Tusca Pacha: una comunidad indígena que está siendo desalojada por una empresa inmobiliaria

Alfredo González, empresario inmobiliario pretende desalojar a las  familias de la comunidad Los Alisos Tusca Pacha en Palpala, Jujuy. Ha empezado destruyendo los cultivos con una topadora e intimó a una anciana comunera de 74 años a abandonar sus tierras en 24 horas. Organizaciones indígenas, sociales y políticas denuncian complicidad entre la justicia y empresarios. “Es un accionar sistemático contra el derecho indígena”. Por RNMA

El pasado 14 enero una topadora rompía el alambrado que delimita las tierras de Lilia Maraz y arrasaba con los cultivos de maní, maíz y habas que la anciana de 74 años cultiva desde hace más 50 años. Sin mediar palabras, personal de civil a las ordenes del empresario Alfredo González avanzó destruyendo sembrados, cultivos y arboles que testimonian las décadas de agricultura nativa que practican en la comunidad Coya de Los Alisos en Tusca Pacha, en localidad de Palpala a unos kilómetros de San Salvador de Jujuy. Ese mismo día, algunos comuneros junto con la abogada Samanta presentaron la denuncia en la seccional 51 de Palpala por “daños y turbación a la posesión indígena”.

El viernes 16 de agosto, otra vez irrumpió la topadora con la presencia fisica del empresario González vinculado a la inmobiliaria Sucre, acompañada por personal de civil y seis efectivos policiales que escoltaron a Ariel Chausque, asistente del Fiscal Diego Cusell, quien lleva adelante la iniciativa de desalojo de la anciana Maraz. Mientras amedrentaban a la comunidad, la topadora derribaba el último árbol de las 80 hectáreas de la familia. Las imágenes fueron difundidas en las redes sociales por los medios alternativos mientras en Jujuy se desarrollaba el 18 Encuentro de la RNMA. La comunidad, a través de su abogada, presentó un escrito de oposición a la intimación verbal del asistente del fiscal y adjuntó nuevas pruebas sobre la posesión comunitaria que data de décadas en el predio en disputa.

https://www.instagram.com/reel/C-wRVxqRaoV/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

La labor del asistente fue amenazar a la familia con la fuerza y “otorgar” la oportunidad de firmar un retiro voluntario de las tierras “para evitar el violento desalojo”. La comitiva llegó con la misión de realizar una inspección a pedido del fiscal ante la denuncia de usurpación realizada por el empresario inmobiliario e intimar a Lilia a retirarse de sus tierras en 24 horas so pena de ser imputada por el delito penal de “usurpación a la posesión”.

Una periodista de los medios alternativos registró lo sucedido y fue amenazada por el empresario “El empresario no permitió que ejerciera mi labor periodístico, amenazando que me env mandaría a la policia y perseguirme por estar cubriendo en -propiedad privada-. El asistente no nos dejó realizar nuestro trabajo, no pudimos acceder a las actas que exhibió por el contrario observamos como la familia estaba en desacuerdo con la intimación y nos sorprendimos que todo esto estaba sucediendo mientras una topadora destruía todo lo que tenía a su alcance” .

La abogada que tomó la defensa de la comunidad, Samanta Delgado, explicó la ilegalidad del procedimiento y que estas ordenes no tiene el aval de un juez “Dentro de la posesión indígena es completamente ilegal la presencia de la topadora”. “En Jujuy, existe una sistemática reversión al orden constitucional, expresando en este caso y otra vez, que el órgano que debe investigar se encuentra al servicio del poder, en total quebrantamiento a los derechos fundamentales, al debido proceso, y al deber que tiene la fiscalía de investigar con objetividad. El proceso penal no debe ser el camino para resolver este conflicto, que es más complejo, xq existe una posesión indigena de fondo, de hace próximamente cincuenta años de la familia Maraz. En este contexto, una denuncia por usurpación es inconcebible”.

Desde el 2015, La comunidad Coya, forma parte del programa de agricultura familiar del INAFCI y fue reconocido bajo una ordenanza declarándola de interés público como área periurbana de producción agrícola y ganadera de las familias campesinas indígenas que la habitan.Tusca Pacha solicitó ante la Secretaria de Pueblos Indígenas su personería jurídica como comunidad, la cual no tuvieron respuestas por considerarla una “comunidad inventada” no garantizando la Ley 26160 de relevamiento territorial.

No es la primera vez que la comunidad Tusca Pacha es atacada. En enero del 2022 bajo la orden del polémico fiscal Walter Rondón y a pedido del mismisimo González, un contingente de efectivos de la provincia avanzó desalojando parte de las tierras comunitarias. En aquel operativo represivo resultaron detenidas cuatro integrantes de la comunidad. La acusación de usurpación en este caso recayó en Pedro Maraz, hermano de Lilia. La causa se detuvo ante la resistencia indígena y luego del sobreseimiento por prescripción y archivo de la causa. Luego ocurrió el fallecimiento de Pedro en un accidente dudoso en la ruta 66 lidera al terreno y en el que no hubo investigación. Ante la oposición de la empresa Sucre, el fiscal Lello Sanchez determinó la continuación de la causa que llega hasta la actualidad.

También en agosto del 2020 un brutal operativo dejó decenas de heridos y otra vez cuatro detenidos.

El hecho no es aislado, hay varias familias que ya fueron desalojadas en la provincia. Por nombrar algunos ejemplos en Yala, San Pedro,etc.

Comunidades, personalidades , organizaciones sociales, políticas y comunitarias están difundiendo un comunicado en donde repudian los acontecimientos en Tusca Pacha, “Denunciamos el sistemático accionar de empresarios alineados con la “Justicia” que avanzan con el desalojo de familias campesinas e indígenas que responden a turbios negocios inmobiliarios presentando títulos de propiedad contra comunidades que habitaron ancestralmente sus territorios. Esto sucede ante la complicidad por parte del gobierno provincial a los reclamos de las comunidades indigencias de la provincia.

Alertamos que el escenario de estos atropellos a los pueblos se da en el marco de la reciente aprobación del Régimen de incentivo a las grandes Inversiones (RIGI) y que el despojo de tierras a las comunidades es parte de la política extractivista que traerá daños ambientales irreversibles.

Abogamos por el cumplimiento de la Ley 26.160 que contemple el revelamiento territorial y se respeten los derechos indígenas contemplados en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales”.

Mandar adhesiones a: https://docs.google.com/forms/d/1VuH0XEtpIpHb5eXMqGGAauEc9Nx9y–MVLLFAEmHfT0/edit