Este martes 22 de septiembre se realizó una jornada de lucha y denuncia por los crímenes de Ángel David Cisneros, Enrique Sánchez Barros y Mauro Daniel Garecco, jóvenes asesinados en agosto pasado por la desidia de las autoridades de la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense, responsables por el abandono de personas que caracteriza a las cárceles argentinas con o sin Covid 19. Con la presencia de familiares de lxs pibxs y militantes anticarcelarios y antirrepresivos se exigió la renuncia del jefe del penal y se insistió con el reclamo de descomprimir las cárceles por el genocidio encubierto que está en curso intramuros.
Desde el mediodía de este martes 22 de septiembre y durante buena parte de la tarde familiarxs de detenidxs, colectivxs anticarcelarios y el Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata manifestaron frente a la Unidad Penal 9 de La Plata en el barrio de Villa Elvira. Allí se convocaron para denunciar las muertes de Ángel David Cisneros, Enrique Sánchez Barros y Mauro Daniel Garecco, jóvenes alojados en el Pabellón 2 de la unidad, asesinados en las últimas semanas y cuyos crímenes se suman a las decenas de muertes producidas por el Servicio Penitenciario Bonaerense durante la cuarentena represiva.
Enrique y Mauro eran compañeros de celda. Mientras dormían una mala instalación eléctrica derivó en un foco de incendio. Los guardias tardaron 40 minutos en abrir la celda. Ambos fallecieron en el hospital San Martín de La Plata con más de la mitad de sus cuerpos quemados. A Enrique tuvieron que amputarle ambas piernas. La respuesta cínica de la justicia ante el hecho fue otorgarle la domiciliaria que le correspondía hacía tiempo estando él internado y mutilado antes de morir. Ángel tenía 21 años. Apareció suicidado el 30 de agosto pasado en la celda 12 del mismo pabellón. El pibx había tenido dos intentos de suicidio en su historia médica. Aun así en la Unidad 9 lo pusieron una semana entera en buzón –celda de aislamiento de 1m x 1m- antes de aparecer muerto. Su cuerpo fue evidentemente vejado por elementos del SPB durante las más de 12 horas que lo tuvieron colgado en la celda, ya que las declaraciones de los guardias no coinciden con la fotografía publicada del joven después de muerto por el infame portal La Plata Noticias, que sin autorización de la familia publicó la foto del pibe colgado exponiendo a su familiares y amigxs a una imagen profundamente dolorosa y disciplinante.
La acción frente al penal platense incluyó una radio abierta, pintadas con los nombres de Enrique, Mauro y Ángel y una ensordecedora batucada de piedras contra las rejas perimetrales de la unidad, que fue respondida desde dentro por los internos con similar entusiasmo. Desde afuera se redobló la apuesta al grito unitario de “¡No están solos!”. Así se hizo responsables por las muertes de los pibxs al director de la Unidad 9, Ernesto Julio Agüero y a la Directora Provincial de Salud Penitenciaria, Sonia Quiruelas, de quienes se exigió la inmediata renuncia.
Tras un rato de permanencia en la puerta del penal una delegación encabezada por Alfredo Cuellar, militante anticarcelario y padre de Florencia “China” Cuellar – asesinada por el SPF en el penal de Ezeiza en 2012- y el abogado Adrián Corvalán, que lleva las causas de los tres pibxs asesinados, ingresaron a una reunión con cuatro altos funcionarios del SPB ante los que se remitieron a exigir la renuncia del director del penal, que estuvo presente de manera intimidante en la entrevista. “Si quieren aflojar el conflicto, este personaje se tiene que ir” afirmó Cuellar que les reclamaron a los funcionarios. Por su parte Corvalán dijo que “estas fueron muertes evitables y como mínimo hubo abandono de persona”. Agüero lleva 28 años en el SPB y viene de cumplir gestiones en las unidades 31 de Magdalena, 18 de Gorina, 39 de Ituzaingó y 5 de Mercedes. Por denuncias de varios internos se sabe que este personaje viene siendo responsable de varias muertes más en esas otras dependencias, sigue siendo apañado y escalando posiciones en el servicio.
Lxs familiarxs organizadxs vienen denunciando esta situación en distintos departamentos judiciales como La Plata, Lomas de Zamora, Campana, Mercedes, Morón y San Justo. Sus reclamos evidencian un desinterés absoluto del poder político por salvaguardar la vida de lxs internxs, y la reproducción lisa y llana de una ideología y práctica clasista, racista y con fines de dominación.
