia”, explicó Alaniz: “han revisado redes sociales privadas, de los partidos, han hecho entrevistas truchas para tratar de sacar los datos de quienes estaban cortando la ruta, entonces en este modo que están operando las fuerzas de seguridad mandatadas por los gobiernos, probablemente sea lo que pase con los cortes que se vinieron dando en este tiempo en la provincia, hay que estar muy atentos en eso; son métodos propios de estados dictatoriales” y concluyó remarcando que “en lo que va de 2019 a la actualidad hemos visto un agravamiento en las persecuciones a este tipo de causas, lo que no venía pasando antes en un gobierno que era absolutamente represivo y no tenía problema en decirlo; se recrudeció la persecución penal”.