Baja de edad de imputabilidad: » se hace creer que si un niño o adolescente infringe una ley penal, no pasa nada»

Este 6 de mayo, finalmente, el gobierno nacional logró con el apoyo de bloques aliados, el dictamen para la Reforma Penal Juvenil. El proyecto dictaminado propone la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y será tratado en el Congreso pese a la oposición de amplios sectores e incluso la Iglesia Católica. En el Enredando las Mañanas entrevistamos a Karina Valobra, abogada, integrante de la Red de Docentes y Familias del Bajo Flores y de la Mesa de Articulación de Niñez y Adolescencia. Expresó que en tiempos electores se vuelve a este tema de la punibilidad de los menores intentando instalar falsedades en torno a menores y el delito. «Hay una difusión generalizada, falsa, de que no pasa nada. Eso busca generar preocupación en la comunidad y afecta la percepción frente a los adolescentes. Pero eso no es real, porque la realidad es que sí sucede algo, hay un proceso penal que está en suma desventaja en relación al que se lleva adelante con las personas adultas. Cuando se le dicta una pena, no es que el adolescente va a una escuela,es un eufemismo hablar de institutos de menores, es un cárcel», cuenta la abogada. Por Red de Medios Alternativos.

Karina Valobra inició exponiendo en el programa Enredando Las Mañanas, una enumeración acerca de falsedades que se instalan no sin intereses políticos, represivos y estigmatizantes acerca de lo que ocurre con los menores y el delito.

Comenzó relatando sobre de la idea falsa que se instala acerca de que hoy no existe proceso penal juvenil .» Hay mucha desinformación sobre qué sucede hoy con las pibas y pibes que infringen una ley penal. Una difusión generalizada, falsa, de que no pasa nada. Eso busca generar preocupación en la comunidad y afecta la percepción frente a los adolescentes. Pero eso no es real, porque la realidad es que sí sucede algo, hay proceso penal que es sumamente desventajado en relación al que se lleva adelante con las personas adultas. Porque es un proceso que prevé muchísimas menos garantías y posibilidades de apelar y de obtener derechos que sí tiene el sistema adulto. Cuando se le dicta una pena, no es que el adolescente va a una escuela. Es un eufemismo hablar de institutos de menores que hace pensar a la gente que los menores están en un especie de hotel con beneficios educativos, cosa que no es. Es estrictamente una cárcel con la única particularidad que sólo hay personas menores de 18. El pibe no está moviéndose libremente, para pasar de un lugar a otro, tiene guardia de seguridad, hay uso de esposas, rejas y si se escapa se libra una orden de captura. No se trata de una escuela, un lugar de donde se pueden ir, es un lugar de encierro definido por una autoridad judicial.

Toda esta serie de eufemismos que crecen en torno a menores y el sistema penal, es parte del problema y la desinformación es justamente lo que hace que la gente piense «algo hay que hacer». Por supuesto, pero no es que no pase nada, de hecho lo que ya pasa es grave.», expresó.

Continuó desmitificando otra falsedad instalada en torno a la incidencia de los menores en la comisión de delitos, dijo: » Es un discurso del oficialismo en particular y entre quienes impulsan esta ley que hay un crecimiento del delito adolescente. Eso es falso absolutamente y lo dicen las mismas estadísticas oficiales del gobierno e incluso las mencionadas en el mismo proyecto del ejecutivo. Reflejan que el delito de personas por debajo de los 16 años no aumento, sino que disminuyó en los últimos años. Entonces esa necesidad que hacen aparecer como urgente y apremiante, de bajar la edad de punibilidad, basada en estas ideas, es falsa. Es una necesidad inventada.

Foto: Mesa de Articulación de Niñez y Adolescencia

Más encierro, menos derechos

La abogada repasó además el contexto en el que se plantea la reforma del Sistema Penal Juvenil: » De acuerdo a un informe de Unicef del año pasado, 1 millón de niños y adolescentes se van a dormir sin cenar en nuestro país. El 60 por ciento de niños y niñas y adolescentes viven en la pobreza de acuerdo con el informe de la UCA del 2024. Son situaciones que nos alertan a pensar que la persecución penal, el ojo de la policía, va a estar puesto en jóvenes pobres. Es poner en la mira del gatillo fácil, la persecución y hostilidad policial, todavía más ,porque ya lo está, reforzar desde lo legal y como una política pública que aparece como nueva, legitimando esta represión que existe, a pibes cada vez más chicos, en este contexto de vulnerabilidad social.