HISTORIAL DEL TERROR
La Unidad 9 de La Plata tiene un largo historial en los crímenes impunes del Estado, sea durante la última dictadura genocida como durante los gobiernos a los que cada vez más cuesta llamar democracia. Durante los años de plomo la U9 fue dirigida por el siniestro Abel Dupuy que convirtió la dependencia en el lugar de blanqueo de los detenidos desaparecidos del Circuito Camps y de otras zonas del país tras ser torturados en los diversos centros clandestinos de la zona. Pero el ingreso a la U9 no significaba el cese de la tortura, ya que allí se dividía a los presos políticos por organización y existía el llamado “Pabellón de la Muerte”. Muchos sobrevivientes como Adolfo Pérez Esquivel testimoniaron ante la justicia que se les realizaba el “puente chino”, las requisas vejatorias o se les daba un jabón en invierno para que lo gastaran bajo la ducha fría ante la mirada y el bastón de torturadores como Raúl “El Nazi” Rebaynera, Ramón “Manchado” Fernández, Catalino Morel, Víctor Ríos o Isabelino Vega. Además desde la dependencia se planificaba la desaparición o el asesinato de varios presos políticos como los militantes, a quienes se fingía otorgar la libertad para ser secuestrados y desaparecidos por las patotas de la bonaerense. En otros casos se los sacaba directamente con personal militar y se los fusilaba, como ocurrió con Horacio Rapaport y Angel Giorgiadis Incluso los familiares que iban a visitar los presos sufrieron la misma suerte, como el caso de la madre del militante del PRT-ERP Eduardo Anguita. Dupuy y un grupito mínimo de sus verdugos y colaboradores fueron condenados a penas diversas por sólo 57 casos en un juicio realizado en La Plata en 2010.
Por la Unidad 9 pasó, entre otro centenar de detenidos, el vecino de Los Hornos Jorge Julio López, militante de la Unidad Básica Juan Pablo Maestre y colaborador de una experiencia barrial de la organización Montoneros. López había sido secuestrado a fines del ’76 y tras pasar por Arana, las comisarías 5ta y 8va de La Plata fue blanqueado en la U9 y sufrió la reclusión hasta 1979. En 2006 López denunció a varios de los torturadores de la U9 en el juicio al genocida Miguel Etchecolatz. Hace unos días se cumplieron 14 años de la segunda desaparición forzada de López, donde una de las líneas de investigación se dirigía, además de hacia Etchecolatz, sobre agentes del SPB. Pero el hecho continúa en total impunidad.
Muchos agentes penitenciarios de la U9 se reciclaron en democracia, como el Alcaide Mayor Ricardo Blas Casal, que ingresó al servicio en 1973 y durante la dictadura escaló posiciones por su relación con Julio Barroso, jefe de Inteligencia del SPB y a la vez uno de los regentes del CCD “La Cacha”, ubicado junto a las cárceles de Olmos en La Plata. Varios sobrevivientes de la U9 en dictadura ubicaron a Casal en salas de interrogatorios del penal o “marcando caras” por la ciudad en patrullas de civil.
Tras estudiar derecho en la UCALP y sumarse al Partido Justicialista en épocas del gobierno de Antonio Cafiero, cumplir funciones en el área de educación en las gestiones de Eduardo Duhalde, Carlos Ruckauf y Felipe Solá, Casal fue ministro de Seguridad y Justicia de la gestión de Daniel Scioli y como tal responsable de más de 600 muertes producidas por La Bonaerense y el SPB entre 2004 y 2008. La escuela de la U9, los buchones del SPB y su jefe Barroso lo ayudaron a dar continuidad a la política represiva de la dictadura en “democracia”..
SISTEMA DE MUERTE
Durante la cuarentena extendida, en varios penales bonaerenses se han denunciado situaciones graves en el manejo de la pandemia como otro elemento represivo, lo que las califica como un liso y llano Genocidio Encubierto. Ello incluye el colapso del sistema sanitario de las unidades, la convivencia directa obligada de personas positivas confirmadas con el resto de la población, los hospitales de campaña intramuros donde el único cuidado es pintar en el piso una línea amarilla para que caminen los positivos y otra blanca para que caminen los sospechosos, la devolución a celdas de casos positivos por saturación de los espacios de aislamiento, el hacinamiento generalizado con superpoblaciones de más del 100%, y el sellado de pabellones enteros con casos positivos o sospechosos que se convierten en trampas mortales.
