Todo gobierno tiene su Guernica: brutal desalojo de un barrio de Fiske Menuko

Otra jornada represiva de violento desalojo, este sábado en Fiske Menuko (general roca), en Río Negro. La justicia actuó a favor de la Asociación Patriótica Tiro Federal en complicidad con el gobierno municipal y mandó a la policía de la provincia y al cuerpo de operaciones especiales a arrasar con casillas y ocupantxs. Balas de goma, golpes, gases, fuego y topadoras fueron el combo para en menos de media hora “limpiar” las tierras que ilegítimamente el gobierno de facto cedió para el polígono de tiro. Adrián Almonacid, integrante del medio compañero Dar La Nota, dialogó con El Zumbido para relatar la jornada que junto a Daiana Larrat cubrieron minuto a minuto desde una perspectiva popular, soportando sobre sus propixs cuerpxs los ataques de los represores que, como siempre, no querían que lo que sucedía sea documentado.

“A mediados de junio se inició esta toma, este asentamiento que hasta hoy tenía el nombre de ‘barrio La Esperanza’ como le habían puesto los vecinos, unas 52 familias”, comenzó a relatar el comunicador: “son terrenos que pertenecen a la Asociación Patriótica Tiro Federal, que es la asociación que lleva adelante el polígono de tiro, y ahí es donde se generó el conflicto, porque la Asociación Patriótica lo primero que hizo fue acudir a la justicia para hacer una denuncia, y el municipio de General Roca, como es conocida Fiske Menuko, intervino en un principio intentando mediar pero sin dar soluciones para las familias que había”, a las que, siendo 35 en un primer momento, “ofreció cinco terrenos en loteos sociales para los que estuvieran más complicados y que los vecinos decidan a quiénes se los daban”.

Las tierras en cuestión fueron entregadas a la Asociación Patriótica en junio de 1976, “a escasos meses del inicio de la dictadura militar, el interventor de general roca (Mayor Fernando) Zárraga, condenado por violaciones a los derechos humanos en algunos de los juicios de la Escuelita, le otorgó estos terrenos a la Asociación Patriótica y ahí hay un debate, ¿no? ¿Qué tan legítimo es el título de la propiedad de la Asociación Patriótica sobre estos terrenos?” Ese interrogante fue planteado por lxs vecinxs del barrio La Esperanza “y teniendo a una peronista, María Emilia Soria, como intendenta de general roca, una peronista que luchan, como dicen ellos, a favor de los derechos humanos y contra lo que fue la dictadura militar, creo que hubiese quedado muy bien parada si decía que fue ilegal y le hubiese dado los terrenos a los vecinos”. El periodista contó también que “ayer en una entrevista con el presidente de la Asociación Patriótica le preguntamos si el municipio les otorgaba otros terrenos estaban dispuestos a irse, y dijo que sí, que estarían dispuestos a negociarlo, pero que nunca habían hablado con el municipio, y cuando hablamos con un concejal del municipio de roca del Frente de Todos le planteamos esta situación y dijo que nunca le habían llevado ni una nota, o sea que no hubo muchas intenciones del municipio de mediar y de arreglar esta situación, teniendo en cuenta de que el argumento de ellos era que es una situación de privados contra los vecinos”.

“Así empezó todo hace 4 meses y medio y la realidad es que no fue ninguna solución, los vecinos no querían aceptar por una cuestión obvia, la justicia fue avanzando, avanzó bastante rápido como suele suceder en estos casos, y hace más o menos cuarenta días el juez Gustavo Quelín ordenó el desalojo y le dio 30 días a los vecinos para que se vayan del lugar, porque si no el desalojo se iba a llevar a cabo igual”, relató Almonacid: “pasaron los 30 días, pasaron casi 10 días más, y hoy a las siete menos diez de la mañana inició el operativo para desalojar a un barrio con unas 52 familias”.

