Luego de muchas idas y vueltas judiciales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá resolver si cuatro artículos (41, 161 en su totalidad y 45, 48 parcialmente) de la ley de medios son constitucionales o no para aplicárselos al grupo Clarín.

La decisión de la Corte, ya sea a favor de la validez o por la inconstitucionalidad de esos artículos, no comprende al resto de la ley aprobada por el Congreso, que continúa vigente y aplicable desde su promulgación.

La aclaración vale para entender que no está en juego –nunca lo estuvo- toda la ley ni tampoco la aplicación integral de la misma para el resto de los actores, dentro de los cuales hay otros grupos oligopólicos que ya han presentado sus planes de adecuación a la ley  (en general son propuestas de transferencias interfamiliares más que adecuaciones al espíritu de la norma). Esto es así por cuanto las acciones ante la Justicia han sido interpuestas solamente por el grupo Clarín.

La audiencia pública informativa, convocada por el máximo tribunal para el próximo 28 de agosto – como paso previo a su fallo-, permitirá que cinco amicus curiae del Gobierno Nacional y cinco del grupo Clarín esgriman sus argumentos a favor y en contra de la constitucionalidad de los artículos. Si el fallo es por la inconstitucionalidad, sólo alcanzará al Grupo Clarín en cuanto a la aplicación de los cuatro artículos. Los otros grupos deberán cumplir con la ley salvo que también inicien acciones legales. Sin embargo, de ser el fallo a favor de Clarín se podría suponer que la AFSCA no avanzaría en la desinversión con los demás grupos concentrados de medios.

Desde la AFSCA se afirma: “Si queremos lograr la incorporación de nuevos actores primero debemos avanzar en la desconcentración. Por eso nuestra preocupación es que se destrabe la situación judicial para avanzar en el cumplimiento íntegro de la ley”.

Que el gobierno y  la AFSCA continúen sosteniendo la estrategia de que la aplicación integral de la ley está supeditada al fallo de la Corte solo puede entenderse como una decisión política. Entonces, en caso de que los artículos se declaren inconstitucionales (es una posibilidad ya que los votos están divididos) esto llevaría al gobierno, como hasta ahora, a seguir por el camino de dilatar su aplicación o hacerlo parcialmente.

En esta disputa binaria, reafirmamos nuestra histórica posición anti-monopólica y desconcentradora que recogen los artículos cuestionados por el grupo Clarín. También recordamos nuestro histórico reclamo de la anulación del decreto 527/05 que beneficia a varias de las corporaciones que deberían desconcentrar.  Y, al igual que lo hiciéramos el 7D,  le decimos NO tanto a los monopolios privados como a los gubernamentales.

A dos meses de que se cumplan los 4 años de sanción de la ley vemos con preocupación la situación de nuestro sector –  el de los medios comunitarios, alternativos y populares – al que se lo cita cada vez que se desea mostrar cuán democrática es la norma.

Se avanza en el reparto del espectro sin cumplir con lo que la ley exige como condición previa: la elaboración del Plan Técnico. Este mapeo del espectro permitiría, en primer lugar saber cuanto está ocupado y por quienes y cuánto está libre. Y luego planificar la reserva del 33 %  para los prestadores sin fines de lucro, según marca la ley, lugar en el que deben tener prioridad los medios de nuestro sector, como expresión de diferentes actores sociales y políticos con su diversidad de voces y de discursos.

Más allá que existan zonas del país en que ese 33% no sea ocupado hoy en su totalidad, el Estado debe tener una política de promoción y ayuda para el desarrollo y la multiplicación de estos medios.

La elaboración del Plan Técnico de un espectro finito, debe obedecer no solo a criterios técnicos sino también a una política que desde el Estado consista en la socialización del espectro para dar cabida a multiplicidad y diversidad de sectores como garantía real de la democratización de la comunicación.

Sin haber elaborado el plan técnico ni hecho la reserva del 33%, desde octubre de 2009 hasta fines de julio de este año se han entregado 895 autorizaciones de FM a los tres prestadores que enuncia la ley: de gestión estatal, de gestión privada  con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro. De ese total, sólo 28 fueron para entidades sin fines de lucro. Es decir, un 3,1 %, muy lejos del 33% previsto en la ley.

Autorización (art.37 y 149)  y adjudicación directa (art.49) son dos mecanismos que la ley prevé para entregar licencias sin concursos.

En el primer caso es para los estados (nacional, provincial, municipal), la Iglesia Católica, los Pueblos Originarios, las Universidades Nacionales e institutos universitarios y las escuelas públicas. Son otorgadas por tiempo indeterminado (artículo 40).  En el segundo para los medios de muy baja potencia y en tanto exista disponibilidad del espectro. Además la AFSCA ha avanzado en la entrega de licencias a quienes viene con permisos provisorios anteriores a la sanción de la nueva ley, muchos desde el menemismo, tal como lo permite la norma.

Otro interrogante es cómo se encuadra la reciente entrega de una licencia FM para la Corporación del Mercado Central dependiente de la Secretaría de Comercio Interior conducida por Guillermo Moreno.