Como sabemos, apenas declarado el aislamiento preventivo y obligatorio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado argentino analizar la prisión domiciliaria para personas detenidas que estuvieran dentro de grupos de riesgo, así como las progresiones al régimen abierto para quienes se encontraban cerca de recibir el beneficio legal. ¿Qué sucedió? Pese a lo que los medios de desinformación hegemónicos pregonan como la “liberación masiva de presos”, acaeció todo lo contrario. En la Provincia de Buenos Aires, salvo excepciones, se suspendieron los ingresos y egresos de la cárcel de las personas detenidas. En los casos donde por ejemplo la persona ya contaba con salidas transitorias, en vez de buscar una alternativa al aislamiento como podría ser la libertad condicional, los jueces, con el aval del SPB, decidieron que esas personas continúen en contexto de encierro, esta vez recluidos sin contacto o asistencia de sus familias.
La Dirección Provincial de Salud Penitenciaria a cargo de Quiruelas, organismo creado en 2005, tendría como misión “resguardar la salud de la población carcelaria a través de la prevención, promoción, atención, tratamiento y rehabilitación de la salud, garantizando uno de los derechos inherentes al ser humano”. Pero la ejecución de esa política sólo se traduce en la existencia de servicios médicos deficientes en los penales, con falta de médicos, enfermeros, psicólogos y otros profesionales de la salud que son aquí tan explotados como en el resto del sistema de salud provincial. Mientras surfeó la crisis penitenciaria desatada este año sin mayores apariciones públicas, el Ministro de Justicia bonaerense Julio Alak viene promocionando los Comité de Prevención y Resolución de Conflictos en las cárceles, que no son más que mesas de diálogo de sordos, que se publicitan como espacios donde “se trabaja de igual a igual tanto internos como personal penitenciario en la búsqueda de soluciones”, pero donde en verdad se ningunean los reclamos y se “toma nota” de los planteos para que todo siga igual. Para completar su gestión ejemplar Alak anunció en junio pasado que prevé la construcción de 2.000 nuevas plazas penitenciarias para seguir encarcelando pobres. (1)
Hace ya 10 años que en sus informes anuales el Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, con diagnósticos sobre cárceles federales que igualmente le caben a los penales provinciales, viene definiendo que “la tortura en el sistema penal argentino constituye un elemento estructural, extendido y persistente, es constitutiva del poder de castigar en el encierro de prisión” (2). Entre las torturas que se describen en el informe se encuentran no sólo la agresión física, sino que incluye modalidades como el aislamiento, las malas condiciones materiales de detención, la falta o deficiente asistencia de la salud, la falta o deficiente alimentación, los impedimentos de vinculación con la familia del detenido, las amenazas, los robos de pertenencias y los traslados constantes. El panorama es mucho peor si se revisan las muertes ocurridas en los lugares de encierro. El informe 2019 de la Procuración detalla la preeminencia de las muertes no violentas sobre las violentas, aunque estas últimas vienen representando 1 de cada 3 hechos en cárceles federales en la última década. Además se afirma claramente que “las enfermedades resultan la primera causa de muerte bajo custodia penitenciaria (…) desde irreversibles hasta otras que no deberían haber provocado el fallecimiento de recibir un tratamiento adecuado”, y se puntualiza que el servicio genera una imagen extendida de estas muertes como inevitables porque hay una práctica estatal de encubrimiento: se naturalizan los decesos en las investigaciones judiciales, si es que se inician, y se llega al absurdo de que “la principal línea de indagación consiste en corroborar que la muerte haya sido causada por una enfermedad, usualmente sin profundizar luego en el análisis sobre la adecuación de la atención brindada”.
Por acción u omisión del Estado, lo antes descripto es exactamente lo que sucedió con Ángel, Mauro y Enrique: el abandono criminal de persona por falta de asistencia ante una situación de riesgo. En el contexto de la pandemia y el aislamiento social obligatorio es innegable que quienes más sufren las consecuencias de la desidia del Estado son lxs privadxs de libertad. Por eso se hacen urgentes todas las medidas que pueda tomar el poder judicial y el ejecutivo provincial como ser efectivizar las libertades de las personas de riesgo, domiciliaria a mujeres presas embarazadas o con hijos, libertad condicional y asistida en tiempo y forma, garantizar plenamente el acceso a la salud en los penales y la conmutación y compensación de penas. Por ahora el ministro Alak y los jueces de ejecución siguen cruzados de brazos y practicando el silencio cómplice.
(2) https://www.ppn.gov.ar/pdf/publicaciones/Informe-anual-2019.pdf
Por Daniel Loy para APL/ Fotos: Juan Cicale
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