El comunicador de Dar la Nota dijo que el operativo fue “muy rápido, violento, obviamente represivo y no duró más de 20 minutos en que desalojaron a la gente” y detalló que “cuando llegaron nadie dialogó, directamente la policía avanzó, nunca hubo un intento de diálogo; después cuando hablamos con el jefe de la policía de Río Negro dijo que las instancias de diálogo ya estaban agotadas y que por eso avanzaron de esa manera”, es decir, con 180 uniformados contra 50 familias y con todos los artefactos y estrategias propias del aparato represivo, concluyendo con fuego y topadoras para terminar de eliminar las casillas, las casas en las que el estado pide que nos quedemos mientras dura la pandemia.

La represión también alcanzó a lxs trabajadorxs de prensa: “minutos antes de las 7 estábamos en el lugar, llegó el COER, que es el cuerpo especial para el choque acá en Río Negro, la policía, y avanzaron rápidamente; nosotros nos quedamos a un costado con mi compañera tomando imágenes, estábamos a quince/ veinte metros de donde avanzaba la policía contra los vecinos, a un costado, y automáticamente, ni siquiera habían terminado de avanzar, todavía no se habían llevado detenido a nadie, algunos policías se apartaron de la fila y nos fueron a buscar directamente a nosotros”. Almonacid relató que “primero a mí me encararon, yo les presenté la credencial de prensa, me la sacaron de la mano, la tiraron, me tiraron al suelo, querían evitar que siga grabando, yo no quería dejar de grabar, me manotearon el celular, lo tiraron más lejos y estando yo tirado en el suelo boca abajo me arrastré para agarrar el celular, me lo puse contra el pecho estando boca abajo y ahí fue cuando un policía que estaba encima de mí, no sé si fue él u otro, me pegó por atrás lo que se dice una especie de trompada que me dio en un oído y después me pegó del otro lado y me dio en el ojo, de hecho tengo el ojo negro; a mi compañera, que estaba a escasos metros y quiso venir a auxiliarme, entre un par de policías mujeres la tiraron al suelo y se la estaban llevando; no sabemos por qué apareció otro policía de otro lugar y dijo que si éramos trabajadores de prensa nos suelten y ahí fue que me soltaron a mí e inmediatamente la fui a buscar a mi compañera para que la suelten porque también estaba trabajando conmigo”. También “un trabajador del diario Río Negro fue violentado por la policía en una secuencia después de varias horas, lo empujaron, lo sacaron del lugar y no lo querían dejar trabajar”.

Recordemos que los materiales recolectados por trabajadorxs y militantxs de la comunicación, la prensa y el periodismo no solo sirven como elementos de difusión, sino como pruebas políticas y judiciales en este tipo de episodios y han sido fundamentales para demostrar abusos estatales de diferentes índoles en numerosas causas. Pretender evitar que hechos como el de este sábado sean documentados es un trámite obligado para quienes ejecutan la represión.

El comunicador aseguró que “absolutamente ningún policía tenía identificación, ni siquiera el comisario Jara que es el jefe de la policía de Río Negro estaba identificado”.

“El gobierno de Río Negro sacó un comunicado diciendo que fue un operativo exitoso, pacífico, sin mayores sobresaltos y que estuvo siempre vigilado por la secretaría de derechos humanos”, remarcó Almonacid, e indicó que desde ese organismo del estado “no quisieron hablar con la prensa”, aunque “sí pudimos hablar con la fiscal Etchegaray que felicitó al comisario Jara por el operativo y dijo que no había habido sobresaltos”.

Hubo once detenciones, una de ellas una mujer embarazada que además fue golpeada: “estuvieron detenidos varios militantes que acompañaron de organizaciones sociales, pero también el abogado de las familias fue detenido y un docente reconocido por su militancia, ex candidato a gobernador en algún momento, y los distribuyeron en distintas comisarías, incluso una o dos personas fueron a parar a una comisaría de Ingeniero Huergo”.

A partir de la presión de quienes inmediatamente se concentraron frente a la Comisaría 31 y frente a la municipalidad para exigir las liberaciones, manifestaciones en las que también hubo violencia policial,  en el transcurso de la tarde todxs lxs detenidxs fueron liberadxs.

Este sábado, 52 familias se quedaron sin dónde vivir. Y la Asociación Patriótica recuperó su predio, cedido por el último gobierno de facto.

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