Esta situación no es novedosa porque ha sido y es sistemática y lo podemos describir cada vez que aparece este discurso de la baja. Los elementos son siempre los mismos, contextos de crisis, electorales, en donde aparece la respuesta punitiva para abordar las falencias que dejan las políticas públicas que sobre todo en este último año han sido desmanteladas, desfinanciadas, retirados los dispositivos territoriales.

» Hay un corrimiento del Estado en términos de garantías de derechos y eso sin embargo no se traduce en Estado ausente sino en una mayor presencia desde una perspectiva criminalizadora y persecutoria de los menores.», explicó.

El Sistema Penal «se come» al Sistema de Protección Integral

Charlamos con Karina también, acerca del desmantelamiento y despidos en distintas áreas estatales que se ocupaban de la promoción y protección de derechos de la niñez y adolescencia. Pero también cómo estas políticas de vaciamiento y criminalización a los sectores organizados afectan a quienes también son responsables de lo que ocurre con los más pequeños de nuestra sociedad: la comunidad y la familia.

Sobre esto contó: » Tenemos un sistema de protección integral, fundamentado en una corresponsabilidad entre la familia y la comunidad y el Estado. El Estado, hoy, desmantelado no sólo en niñez, sino en otras políticas destinadas a familias en situación de vulnerabilidad. La comunidad, las organizaciones territoriales, los comedores han sido criminalizados sistemáticamente pero en especial durante este gobierno. Con éste, el golpe fue muy duro y produjo un retraimiento de esa fortaleza comunitaria que había para el cuidado comunitario de niños, niñas y adolescentes.

Y por otro lado las familias, también debilitadas, porque a la precarización que ya existía, se las ha precarizado más. Se retiraron programas pero a su vez han puesto a operar diferentes mecanismos. Como una serie de exigencias  para la percepción de algunos apoyos financieros que otorga el Estado, como actualización de información, trámites que muchas veces las familias no saben hacer porque implican tener ,en primer lugar, un dispositivo electrónico; segundo internet, tercero; formación digital para llenar formularios complejos. Todo por percepciones mínimas de dinero que hacen a la economía y sustentabilidad de las familias, que muchas hasta terminan perdiendo estas percepciones, no porque no las necesiten o no cumplan requisitos, sino porque resultan inaccesibles. Hay una pérdida generalizada de la capacidad de protección que tienen las familias y esto agobia sobre todo en familias monoparentales, de las mujeres pobres, racializadas, migrantes, que muchas veces tiene la doble carga de cuidado y el manutención de sus hijos. 

Antes que cuidar, encerrar

En el último tramo de la entrevista, la abogada de la Mesa de Articulación de Niñez apuntó sobre cómo en lugar de abordar los riesgos y vulneraciones que afectan a los niños y adolescentes, se opta por criminalizarnos.

Acerca de esto enfatizó: » En los fundamentos del proyecto del Ejecutivo se habla de que las bandas criminales usan a niños cada vez más pequeños para cometer delitos. Entonces la conclusión para el gobierno es que la solución es criminalizar a los niños y adolescentes. Lo que hay que pensar es que estos pibes son víctimas de una captación precisamente por su condición de vulnerabilidad para ser parte de bandas criminales. Esto lo vemos en los territorios, estamos en una de las villas más grandes de Buenos Aires, la 1-11-14 y recibimos a pibes que nos cuentan que para ir a la escuela en su recorrido, único, difícil de sortear, dicen que las bandas de comercialización de drogas los quieren reclutar. No es si queres entrar, lo haces, pues hay un momento en que el reclutamiento se torna más  coercitivo. Toda la situación social, económica, política permea las condiciones para que los pibes se vean involucrados en estas situaciones. Lejos de pensar que se resuelve criminalizando a los pibes, en realidad se resuelve mejorando sus vidas y poniendo los recursos del sistema penal para desmantelar desde las estructuras jerárquicas los mecanismos de narcocriminalidad.» 

» Hay crecimiento de pibes en situación de calle, deserción escolar, más consumo problemático. En Buenos Aires hay una política de invisibilizar, una campaña antipobres.  Antes uno caminaba por barrios que eran como residenciales y parecían que no existían los pobres, hoy se han convertido en dormitorios a cielo abierto. La política en lugar de brindar asistencia a esas personas, criminaliza, persigue con la policía,  hay grupos de vecinos que denuncian a quienes trabajan en la vía pública. Se está asfixiando a los sectores populares impidiéndole cualquier forma de vida. En el barrio se visibiliza cada vez más pibes durmiendo en los pasillos, antes era más en el cordón del barrio, hoy se ve en todo el barrio, literalmente uno patea pibes en los pasillos, literal porque son angostos y necesariamente quien pasa los roza. Es tan dramática la situación que ya no se puede hacer que uno mira para otro lado.», reflexionó para cerrar.