Salta a las  claras que  sin Plan técnico, no es posible controlar que se esté respetando la reserva del 33 % del espectro para las entidades sin fines de lucro y por ende se estén entregando licencias en forma discrecional.

La mayoría de los 895 medios que recibieron autorizaciones estaban operativos pero muchos de ellos en forma posterior a octubre de 2009, en especial los estatales. Por eso resultan inexplicables las reiteradas negativas a reconocer y legalizar a los medios comunitarios, alternativos y populares, mucho de cuyos proyectos son anteriores a la sanción de la nueva ley.

Es decir, o se dan licencias, autorizaciones y adjudicaciones directas solo después de elaborar un plan técnico, o se reconoce en igualdad de condiciones a los medios operativos  y se les entregan licencias a los medios de nuestro sector.

Uno de los reclamos de fondo que realizamos desde que se inició  el debate del anteproyecto que luego fue ley, es el del reconocimiento de nuestro sector en forma diferenciada del resto de las entidades sin fines de lucro. Esto no ha sido recogido ni en el texto de la ley, ni de la reglamentación y tampoco en los intentos de aplicación de la norma.

Los hechos lo demuestran: idénticos pliegos para los concursos, los mismos trámites burocráticos, costosas verificaciones técnicas para los equipos, locutores y operadores matriculados, pago a gestoras de derechos, pago de tributos y formas jurídicas que en muchos casos no se condicen con la manera que tienen estos medios para organizarse. Además de colocarnos en el mismo espacio de disputa del espectro con fundaciones y asociaciones que en muchos casos tiene gran poder económico y político.

La ley también prevé (artículo 97) destinar el 10 % de los fondos recaudados por la AFSCA a  proyectos especiales de comunicación audiovisual y servicios de comunicación audiovisual de medios comunitarios, de frontera y pueblos originarios.

Recién en julio de este año AFSCA firmó la resolución 1716/13 por la cual llama a concurso a estos medios para que presenten proyectos que, luego de ser evaluados por un jurado ad hoc  recibirán subsidios de entre 100 mil y 200 mil pesos. Se destinan 3 millones de pesos pero AFSCA no ha informado cuál es el total recaudado desde 2009 a la fecha que, según informaciones recogidas, superarían los 60 millones.  Para poder concursar se necesita como condición sine qua non tener licencia, autorización o reconocimiento (por 753/06 del Comfer) y en la actualidad son solo un puñado de medios que en nuestro sector pueden cumplir con esa exigencia.

Los fondos que se entregarán antes de las elecciones de octubre –  y que en el mejor de los casos llegarán a 30 medios –  deberán ser ejecutados antes de fin de año. Para que esto pueda lograrse, recibirán más los medios que están en mejores condiciones organizativas y de estructura para poder invertirlos en menos de tres meses.
Esta situación despierta nuestra preocupación no sólo respecto a la discrecionalidad en la entrega de los fondos sino a que quienes sean los destinatarios no sean los medios que más lo necesiten.

Además queremos llamar la atención sobre las situaciones de interferencias que son expresión de la falta de aplicación de la ley por parte de AFSCA, generando una especie de “ley de la selva” en la que los medios comunitarios, alternativos y populares son interferidos por medios comerciales (FM La Caterva en Buenos Aires y Giramundo TV en Mendoza), intereses extranjeros (Radio El Algarrobo de Catamarca y Radio La Negra de El Bolsón) o fundaciones de vinculaciones políticas con el poder (Radio Quinta Pata de Córdoba).

Finalmente, sostenemos que para el objetivo de democratizar la comunicación es imprescindible que la distribución de la publicidad oficial sea transparente y no se la utilice como premio o castigo con cualquier gobierno de turno. Hay pautas establecidas para ello desde la Relatoría de la libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Desde la Red Nacional de Medios Alternativos venimos sosteniendo que la democratización de la comunicación, la diversidad y pluralidad de voces y discursos excede a la disputa binaria Clarín-Gobierno.

Decíamos en nuestro documento Antes y Después del 7D, Somos Comunicación  que democratizar es mucho más que desinvertir, que la desconcentración no es el único paso para multiplicar voces y discursos y que la adecuación de los monopolios mediáticos a la nueva ley no garantizará por sí sola la democratización de la comunicación. La transferencia de licencias que excedan el tope que marca la ley se hará entre privados que las mismas corporaciones definan. Por lo tanto no se liberará espectro que pueda llegar a ser parte del  33%. Estamos hablando de un proceso de desconcentración que afectaría a 500 de las 5000 licencias que la AFSCA calcula existen en todo el país.

La RNMA manifestó públicamente, desde el principio del debate de la ley, la mayoría de estas opiniones críticas en cuanto al texto de la norma y también de su aplicación. Estas posiciones críticas – fruto de nuestro análisis y de nuestras prácticas cotidianas –  que parecieron duras entonces, hoy son sostenidas por muchos actores de la vida social y política, entre ellos otros nucleamientos de medios de nuestro sector.